El procedimiento judicial contra Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán por el caso de los ERE sigue su curso. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta de Andalucía y otros 24 exaltos cargos del Gobierno andaluz. A Chaves se le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación y a Griñán un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Además de los dos expresidentes, que eludieron prestar declaración en este juzgado el pasado 16 de marzo, del medio centenar de personas investigadas en esta parte de la causa, conocida como 'procedimiento específico', el juez resuelve el sobreseimiento provisional sobre 24 de ellas, mientras que en 17 personas estima que hay indicios para imputar un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Los siete restantes considera que son autores de un presunto delito continuado de prevaricación.
El primero de los 97 folios del profuso auto de procedimiento abreviado es conciso y directo al resumir, como hecho primero, lo siguiente: “Entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros, destinados en principio a ser distribuidos a través de subvenciones a empresa para financiar el coste de despido colectivo de trabajadores, o de subvenciones a empresas con fines distintos a aquél, o de subvenciones a personas físicas afectadas por un expediente de regulación de empleo, y que fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario”.
En la ejecución de los “hechos” se produjo, según incide el auto, “la intervención de una pluralidad de personas a lo largo del tiempo, sea participando de manera activa en los mismos, sea omitiendo, de manera absoluta, sus deberes de vigilancia y cuidado. Todos ellos, concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado 'procedimiento específico'.
El juez emplaza a las partes a que, en el plazo común de 45 días naturales, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que resulten indispensables para formular acusación.
Seis exconsejeros procesados
El juez encausa por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación a los exconsejeros Jose Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo; dos exviceconsejeros de Empleo, Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón; un exviceconsejero de Innovación, Jesús Mª. Rodríguez Román; tres directores generales de Trabajo (Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez), un secretario general de Empleo, Juan Francisco Sánchez García; dos secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo); un Interventor General de la Junta, Manuel Gómez Martínez; y tres directores de la Agencia IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Valverde Ramos.
La imputación del delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos (“concurso medial” significa que un delito es instrumento para la comisión del otro) que el juez atribuye a Griñan y a 17 exaltos cargos de la Junta se justifica, según el auto, porque son personas que desde 2005 conocían los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, los cuales advertían que por parte del director general de Trabajo se estaban otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo.
“No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía”, explica el auto en ese punto.
Por otra parte, el juez encausa por un presunto delito continuado de prevaricación a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez; al viceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez Martín; al viceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro Carmona; al secretario general de Hacienda, Antonio Estepa Gimenez; al director general de Presupuestos de la Junta, Antonio Vicente Lozano Pena, y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucia, Francisco del Rio Muñoz.
El presunto delito de prevaricación está acreditado al disponer estas personas ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos y haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, asi como para dotar de fondos al mismo de manera irregular. El delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel en nuestro Código Penal, sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante, 7, 10 o más de 10 años.
La mitad de los investigados, exculpados en este parte de la causa
A todos los encausados, el juez les considera responsables de generar, implantar, mantener e impulsar entre los años 2000 y 2011, y desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo, un procedimiento específico, que eludiendo los controles establecidos y a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional, empleando el instituto IFA/IDEA como pagador.
Como indica el auto, en estas personas a las que se imputa un presunto delito continuado de prevaricación, “concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia”.
Por otra parte, el juez acuerda sobreseimiento provisional del proceso al exconsejero de Empleo Manuel Recio Menéndez; el exconsejero de Innovación Martín Soler Márquez; el exconsejero de Economía e Innovación Antonio Jesús Ávila Cano; el exviceconsejero de Economía José Haro Bailón; el exdirector general de Presupuestos Buenaventura Aguilera Díaz; el exinterventor de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso; el exdirector general de IFA Antonio Lara Revilla; el exdirector de administración y finanzas de IDEA Pablo Millán Márquez; el exdirector de finanzas de IDEA Juan Vela Quiroga; el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social Antonio Diz-Lois Ruiz; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; el presidente de Unicaja Braulio Medel Cámara; el exviceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano Hernández; el director general de Desarrollo Tecnologico Manuel López Casero; el director de Industria de la consejeria de Empleo Jesús Nieto González; el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz; el exsecretario general de Empleo Francisco García Martínez; la secretaria de Comunicaciones, Ana María Peña Solis; el secretario general de innovación, Ángel Garijo Galve; la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético y vocal del Consejo Rector de IDEA, Isabel de Haro Aramberri; la exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Pilar Rodríguez López; el expresidente de Abengoa José Domínguez Abascal; el presidente de la Corporación Tecnologica de Andalucia Joaquín Moya-Angeler Cabrera; y el presidente de la Red de Espacios Tecnologicos de Andalucía Felipe Romera Lubias.