Si espera el estado de bienestar, póngase a la cola. Las listas de espera en Andalucía para disfrutar de determinados servicios ponen a prueba la paciencia de los ciudadanos. Los recortes han agravado la situación y el problema se ha extendido también a los juzgados, que no dan abasto para mantener un ritmo razonable en la resolución de los casos. Salvo en casos como un buen número de intervenciones quirúrgicas o la atención por un especialista, donde las listas de espera están reguladas por decreto y se lleva una política de transparencia con la publicación de los datos (aunque no con la regularidad trimestral a la que obligará la Ley de Transparencia cuando se apruebe por el Parlamento de Andalucía), en el resto, es complicado obtener la información, pero no imposible. Repasamos cinco servicios públicos con su correspondiente lista de espera.
Para un juicio por lo social. El colapso de los juzgados ha hecho que en Andalucía se espere una media de tres años para la vista oral una vez admitida a trámite la demanda. El récord lo tiene por ahora un caso del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla que saltó recientemente a los medios de comunicación: el pasado mes de noviembre fijó para el 17 de mayo de 2017, es decir, dentro de más de tres años y medio, la vista oral para una demanda, es decir, más de tres año y medio después de admitirla a trámite. Este tipo de juzgados, dedicados a asuntos laborales son los que más problemas están sufriendo por el aluvión de despidos y salarios impagados con la crisis.
Para un certificado de idoneidad para una adopción. La valoración para un certificado que permita adoptar en Andalucía es realizada gratuitamente por los equipos técnicos de psicólogos y trabajadores sociales del Servicio de Protección de Menores de cada delegación territorial correspondiente y, en ocasiones, por profesionales autorizados por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. En la de Sevilla, están actualmente llamando a las personas que iniciaron el expediente en febrero de 2011, o sea, que son algo más de tres años lo que se tarda en que al interesado le llamen para empezar este proceso. Se ha podido comprobar llamando, como interesado con un expediente abierto, porque no hay listas de espera publicadas sobre este asunto. La situación es similar en el resto de las provincias. Sólo se acelera el proceso para aquellas personas que están dispuestas a adoptar a los considerados menores con necesidades especiales (mayores de 7 años, grupos de hermanos, niños con discapacidad...).
Para una fecundación in vitro. Otra vía para convertirse en padre y/o madre que igualmente se atasca en listas de espera interminables. La opción de la fecundación in vitro en un hospital público de Andalucía soporta una demora igualmente importante, salvo para casos considerados prioritarios, como son las mujeres que padezcan endometriosis. En un hospital de referencia en estos tratamientos de reproducción asistida, el Virgen del Rocío, que es el mayor de la comunidad autónoma, están actualmente tratando a mujeres que están esperando desde octubre de 2012. Es decir, casi año y medio y en otras provincias es todavía mayor la demora. Igualmente se ha podido obtener el dato llamando al centro hospitalario porque no es una información que se publique. En 2009, la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, reiteraba el compromiso del Gobierno de Andalucía de reducir en 2011 esta espera a un máximo de 180 días, como para muchos servicios de salud.
Para una prestación por dependencia. Son de las listas de espera que más críticas están despertando por la urgencia de los casos. El tiempo que se tarda desde la solicitud de una prestación por la Ley de la Dependencia hasta su concesión, tras la correspondiente valoración, tarda de media en Andalucía 301 días, según el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas (TCU) a partir de datos de 2011 facilitados por las propias comunidades autónomas y presentado en 2013. La media nacional se sitúa en 262 días, y en este sentido hay que reconocer dos cosas: primero, que Andalucía acapara más del 20% de los beneficiarios del sistema, y segundo, que la demora es todavía mayor en otros territorios, como Canarias (577 días), Murcia (392) y Aragón (381), que lideran el ranking. En un nuevo informe del TCU, todavía pendiente de alegaciones, se detalla que las comunidades autónomas han reducido “significativamente” entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución pero considera que sigue siendo “elevado”.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, incide en que “es perversa la autocomplacencia del Gobierno de España cuando habla de reducción de las listas de espera en la dependencia”, dado que por sucesivos decretos ha eliminado a ciudadanos que antes tenían derecho a esta prestación o se ha cambiado su valoración, “por no contar los que han fallecido mientras aguardaban”. Estos tres elementos son, a su juicio, “determinantes para explicar la reducción de las listas de espera, que en todo caso, varían mucho de una comunidad autónoma a otra”. Por eso, rechaza unos datos “maquillados” y el “descaro” de los responsables políticos para “una programada demolición del sistema”. Le preocupa especialmente la situación de esas personas con derecho a la prestación pero sin un PIA (plan de atención individualizada) y que “están en el limbo de la dependencia, teniendo el 53% de ellas mas de 80 años”, por lo que su esperanza de vida augura que muchas habrán fallecido antes de ser beneficiarias. “Sólo así se explica que las listas de espera se reduzcan pero no se incremente el número de beneficiarios”, insiste.
