La reforma laboral, mal endémico de la conflictividad en el mundo del trabajo

La recuperación será con los trabajadores y trabajadoras o no será. Es así de sencillo porque ya es hora de que a la clase trabajadora se le devuelva parte de la responsabilidad y compromiso que ha demostrado siempre y que, en los meses de pandemia, ha vuelto a quedar en evidencia. Y ha de hacerse en forma de salarios y condiciones laborales dignas.

La pandemia lo ha puesto todo en un brete, incluido el empleo, pero los conflictos laborales no han empezado con la pandemia en la mayoría de los casos; muchos de ellos vienen de antiguo y tienen su origen en el egoísmo y la cerrazón empresarial que vio como maná la reforma laboral de 2012. Una reforma que el tiempo ha dejado claro que no ha servido para alcanzar ninguno de los objetivos para los que supuestamente se puso en marcha y que lo único que ha generado es un crecimiento económico basado en un modelo productivo en el que priman la precariedad y los bajos salarios, de ahí que derogarla sea una urgente necesidad desde hace ya mucho tiempo.

Todo quedó paralizado con la crisis sanitaria porque la prioridad era la salud, y los trabajadores y trabajadoras junto a sus representantes supimos entenderlo y estar a la altura de las circunstancias; tendimos la mano, aparcamos cuestiones importantes y, una vez más, quedó demostrada la responsabilidad de la clase trabajadora.

Además, es importante reseñar que la manera de abordar esta crisis y sus circunstancias por parte del Gobierno central y de la Unión Europa, ha distado diametralmente de la forma en la que se abordó la crisis económica de 2008 y, casi desde el primer momento, el diálogo con las agentes sociales ha sido una constante y se han puesto sobre la mesa ayudas e instrumentos para minimizar los duros efectos de la pandemia en el empleo.

Ayudas que han ido a parar en gran medida al sector empresarial y que tendrán una continuidad, con la llegada de los Fondos Next Generation pero que hasta ahora no se ha condicionado a un retorno social en forma de empleo estable y de calidad, algo que, lamentablemente, aún está en las antípodas en la mentalidad de parte del empresariado andaluz.

No es razonable ni justificable el hecho de que algunos convenios colectivos lleven más ocho años sin actualizar, y por tanto, sin adaptarse a todas las novedades legislativas que ha habido desde entonces

No es razonable ni justificable el hecho de que algunos convenios colectivos lleven más ocho años sin actualizar, y por tanto, sin adaptarse a todas las novedades legislativas que ha habido desde entonces. Tampoco es razonable que, amparándose en la reforma laboral, la patronal enquiste negociaciones y paralice sistemáticamente los procesos de negociación de los convenios colectivos, priorizando los de empresas sobre los sectoriales.

Ejemplo de ello ha sido la huelga indefinida del metal de Cádiz, provocada por en primer lugar la eliminación de la ultraactividad y por tanto el riesgo de que decaigan todos los derechos y mejoras del convenio colectivo, partiendo nuevamente de cero; en segundo lugar la devaluación de la negociación colectiva priorizando el convenio de empresa sobre el sectorial, y sabemos que España y Andalucía están conformadas por pequeñas empresas donde el poder y la fuerza de personas trabajadoras y sus representantes sindicales es menor, con lo que los convenios de empresa se suelen negociar a la baja; y en tercer lugar por la posibilidad de vaciar el convenio sectorial al descolgarse las empresas de sus condiciones, especialmente salariales, casi de manera unilateral.

Esto supone un desequilibrio tremendo en la correlación de fuerzas a la hora de negociar que provoca que las personas trabajadoras y los sindicatos tengamos que recurrir a las movilizaciones y huelgas con más frecuencia de la que desearíamos.

Esa avaricia empresarial es la que motiva que en Andalucía se encuentre paralizada la negociación de otros importantes convenios colectivos de carácter sectorial, como el de transportes de mercancía para la provincia de Cádiz, los de limpieza, los del comercio en general, dependencia y ayuda a domicilio, y algunos del campo, entre otros.

Está claro que la movilización siempre es la opción menos deseable para todas las partes y desde CCOO siempre apremiamos a la voluntad negociadora de la contraparte para alcanzar acuerdos pero, a veces, gobiernos o empresariado, según el caso, no nos dejan otra opción. Andalucía necesita aunar esfuerzos para salir todos y todas juntas de la crisis actual, que haya una apuesta decidida por el empleo de calidad, por los servicios públicos, por la industria y por los sectores que generan valor añadido, y eso requiere de diálogo, de compromiso y de responsabilidad social. En CCOO siempre tenemos la mano tendida a la negociación y al diálogo pero tenemos una máxima y es que la recuperación será con los trabajadores y trabajadoras o no será. 

La recuperación será con los trabajadores y trabajadoras o no será. Es así de sencillo porque ya es hora de que a la clase trabajadora se le devuelva parte de la responsabilidad y compromiso que ha demostrado siempre y que, en los meses de pandemia, ha vuelto a quedar en evidencia. Y ha de hacerse en forma de salarios y condiciones laborales dignas.

La pandemia lo ha puesto todo en un brete, incluido el empleo, pero los conflictos laborales no han empezado con la pandemia en la mayoría de los casos; muchos de ellos vienen de antiguo y tienen su origen en el egoísmo y la cerrazón empresarial que vio como maná la reforma laboral de 2012. Una reforma que el tiempo ha dejado claro que no ha servido para alcanzar ninguno de los objetivos para los que supuestamente se puso en marcha y que lo único que ha generado es un crecimiento económico basado en un modelo productivo en el que priman la precariedad y los bajos salarios, de ahí que derogarla sea una urgente necesidad desde hace ya mucho tiempo.