El TSJA ha dejado a la jueza Alaya, a expensas de confirmación por parte del CGPJ, sin seguir instruyendo el caso ERE. Su decisión tiene su origen en varias causas y otras cuantas consecuencias:
La “autoexclusión” de Alaya. Lo dijo nada más saltar la noticia una voz anónima, conocedora del caso y, nunca mejor dicho, con conocimiento de causa. “El TSJA no la aparta, Alaya se ha autoexcluido”. La jueza primero pidió legítimamente un ascenso a la Audiencia y luego quiso estar en misa y repicando al quedarse con las macrocausas que venía instruyendo. Cuando el TSJA le concedió, hasta por dos veces, seguir con la joya de la corona (el caso ERE) y el delito societario del caso Mercasevilla, ambicionó todas las macrocausas y atacó sorpresivamente (por su aparente frialdad) a su sucesora y nueva titular del juzgado con reproches personales y profesionales. A la contra, la jueza Núñez no se quedó callada y pidió prescindir de ella en un juzgado donde ya no iban a poder convivir con normalidad.
El TSJA pudo (pero no quiso). Un párrafo del informe del martes del TSJA, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, resume a la perfección lo sucedido: “Esta Sala de Gobierno reconoce la labor desarrollada previamente por la titular anterior del Juzgado de Instrucción nº 6. Por lo mismo, manifiesta lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma. Sin embargo, dicha Magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”.
La causa, dividida. El único momento en que el caso ERE podría haberse quedado del lado de la jueza Alaya fue cuando Núñez, justo antes de arrancar el verano y poco después del duro informe en su contra que Alaya hizo llegar al CGPJ, acordó dividir la causa en piezas separadas. Una cuestión negada continuamente por su antecesora pero que pedía desde hacía tiempo la Fiscalía. El TSJA, que ya había puesto en conocimiento del CGPJ la “falta de colaboración” de Alaya por atacar con dureza a Núñez, tuvo que repensar la fórmula de reparto del trabajo hasta que ha resuelto en contra de la primera.
La 'tercera vía'. Álvaro Martín, en comisión de servicio de refuerzo en el juzgado desde hace tres años, ha sido el elegido para ayudar a Núñez con las macrocausas. Conoce el juzgado y a su nueva titular. Se le renovó la comisión cuando el CGPJ respaldó a Alaya en igual sentido. Ahora, Martín deberá colaborar para que las importantes causas que se investigan.
Los exaforados. En cuanto al procedimiento en sí, ocho políticos andaluces exaforados (Griñán, Chaves, Viera, Zarrías, Aguayo, Ávila, Recio y Vallejo) podrían ser llamados ahora por la jueza Núñez para que declaren como imputados aunque ya lo hayan hecho en tribunales superiores. La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido que lo haga con los exparlamentarios autonómicos. Está por ver la decisión de la decisión del juzgado respecto a todos estos exdiputados nacionales y andaluces.
La Faja Pirítica de Huelva. La jueza Núñez, en el tiempo que lleva al frente del juzgado, ha abierto una línea de investigación que no se había planteado, y es el papel del Gobierno central en la tramitación de ayudas cofinanciadas, como la de la Faja Pirítica de Huelva. La jueza ha pedido información al Ejecutivo central para conocer su actuación en relación a este caso.
La normativa aplicable. Hay otra cuestión, relacionada de algún modo con la anterior, de la que ha venido informando este periódico y es del sistema de concesión directa de ayudas sociolaborales que utilizó la Junta y que ha venido usando el Gobierno central. Se trata de una cuestión que ha ido calando entre partes afectadas y que algunas defensas van a tratar de hacer ver a la nueva instructora. Y es que las bases de las subvenciones en que se regulaban en las órdenes ministeriales, a las que han aludido tanto Alaya como el juez del Supremo, la concurrencia no era un requisito esencial, solo cuando la naturaleza de la ayuda lo exijiera. Uno de las personas que más está insistiendo en esa línea es el abogado Carlos Leal, que considera que la causa “tiene una grave incongruencia y un grave error de aplicación de la ley”. Fuentes cercanas al caso apuntan a que la instrucción debería dar un giro con base a esas apreciaciones.
Próximas citaciones. La jueza Núñez tiene citados a declarar (el próximo día 21 de octubre) al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y a dos ex interventores generales de la Junta, Manuel Gómez y Rocío Marcos. Será curioso observar cómo los imputados afrontan la nueva situación después de muchas idas y venidas al juzgado, entonces de Alaya, durante los casi últimos cinco años. La anterior titular despertaba toda clase de sensaciones, principalmente de nervios, entre sus visitantes. Lo que es seguro es que las citaciones serán más puntuales que con Núñez que Alaya, quien tenía por costumbre hacer esperar a todas las partes.
La sombra de Alaya. La jueza Alaya no se verá definitivamente al margen de lo que pueda seguir dando de sí en los juzgados sevillanos. Su plaza de destino está en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que suele ver los recursos de apelación que las partes presentan ante el juzgado instructor y sobre los que tienen que resolver. En buena lógica, deberá inhibirse de ellos, es decir, no decidir al respecto. A pesar de ello, sus nuevos compañeros de la Audiencia alertaron de su “profunda preocupación” por la imagen que se podría dar de la Administración de Justicia.