El desplome abrupto de la natalidad ha hecho perder más de 50.000 alumnos de nuevo ingreso en la escuela andaluza en lo que va de legislatura. Es la caída más empinada que se ha registrado en años, y que se verá acrecentada con 17.000 niños menos en el curso 2022-2023, según cifras aportadas este miércoles por el consejero de Educación, Javier Imbroda. Cuando termine este mandato, a final de año, y en septiembre se cierre el proceso de escolarización del próximo curso, que arrancó el martes pasado, en los colegios de Infantil y Primaria de Andalucía habrá casi 70.000 alumnos menos inscritos.
La caída de la natalidad es una tendencia desde hace casi ocho años. La legislatura anterior se cerró con 20.000 inscritos menos en las escuelas andaluzas, de modo que este curso las aulas albergarán alrededor de 90.000 alumnos menos respecto a 2015. Este descenso radical en el número de estudiantes -que tiene su origen en el desgarro socioeconómico provocado por la crisis financiera de 2008- ha empujado al Gobierno andaluz a ajustar los recursos educativos que tenía a la nueva realidad demográfica. La Consejería de Educación ha suprimido cerca de mil unidades en escuelas de Infantil y Primaria, desplazando a maestros interinos de centros con menor demanda de plazas. Esto ha afectado tanto a escuelas públicas como privadas concertadas, aunque las más damnificadas son las primeras.
El recorte de unidades para ajustarlo a la caída del alumnado es una política que ya llevó a cabo el anterior Gobierno del PSOE, con unas 600 aulas cerradas en los dos últimos años de mandato de Susana Díaz. En total, los sindicatos cifran en 1.181 las unidades eliminadas en esta legislatura, y casi un millar también en la anterior. Los socialistas, ahora en la oposición, se lo han reprochado duramente a Imbroda en el Parlamento, y el consejero les ha recordado que ellos hicieron exactamente lo mismo.
La alternativa habría sido mantener las unidades en los colegios a pesar de la caída en la demanda de plazas, lo cual se hubiera traducido en un descenso abrupto de la ratio de alumnos por profesor. Suprimir unidades implica prescindir de docentes interinos o reajustar las plantillas de los colegios con menor demanda, algo que no sólo se hace con criterios técnicos, dicen los sindicatos, que acusan al Gobierno de Moreno de primar la ley de la oferta y la demanda -en beneficio de un puñado de escuelas privadas concertadas con mucho tirón popular- perjudicando a los colegios públicos, que se ven abocados a cerrar aulas. El resultado es que, a pesar de la caída de la natalidad, el número de alumnos por clase en las escuelas donde se suprimen unidades es prácticamente el mismo, o varía en apenas uno o dos alumnos menos.
La ratio escolar es un criterio fundamental que determina la calidad educativa, la posibilidad del profesor para ofrecer una atención más personalizada a sus alumnos. Algo difícil cuando los grupos llegan a los 25 por aula -máximo legal en Infantil y Primaria- y 30 por aula -máximo legal en Secundaria-. Además, tanto este Gobierno de PP y Ciudadanos como el anterior han sido propensos a dilatar esos límites al número de alumnado por clases para favorecer la sobredemanda de las familias en algunos barrios y colegios específicos, donde las aulas terminaban con 28 o 33 niños (la ley permite rebasar la ratio permitida en tres alumnos).
El consejero de Educación reprocha a los sindicatos más críticos que pongan el foco en las unidades que se suprimen y no en las que se crean. Imbroda recuerda que mientras se cerraban aulas en Infantil y Primaria -porque la caída de la natalidad afecta a los nuevos ingresos-, se estaban abriendo nuevas unidades en cursos superiores de Secundaria, pero sobre todo de Formación Profesional. “En el cómputo global, el sistema educativo andaluz terminará la legislatura con 100 unidades más que las que tenía cuando empezó”, ha dicho, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.
En realidad, la supresión o creación de unidades en Infantil -etapa de acceso al sistema escolar andaluz para el 98% del alumnado- no tiene nada que ver con la que se produce en cursos posteriores. Las razones son muy distintas. La caída de la natalidad, a la que Imbroda achaca la pérdida de aulas, afecta principalmente a las edades tempranas, ya que nueve de cada diez niños andaluces se matricula al cumplir los 3 años, en el primer ciclo de Infantil que no es obligatorio, pero sí gratuito. A partir de los seis años empieza la educación Primaria, que sí es obligatoria, pero los niños no tienen que volver a inscribirse, porque ya lo hicieron con tres. En estas etapas, es más importante que nunca la educación personalizada, de ahí que la decisión de mantener unidades pese a la caída de la demanda de plazas es política, de apuesta presupuestaria: “menos niños, pero más profesores”.
La Junta de Andalucía defiende este lema, porque globalmente es así: en el sistema hay menos alumnos y más docentes. Pero eso no funciona igual por etapas, y son los cursos más tempranos los que mantienen la misma ratio y se han beneficiado relativamente de ese descenso de la natalidad. Tampoco afecta de la misma manera a todos los colegios. Imbroda suele hablar de la “ratio media de Andalucía”, pero ese concepto es muy relativo. Hay escuelas rurales y colegios en municipios donde las aulas están por debajo de la media en el número de alumnos, pero en las ciudades -donde está escolarizado más del 80% de los niños andaluces- no ocurre así en todos los casos.
La supresión de unidades tienen una lectura política que los sindicatos suelen hacer barrio a barrio y calle a calle, para conocer por qué el Gobierno andaluz apuesta por cerrar un aula en un colegio público al lado de otro centro concertado que mantiene su misma oferta. O viceversa. En este caso, la decisión es política, y esta Administración se guía por primar la libertad de elección de los padres por encima de criterios de planificación.
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