El juicio de la pieza política del caso de los ERE se reauda este próximo martes después de las sesiones celebradas los días 13, 14 y 15 de diciembre se gastaran con la lectura de los escritos de acusación y de las defensas. Durante dos días se expondrán las cuestiones previas por cada una de las partes, que tienen que ver con la nulidad de las actuaciones, con la vulneración de algún derecho fundamental o con la falta de competencia del órgano judicial.
José María Mohedano, abogado de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, será el primero en intervenir y pedirá, según anunció, la nulidad de todas las actuaciones en las que participó el juez de refuerzo Álvaro Martín ya que, a su juicio, solo estaba habilitado para labores de apoyo o asistencia a la juez titular, María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6, donde se empezó a instruir el caso ERE hace ahora seis años.
Pero una cuestión que tiene inquietas a varias de los 21 defensas que participan en este juicio y que pone en peligro la unidad de las defensas pretendida por algunos abogados es la existencia o no de un marco legal que validara la concesión de ayudas como abiertamente expuso ante el juzgado el Ministerio de Empleo cuando trasladó que había hecho uso de la Orden Minsterial de 5 de abril de 1995 para conceder las ayudas que se investigan en la pieza de la Faja Pirítica de Huelva y de la que habló la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova declarando que la Junta tenía “plenas competencias” para hacer uso de ella.
Una decena de investigados, aunque la mayoría no pertenecientes a esta pieza del 'procedimiento específico', ya lo lo plantearon en noviembre de 2016 mientras el resto alegaron que no se unían a esa tesis porque no existía documento de la Junta que planteara que había concedido las ayudas en el marco de aquella Orden del 95. El trámite de fiscalización que se siguió en su día como consecuencia de las ayudas concedidas a los ex trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina, del que informó recientemente este periódico, ha devuelto a la actualidad, en pleno juicio contra Chaves y Griñán, aquella discrepancia entre las defensas, puesto que la Consejería de Empleo y la Intervención de la Junta avalaron en el año 2000 aquella orden ministerial. Los firmantes de dos de aquellos informes (el exconsejero Antonio Fernádez y el exinterventor Manuel Gómez) están hoy en el banquillo de los 22 acusados.
Viera y Guerrero
Según indican a este periódico fuentes del caso, los abogados del exconsejero José Antonio Viera van a plantear en el juicio que la administración andaluza no hacía nada distinto de lo que hacía el Estado, como ya planteó en la instrucción el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, encargado de firmar la mayor parte de las ayudas que se investigan y que pasó por la cárcel dos veces (marzo-octubre de 2012, marzo-junio 2013). Las mismas fuentes aluden a la incomunicación entre las personas que ejercen la defensa de Viera y las que llevan otros exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
La pretensión a priori de estos los abogados de Viera y Guerrero sería apurar los argumentos de defensa sin entrar en la validez o no de las transferencias de financiación, en las que están más ocupados la mayor parte de los 22 acusados (pertenecientes a Hacienda o a la agencia IDEA muchos de ellos), sino en el hecho de que realmente existía una normativa que validaba las ayudas, repartidas discrecionalmente como ya apuntó Chaves en la comisión de investigación.
A eso podrían agarrarse al menos esas dos abogados en el juicio, rompiendo la unidad de las defensas y pidiendo posiblemente nuevas pruebas como la testifical de personal del Ministerio que corrobore lo que decía su informe y lo que declaró la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova en la pieza antes citada. Ambas cuestiones, cabe también recordarlo, las pidió el abogado de Griñán poco antes del juicio y la Audiencia las aceptó.
En resumen, unas defensas quieren llevar al límite el planteamiento de que Andalucía tenía competencias para conceder las ayudas que se investigan, desde el punto de vista de la Constitución y de la normativa laboral. Otras entienden que las ayudas no se adecuaban a esa normativa (la citada Orden de 1995) sino que se trataba de ayudas asistenciales, también bajo el amparo constitucional, pero que se otorgaban sin norma porque no había ningún tipo de regulación.
Nuevo escrito enviado al juzgado
En este sentido, el abogado de Carlos Leal, imputado en la causa, ha remitido en estos días un nuevo escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla recordando que, en conjunción con otras defensas, participó en aquel escrito conjunto de noviembre de 2016 aportando una documentación en la que se interesaba un pronunciamiento del órgano judicial sobre la aplicabilidad de la mencionada Orden Ministerial de 1995 y estableciera si ésta constituía el marco legal en el que se desenvolvió la concesión de las ayudas que se investigan en la causa.
En el mismo referido escrito también se interesaba que, de concluirse por el juzgado que efectivamente tal Orden era el marco legal aplicable a las cuestionadas ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía, debería repercutir tal conclusión en las imputaciones formuladas a este investigado en cuanto a “su situación personal y patrimonial, a las fianzas que le fueron exigidas y prestadas, y sobre cualquier otra cuestión derivada de la adecuada aplicación de la ley”. Las mismas peticiones se reiteraron en noviembre de 2017 tras la declaración esta misma pieza de la Faja Piritica de la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova.
Esta defensa ha acompañado a este nuevo escrito una copia de los folios de la causa que se refieren al trámite de fiscalización que se siguió en su día como consecuencia de las ayudas concedidas a los ex trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina, del que informó recientemente este periódico, “toda vez que este mismo tipo de ayudas excepcionales fueron las que se concedieron a los ex trabajadores de las explotaciones mineras de la Faja Pirítiica de Huelva”, según considera esta defensa.
El escrito señala que “a través del intercambio de pareceres” entre organismos de la Junta “se concluye por la Intervención General aceptando el carácter excepcional de las referidas ayudas con fundamento en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la ausencia de regulación específica en Andalucía”, por lo que suplical juzgado que tenga en cuenta toda la documentación aportada.