Tras conocerse la sentencia de los ERE, que cifró en 680 millones de euros el fraude de ayudas sociolaborales durante diez años de gobiernos socialistas, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos se comprometió a hacer lo posible por recuperar el dinero otorgado de forma ilegal. La vía penal para reclamar el reintegro estaba cerrada, porque el gabinete jurídico del Gobierno de Susana Díaz decidió abandonar la acusación particular del caso ERE en 2016. Quedaba la vía civil, pero las expectativas son “escasas”, porque la Junta no podrá iniciar ese procedimiento hasta que la sentencia sea firme. Los 19 ex altos cargos socialistas condenados, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, van a recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y a partir de ahí, el plazo de la resolución puede demorarse unos dos años.
La Consejería de Hacienda y la de Empleo han desgranado la partida presupuestaria de donde salían las ayudas que se otorgaron de forma irregular, según el fallo, entre 2001 y 2010. ¿Cuánto dinero pudo recuperar el Ejecutivo socialista? ¿Cuánto se ha perdido definitivamente? ¿Cuánto está todavía en proceso de revisión y con posibilidad de reintegro? El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha empezado por revisar todas las actuaciones de oficio que inició el anterior Gobierno socialista para tratar de recuperar el dinero defraudado, bien por la vía contencioso administrativa, en los tribunales y a través de instancias a la Fiscalía, o bien mediante reclamaciones al Tribunal de Cuentas.
Según los datos aportados este martes por la Consejería de Hacienda, el Ejecutivo de Susana Díaz había reclamado a más de un centenar de empresas el reintegro de ayudas sin justificar por un importe total de 196,3 millones de euros. Esta suma sale de las reclamaciones hechas vía contencioso -78,3 millones de euros- y a través del Tribunal de Cuentas: 118 millones. Pero desde Haciendan advierten de que las cantidades no pueden sumarse, “ya que puede ser que existan cantidades duplicadas porque se hayan iniciado procedimientos por una o por dos vías a la vez”. La única cifra definitiva la aportó la propia Díaz, 48 horas después de conocerse el fallo, que estimó en 128 millones el dinero total que su gabinete había reclamado en los juzgados y por vía administrativa. El Gobierno actual sostiene que por ahora sólo 15 millones de los ERE fraudulentos han regresado a las arcas públicas.
En cambio, la cifra del dinero irrecuperable asciende a 71 millones de euros. Esta cifra sale de 25,3 millones perdidos por insolvencia de las empresas reclamadas, o porque fueron disueltas o porque sus dueños han fallecido; otros 10,5 millones de las 32 sentencias firmes no favorables a la reclamación de la Junta en los tribunales y los 35,5 millones de Empleo que no se pueden reclamar de oficio, explican desde la consejería.
35 millones ganados en los tribunales
Son las únicas cifras estables que ha aportado la Junta, pero no son definitivas, porque el Ejecutivo del PSOE dejó docenas de procedimientos abiertos, de oficio y en los tribunales, para tratar de recuperar más dinero: En 2015, siendo presidenta Susana Díaz y consejero de Empleo Manuel Recio, la Junta empezó a revisar las ayudas otorgadas con cargo a la partida presupuestaria 31L (epicentro del fraude de los ERE, el llamado 'fondo de reptiles').
Se abrieron 218 expedientes de reclamación del reintegro a las empresas beneficiadas: algunas demandas fueron a un callejón sin salida, porque las sociedades se habían disuelto o las personas agraciadas habían muerto. Otras pleitearon con la Junta para defender la legitimidad de sus ayudas, dando lugar a varios litigios ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De los 218 expedientes de revisión de oficio, 91 acabaron en los tribunales, donde la Junta lleva ganadas 28 sentencias a favor del reintegro de 18 millones de euros en ayudas (aunque los fallos no son firmes y aún no se ha recuperado ese dinero).
Hay 20 expedientes en espera de sentencia, que representan 13,7 millones más. Y otros 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo, “declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, sin que hayan sido recurridas”, que suponen 36,1 millones más pendientes de reintegro. En total, 49,8 millones que la Junta podría aún recuperar si prosperan dichos expedientes y las empresas demandadas siguen vivas. En cambio, se han encontrado otros 18 expedientes de resolución que, bien por el informe del gabinete jurídico o por el dictamen del Consejo Consultivo, declaran la no procedencia del oficio: 35,5 millones en ayudas que no se van a reclamar, bien porque se ha verificado su legalidad, bien porque ha prescrito la reclamación (Hacienda no lo aclara). Además hay seis expedientes más en revisión de oficio (el inicio del procedimiento de reintegro), por valor de 5,7 millones.
En el plano de la responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas inició diligencias provisionales en 2011, a partir de una denuncia del entonces secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que actualmente es viceconsejero de Presidencia. A partir del informe de fiscalización de la partida de los ERE por parte de la Cámara de Cuentas (de diciembre de 2012) se activaron actuaciones previas siguiendo tres líneas: la instrucción de responsabilidades contables derivadas del pago de pólizas de prejubilación; la actuación que instruía responsabilidades por el pago a ayuntamientos y empresas; y las actuaciones que instruyen el pago de sobrecomisiones a empresas mediadoras de seguros. La cuantía reclamada en el Tribunal de Cuentas asciende a 118 millones de euros, “aunque será complicado recuperar una parte significativa”, avisa la Junta. No obstante, hay una treintena de sentencias favorables que suman más de 17 millones de euros susceptibles de reintegro.
3.241 prejubilados siguen cobrando
Todo este trabajo de revisión ha incomodado al nuevo Gobierno, porque supone separar las ayudas lícitas de las ilícitas, las que cobraron miles de trabajadores prejubilados que se beneficiaron de un ERE “de buena fe”, en palabras del viceconsejero Juan Marín, y los llamados intrusos, personas que cobraron ayudas de empresas en las que nunca habían trabajado. El total de trabajadores beneficiarios de las ayudas de los ERE asciende a 4.131 personas. Desde 2012 hasta la actualidad, el Gobierno andaluz ha pagado 402 millones de euros en pólizas de prejubilación, y al gabinete actual aún le quedan por abonar casi 63 millones hasta 2025 para los 3.251 trabajadores que aún están cobrando las ayudas (487 beneficiarios de pago directo; 1.744 de pólizas novadas; 901 de pólizas pendientes y 119 ex empleados de Hitemasa).
El titular de Hacienda ha reprochado a la prensa que “ponga el foco” en los trabajadores, cuando “todo el sistema de concesión de ayudas era ilegal”. La Junta es consciente de lo complejo del escenario que retrata la sentencia de los ERE: la Audiencia Provincial de Sevilla concluye que el procedimiento para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que diseñó la cúpula del Gobierno socialista durante una década era “fraudulento”. Que los ex presidentes Chaves y Griñán, condenados por prevaricación (y malversación en el caso de Griñán), fueron conscientes de la “palmaria ilegalidad” del sistema de ayudas de los ERE. Sin embargo, admite que miles de trabajadores obtuvieron sus pólizas de forma lícita y a ellos no se les puede exigir la devolución. “Para que el sistema fraudulento de intrusos funcionara, era necesario que hubiera miles de trabajadores que percibieran las ayudas legalmente”, subraya el portavoz de la Junta Elías Bendodo. “El problema es que decidieron cómo solucionar la economía andaluza a dedo, eligiendo qué empresas recibían ayudas antes que otras”, avisa Bravo. El consejero ha querido dejar claro que todos los intrusos detectados están fuera.