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La perspectiva de la que adolece nuestra judicatura

Secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO de Andalucía
La actriz Elisa Mouliaá a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 16 de enero, para declarar ante el juez que investiga un presunto delito de agresión sexual a la actriz por el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón.-EFE/ Rodrigo Jiménez
30 de enero de 2025 13:28 h

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Quienes tienen que velar por la Justicia Social, esto es, nuestra judicatura, tienen que tener acceso y habilidades sobre las distintas perspectivas sociales y humanas para tomar decisiones justas y no simplemente aplicar o interpretar una ley, pues es esto precisamente lo que nos diferencia de un concepto tan actual como la Inteligencia Artificial. En cambio, hechos como los que hemos conocido recientemente ponen de relieve que aún queda mucho trabajo por hacer en un área que es esencial en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Me estoy refiriendo al interrogatorio que una actriz ha tenido que soportar en España tras denunciar un posible caso de acoso sexual por parte de un político.

Sin entrar en el fondo del asunto, no se trata de pedirle al juez que no cumpla la ley en este país o que no requiera de prueba alguna para considerar si hay o no un delito; se trata de no ser actor activo disuasorio para que una mujer y muchas que puedan seguirla detrás decidan no hacerlo si van a tener que vivir un interrogatorio tan soez y carente de empatía como el que hemos podido ver a esta denunciante, a la que ha expuesto públicamente aún más de lo que ya lo estaba.

Aunque el tacto y la empatía con la que se lleve a cabo un interrogatorio de estas características depende de cada miembro de la judicatura, no podemos obviar que el machismo impregna nuestra sociedad desde hace siglos y, por tanto, quienes conforman nuestras instituciones pueden verse, consciente o inconscientemente, impregnados de él. Por eso es tan importante, y así lo reivindicamos constantemente desde CCOO de Andalucía, la formación con perspectiva de género como herramienta conceptual para detectar situaciones de discriminación o de vulneración de derechos.

Lamentablemente, los datos no predicen que en pocos años vayamos a acabar con esa forma de discriminación, ya que, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, de 5.416 jueces, juezas, magistrados y magistradas en activo, hasta mediados de 2024 solo 1.727 jueces y juezas habían realizado un curso de perspectiva de género, cuando se trata de una formación obligatoria desde el año 2019 y la Ley de Igualdad, en el caso de Andalucía, es del año 2007. Es decir, han tenido que pasar 12 años para que la judicatura, conformada por quienes son garantes de nuestra igualdad, considerasen esta formación como obligatoria.

Está claro que si hasta el Plan Docente de Formación Inicial de la Escuela Judicial reconoce que ha sido desde 2024 cuando “se ha potenciado el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra violencia sobre la mujer en todas sus formas […]”, va un poco tarde esta institución

A ello se une que con 50 horas de formación ya se considera suficiente para aprender a ver desde otra perspectiva y tener herramientas para saber enfrentarse con humanidad a procesos de este tipo. Evidentemente, ese tiempo es claramente insuficiente.

Este país democrático, un país pionero en el mundo gracias a una ley como la Ley de Igualdad, necesita que sus instituciones y, en especial la judicial, también lo sea, pero está claro que si hasta el Plan Docente de Formación Inicial de la Escuela Judicial reconoce que ha sido desde 2024 cuando “se ha potenciado el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra violencia sobre la mujer en todas sus formas […]”, va un poco tarde esta institución.

Además, no solo hay un problema de perspectiva de género; también nos enfrentamos a un problema de perspectiva laboral y prueba de ello es que en ese Plan de Formación de los y las futuras jueces, hay una única referencia sobre conflictos laborales y cero sobre derecho sindical o sobre negociación colectiva o convenio colectivo.

Queda, por tanto, camino por hacer en nuestra judicatura y es por ello que desde CCOO seguiremos demandando que las reformas que se implementen para renovar la Justicia tengan en cuenta estas y otras perspectivas. Solo así la Justicia podrá hacer honor a su nombre.

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