Camino de cumplirse el quinto año desde que anunció las plazas, la Junta de Andalucía sigue sin resolver decenas de procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público de 2017, 2018 y 2019. Cientos de aspirantes esperan desde hace meses una resolución que les saque de la incertidumbre, sin que la administración autonómica les informe de los próximos hitos de un calendario que acumula años de retraso. Una parte de la demora se justifica por la pandemia; pero otra sigue sin explicación, pues ha pasado ya más de un año desde que finalizaron los exámenes.
Algunos de estos opositores se autodenominan “funcionarios fantasma”, en alusión al aparente malditismo de estas convocatorias. Aspiran a una plaza en alguno de los 62 cuerpos de personal funcionario convocados en procesos de acceso libre de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de los años 2017 y 2018 y de las OEP para la estabilización de empleo temporal de 2017 y 2019. Son, en total, 90 procesos selectivos diferentes, porque en la mayoría se convoca tanto por acceso libre como por estabilización. Y se está produciendo un fenomenal embudo.
En algunos casos se ha publicado el listado definitivo de aprobados con plaza, pero en otros la lista es provisional (tres casos), no se ha realizado el segundo ejercicio (un caso), están en fase de concurso (seis) o hay una lista publicada de aprobados (18 procesos) sin que se hayan asignado las plazas, según el último informe del Instituto de Administración Pública de Andalucía, de 9 de septiembre.
Miles de opositores
Esta situación afecta a las convocatorias de estabilización de cuerpos muy concurridos, como el de auxiliares administrativos (pendiente de que se publique la lista definitiva de aprobados), el de administradores generales, el de gestión financiera o el cuerpo general de administrativos, todos ellos aún en proceso de baremación. En el cuerpo de auxiliares administrativos (C2) hay 323 plazas, mientras que para el de administrativos hay en juego 369 plazas. Los afectados, por tanto, podrían ser varios miles de opositores.
Para llegar a esta situación, la Junta ha incurrido reiteradamente en demoras prohibidas por la ley. El Reglamento General de ingreso de la Junta de Andalucía exige a la administración que entre prueba y prueba transcurran como mucho 45 días hábiles, pero muchas pruebas se han realizado con seis meses de diferencia. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que fija el marco general de estas convocatorias, también ha sido ignorada. En su artículo 70 obliga a que la ejecución de la oferta de empleo público se desarrolle “dentro del plazo improrrogable de tres años”. Aquí van cinco.
Plazo “improrrogable” de tres años
Los opositores denuncian que la Junta de Andalucía esté abriendo nuevos procesos sin resolver los que tiene pendientes. La situación les genera estrés personal e incertidumbre profesional, pues se ven obligados a concurrir a nuevas convocatorias (estudiar de nuevo, pagar las tasas, apuntarse a una academia) sin saber si tienen plaza de las convocatorias por resolver, tal y como contó elDiario.es Andalucía. Este miércoles, el Instituto de Andaluz de Administración Pública ha confirmado que las primeras pruebas de las nuevas convocatorias empezarán en menos de un mes y que C1 y C2 tendrán sus primeros exámenes a finales de noviembre. Algunos podrían llegar a obtener plaza dos veces, y tener que renunciar a alguna de ellas.
“Yo dejé mi trabajo y decidí apostarlo todo a la oposición en 2020, con la pandemia”, cuenta Cristina, opositora al cuerpo de auxiliares administrativos. No se explica el tiempo que ha transcurrido desde que se publicó la lista provisional, cuando el plazo de subsanación y alegaciones concedido a los aspirantes es de diez días, y se abrió en junio. “Se cerró y hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener noticias”, cuenta. “A día de hoy no estoy cobrando nada, tengo 38 años y trabajo esporádicamente. Estoy en lista provisional, probablemente tenga plaza, pero no sé cuándo voy a empezar a trabajar. Esto repercute en la carrera: voy a tener que esperar para promocionar y en el privado no puedo buscar”.
María C., de 46 años, también oposita al cuerpo de auxiliares administrativos. La convocatoria (correspondiente a la OPE 2017) arrancó en noviembre de 2019. Hizo los exámenes en marzo y julio de 2021, y desde el pasado 15 de julio, cuando se publicó la lista provisional, sabe que está aprobada y que muy probablemente tiene plaza. “Yo digo que soy funcionaria de carrera provisional”.
Sin embargo, sigue desempleada (desde hace cinco años) a la espera de que le asignen lo que acaricia con los dedos. Para eso aún falta que se publique el listado definitivo, la oferta de vacantes, el nombramiento y la toma de posesión, y cada trámite dura meses, dice. “Es una tomadura de pelo. No sé si es incompetencia, ineficacia o si hay algún motivo oculto, pero si es así, que lo expliquen”. Empieza a cundir la sospecha de que las demoras tengan que ver con los fallidos procesos de estabilización, en los que muchos interinos no han logrado la plaza.
Demora en la constitución de las bolsas de interinos
Además, estos opositores aprobados (pero sin plaza) denuncian que en todo este tiempo tampoco están pudiendo trabajar como interinos. La Junta de Andalucía está demorando la constitución de los llamados “colectivo 2” de las bolsas, que debería formarse con los aprobados. En lugar de constituir estas bolsas tan pronto como tiene los aprobados, la administración espera a tener casi culminado el proceso de oposición, y llega a contratar interinos procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (por tanto, sin que tengan necesariamente aprobada la oposición), sin dar preferencia a quienes la tendrían si se constituyera la bolsa.
La explicación que las autoridades de la Junta de Andalucía ofrecieron a los sindicatos en mesa sectorial es que de esta forma evitan tener que modificar la bolsa a posteriori excluyendo a quienes logren plaza definitiva, explican fuentes sindicales. “De esta forma se llama para contratos de hasta tres años a quienes ni siquiera se han presentado a la oposición”, critican desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios: “No es justo ni con los opositores que se han esforzado, ni con la ciudadanía, que tiene derecho a que le atienda quienes han demostrado mejor capacitación. Si tienen que modificar la bolsa luego, porque alguien saca plaza, que lo hagan. Pero claro, eso es más trabajo”.
Mientras, los opositores aprobados esperan en casa, muchos de brazos cruzados, a que la administración resuelva lo que empezó hace ya cinco años.