Para especialista e intervenciones quirúrgicas. En este caso sí hay periódica actualización de las listas de espera por parte de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que fue pionera en España a la hora de comprometerse a un máximo de tiempo. En este sentido, el decreto 209/2001 de garantías de tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas reconoce el derecho del ciudadano a ser atendido en un tiempo máximo de 180 días para un total de 700 técnicas (programadas y no urgentes). El plazo se ha reducido a 120 días para los 11 procesos asistenciales más comunes, que incluyen 71 técnicas, por una orden del 20 de diciembre de 2006. Si el tiempo se superara, puede ser operado en un centro médico privado sin coste el ciudadano. De todas maneras, a junio de 2013, los últimos datos publicados, había en Andalucía 876 pacientes con más de 180 días de espera. De éstos, 382 son los que han rechazado expresamente irse a un centro médico privado para operarse, mientras que el resto pueden hacer uso de ese derecho “cuando lo deseen”, según aclaran desde la Junta de Andalucía. Las mismas fuentes resaltan que, también a junio de 2013, los hospitales públicos andaluces mantienen en 48 días el tiempo medio de respuesta para los 71 procedimientos mas frecuentes, la mitad de la media nacional según datos del Ministerio de Sanidad. Desde marzo de 2004, además, se reconoce el derecho de la ciudadanía a la garantía de plazo de respuesta en primeras consultas de especialista y procedimientos diagnósticos con el decreto 96/2004. Los plazos que se garantizan son 60 días para la realización de las primeras consultas por especialista derivadas de atención primaria y 30 para un procedimiento diagnóstico. Según el último balance, la media de espera para una primera consulta esta en 44 días en Andalucía, frente a los 59 del conjunto del país.
La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, lo califica de “atentado contra la salud y la vida de las personas” porque se las pone en “peligro”. Subraya que cuando en casos de intervenciones quirúrgicas tienen que superar tres listas de espera: la del especialista, las pruebas y la de entrada para la operación. “Cuando les toca ser atendidas, estas personas están ya muy deterioradas, y muchas han llegado a perder su trabajo”, remarca. Y en cualquier caso, puntualiza que ni siquiera se creen los números: “Son datos que nos pasan las comunidades autónomas y nosotros estamos convencidos de que las cifras son incluso peores”. Se refiere así a patologías que no se rigen por los citados decretos, como la obesidad mórbida o el servicio de neurocirugía, donde se dan casos de más de 1.000 días de espera.
La Memoria Anual 2013 publicada por esta asociación destaca “el notable empeoramiento” que han sufrido Madrid y Andalucía si se tienen en cuenta las listas de espera en su conjunto, donde rechazan que se produzca la transparencia de la que se presume. “Si el SAS (Servicio Andaluz de Salud) ha estado más de un año sin actualizar sus listas de espera, ha sido porque no le interesaba y porque sus administradores tenían que redondear y acicalar los guarismos a su forma”, recoge el informe, que en Andalucía alude a más de 95.000 pacientes en lista de espera de cirugía, con una dilación media de 95 días, concentrada sobre todo en artroscopias, cataratas, intervenciones de próstata, prótesis de cadera, hernias inguinales, varices y reparaciones de deformidades de los pies.