Andalucía merece otro plan

Urgente. Es el término que mejor define la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras andaluces de que el Gobierno andaluz ponga en marcha un plan integral de choque para rescatar el empleo, proteger a las personas y reforzar lo público.

Ante una situación sin precedentes en nuestra tierra motivada por la pandemia sanitaria, los andaluces y las andaluzas necesitan un Gobierno que los escuche, que mire a la clase trabajadora, y no sentirse abandonados cuando más falta les hace. Los datos no mienten y esta pandemia ha dejado a muchas personas sin empleo o en una situación económica preocupante que podría haber sido aún peor de no haberse activado el escudo social por parte del Gobierno central en colaboración con los agentes económicos y sociales, con medidas como los ERTE, que ha protegido el empleo de millones de trabajadores y de trabajadoras, y a miles de empresas impidiendo que se vieran abocadas al cierre.

El Gobierno andaluz parece emplear más esfuerzos en competir con el Gobierno central que en poner medidas en marcha que palien la preocupante situación de nuestra tierra.

Pero no es suficiente. Y no lo es porque ese escudo social tiene que trasladarse a Andalucía y el Gobierno andaluz parece emplear más esfuerzos en competir con el Gobierno central que en poner medidas en marcha que palien la preocupante situación de nuestra tierra.

Los trabajadores y las trabajadoras hemos arrimado el hombro, una vez más, y hemos sido responsables para remar todos en la misma dirección y conseguir salir cuanto antes de esta crisis en las mejores condiciones. Pero responsabilidad no es pasividad y mucho menos carta blanca al Gobierno andaluz para que siga gobernando solo para una minoría. Responsabilidad es cumplir los compromisos firmados y buscar soluciones reales a los problemas que tiene Andalucía, que tienen los trabajadores y las trabajadoras.

Responsabilidad es poner encima de la mesa, como ha puesto CCOO de Andalucía, una propuesta de plan integral de choque con medidas concretas para dar ayudas que complementen los ERTE, como ya están haciendo otras comunidades autónomas para elevar salarios, en muchos casos de miseria debido a la alta precariedad laboral existente. Un plan con medidas que eviten los despidos y condicionen las ayudas al mantenimiento del empleo, o fomenten la contratación de personas que han sido despedidas o estén en paro; que contemple ayudas a personas trabajadoras fijas discontinuas que ya no cobran prestaciones contributivas. Y que refuerce el presupuesto de la Renta Mínima de Inserción para aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

Porque los andaluces y las andaluzas tenemos claro que lo primero son las personas y la salud, y luego la economía, ayudando a empresas y autónomos y protegiendo el empleo y a los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, no vamos a consentir que el Gobierno andaluz salve la economía a cambio de deteriorar los derechos laborales o los servicios públicos.

En CCOO de Andalucía apoyamos las ayudas para empresas y autónomos, claro que sí, pero deben estar condicionadas al mantenimiento del empleo, al respeto de los derechos laborales y a la protección de la salud de las personas trabajadoras.

En CCOO de Andalucía apoyamos las ayudas para empresas y autónomos, claro que sí, pero deben estar condicionadas al mantenimiento del empleo, al respeto de los derechos laborales y a la protección de la salud de las personas trabajadoras. Por eso no estamos en sintonía con las ayudas aprobadas por el Gobierno andaluz, pues son “pan para hoy y hambre para mañana”, no solucionan el problema real de nuestras Pymes y autónomos y esos recursos públicos podrían emplearse más eficientemente.

Queremos que se den ayudas, claro que sí, pero no a cambio de debilitar el sistema público sanitario, ya muy mermado por los recortes y ajustes sufridos en los últimos años; o deteriorar la educación pública, para la que pedimos una disminución de las ratios y mejores condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras; o no reforzar la dependencia  que permanece en un precio/hora indecente incluso con el aumento anunciado por el Ejecutivo andaluz que se ha quedado en poco más de dos euros y que no permite condiciones dignas para sus personas trabajadoras, fundamentalmente mujeres.

Andalucía necesita un cambio de modelo productivo, donde se prioricen sectores como la industria, se apueste por la digitalización y el I+D+i y se invierta en infraestructuras. No podemos volver a quedarnos en el vagón de cola en la salida de esta crisis y, mucho menos, que los trabajadores y las trabajadoras sean, otra vez, los paganos de la dramática situación que estamos viviendo.

Así se lo hemos trasladado al Gobierno andaluz en la movilización en la que convocamos a más de 600 personas ante el Palacio de San Telmo el pasado 1 de diciembre, como consecuencia de la inacción del propio Gobierno para desarrollar y dar cumplimiento a lo firmado en el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, tras más de cuatro meses desde su firma.

Exigimos un cambio de actitud, y que el Ejecutivo andaluz atienda las necesidades de las personas trabajadoras cumpliendo sus compromisos, y poniendo en marcha UN PLAN INTEGRAL DE CHOQUE para rescatar el empleo, proteger a las personas, dinamizar la economía y reforzar lo público. De lo contrario, la movilización del día 1 será la primera de muchas.

Urgente. Es el término que mejor define la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras andaluces de que el Gobierno andaluz ponga en marcha un plan integral de choque para rescatar el empleo, proteger a las personas y reforzar lo público.

Ante una situación sin precedentes en nuestra tierra motivada por la pandemia sanitaria, los andaluces y las andaluzas necesitan un Gobierno que los escuche, que mire a la clase trabajadora, y no sentirse abandonados cuando más falta les hace. Los datos no mienten y esta pandemia ha dejado a muchas personas sin empleo o en una situación económica preocupante que podría haber sido aún peor de no haberse activado el escudo social por parte del Gobierno central en colaboración con los agentes económicos y sociales, con medidas como los ERTE, que ha protegido el empleo de millones de trabajadores y de trabajadoras, y a miles de empresas impidiendo que se vieran abocadas al cierre.