Este lunes ha estado marcado por un recrudecimiento de la tensión entre los gobiernos británico y español en relación al conflicto de Gibraltar, pese a haberse mantenido conversaciones -telefónicas- al máximo nivel para intentar suavizar las cosas. Especialmente después de que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmara el domingo en micrófonos de la BBC que “se helará el infierno” antes de que retiren los bloques de hormigón que lanzaron al mar y que impiden a los pescadores de La Línea y Algeciras (Cádiz) faenar con normalidad en el lugar.
De hecho, el Gobierno de Gibraltar ha asegurado que los españoles pueden seguir faenando, pero solo si cumplen la ley. En un comunicado de elogio a la “excelente labor” de las fuerzas de seguridad del Peñón de Gibraltar por su “gestión profesional y calmada” durante la protesta de los pescadores de las cofradías de La Línea y de Algeciras el domingo, se asegura que “pueden seguir faenando en Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, siempre y cuando lo hagan de conformidad con la legislación gibraltareña”.
Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha invitado al titular de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a que envíe una delegación para hacer “verificaciones” con un “enfoque global”. En concreto, le ha instado a controlar que la actividad económica en el Peñón de Gibraltar “no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad”. La conversación telefónica entre los dos mandatarios se ha producido a las 13.15 horas y, según fuentes gubernamentales, ha durado 12 minutos.
La Comisión Europea no tiene competencias específicas en esta materia y por ello necesita el acuerdo de España para llevar a cabo una misión de observación. De acuerdo con las mismas fuentes, en ningún momento se ha planteado una “tasa”, ya que “cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce sería ilegal”. El propio presidente de la Comisión Europea ha reconocido que cobrar una tasa por cruzar la frontera sería “ilegal”, por lo que ha pedido que las autoridades españolas “respeten el derecho de la Unión Europea” en su disputa con Reino Unido. “Cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce (de dicho paso) sería ilegal”, ha recalcado el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly.
En la misma línea, España ha recordado al presidente de la Comisión Europea que el “acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la Bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental”.
Por su parte, el alcalde de Algeciras y diputado del PP, José Ignacio Landaluce, ha asegurado que también “se helará el infierno antes de que España deje de reclamar la restitución de su territorio”. Ha insistido así en que España “nunca va renunciar a seguir intentando recuperar la soberanía en los foros internacionales que corresponde”, bien ha dejado claro que no aboga “por enfrentamientos, ni más desmanes”. Considera en cualquier caso que debe imperar el diálogo, por lo que insta a la retirada de “los bloques de hormigón que arrojó al mar y que impiden a los pescadores faenar en aguas españolas”.
Fabian Picardo, por su parte, cree “totalmente desproporcionada” la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ante el lanzamiento al mar en las aguas en disputa de bloques de hormigón y ha considerado que con ello lo que busca es “distraer la atención de los escándalos de corrupción y dinero negro” que afectan al PP.
En una entrevista concedida al diario Sueddeutsche Zeitung, ha asegurado que los bloques de hormigón han sido lanzados en una parte de su bahía, y que las autoridades españolas y los pescadores estaban “al corriente”. Es por ello que ha lamentado que el Gobierno de España haya “cortado cualquier canal de comunicación”, en referencia al foro tripartito creado bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y en el que participaban España, Reino Unido y Gibraltar. “Este sería el foro adecuado para resolver todas las diferencias”, ha aseverado.
La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha pedido que se acaben las “bravuconadas” si de verdad se quiere terminar con el actual contencioso, y ha remarcado que si bien, si cobrar un peaje sería ilegal, también lo es lanzar al mar bloques de hormigón. Ha pedido por ello diálogo. “La fortaleza de los gobiernos se demuestra en su capacidad de diálogo y de resolución de conflictos”, ha dicho, al tiempo que ha apelado al fin de las “bravuconadas”.
Entretanto, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha reiterado a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, la “colaboración y lealtad” de la Junta de Andalucía ante el conflicto, confiando en que éste no se dilate más en el tiempo y finalice “cuanto antes”. Ha querido así dejar claro que, desde el principio del conflicto, ha habido “comunicación y lealtad” entre las dos administraciones.
De todas maneras, la futura presidenta de Andalucía ha expresado que le gustaría que los gobiernos de dos países socios y amigos como son Reino Unido y España, cuanto antes, dieran “una solución a un problema que los ciudadanos no entienden que se no entienden que se encone aún más”.