Javier, Inmaculada, Ángela María, Irene, Francisco, Rafael,
Andrea, Jorge y Alejandro están en estos días, como tantos estudiantes
universitarios, inmersos en los últimos exámenes del curso. Pero este miércoles han pasado un examen muy especial y han puesto a prueba, a su vez, a los
diputados del Congreso. Estos nueve alumnos de 3º de Derecho en la Universidad
de Córdoba forman parte del denominado Laboratorio Jurídico Antidesahucios y han
trabajado este curso para unir teoría con práctica y responder con herramientas
legales a la realidad social de los desahucios.
Este miércoles han presentado en la Sala Campoamor del Congreso ante
diputados de los distintos grupos parlamentarios un informe jurídico elaborado por ellos en
el que defienden la constitucionalidad de la Ley Andaluza de la Función Social
de la Vivienda – conocida como Ley Antidesahucios- , recurrida por el Gobierno
ante el Tribunal Constitucional y paralizada desde entonces. Y junto a ello,
también han explicado a los diputados su trabajo sobre una modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan suspender los desahucios
por razones humanitarias.
De alguna manera, les llevan “el trabajo ya hecho” a los
diputados. Les ofrecen las herramientas legislativas que podrían aplicarse para
poner freno al drama de los desahucios. “Es factible. Es posible. Pero falta
voluntad política“, señalan los estudiantes a eldiario.es/andalucia en un corrillo hecho en la estación
del AVE de Córdoba antes de emprender viaje a Madrid.
“Las personas afectadas necesitan una solución urgente y es
posible“, señala tajante Javier. ”Que no se pongan más parches, porque los
desahucios ya afectan a todas las capas sociales y no sólo a adultos sino
también a niños“, añade Inmaculada, al recordar cómo durante el trabajo llevado
a cabo por estos universitarios han conocido de primera mano los testimonios de
las familias afectadas en Córdoba.
“Son cosas de sentido común sin color político”
“Son cosas de sentido común sin color político”
Lo que estos estudiantes han expuesto delante de los
diputados “son cosas de sentido común y las leyes deben solucionar esos
problemas“, apunta Francisco. Porque, como añade más tarde, el problema de los
desahucios “no tiene color político, debe trascender a los colores políticos”.
Su informe acerca de la constitucionalidad de la Ley
Andaluza Antidesahucios pone de relieve que la vivienda es un derecho humano y
no un mero objeto de propiedad. E igualmente, que la estabilidad económica que
esgrime el Gobierno central para haber recurrido esta ley “no puede estar por encima
de las personas“.
Irene expresa el deseo de todos ellos sobre la propuesta en el Congreso: “Que no lo dejen aparcado. Que no se quede en
nada y que se lleve a cabo“, dice con la ilusión y el conocimiento que a estos
estudiantes les ha dado el trabajo hecho con legislación de toda Europa y
jurisprudencia al respecto.
“Estamos contentos por cumplir con nuestro trabajo”, explica
Francisco, porque estos estudiantes, como advierte Javier, “además de
universitarios somos ciudadanos y con este trabajo hemos abierto nuestro
horizonte profesional pero también como ciudadanos“, dice en representación de
esta hornada de jóvenes de entre 20 y 21 años, futuros abogados, jueces o
fiscales que no se quedan de brazos cruzados frente a los desahucios.
Esperan que la experiencia de este miércoles en el Congreso
de los Diputados no se quede en papel mojado, al igual que sus propuestas
hechas recientemente ante el Parlamento de Andalucía con el mismo objetivo de
frenar los desahucios. “Si hemos sido capaces de hacerlas nosotros mientras estudiábamos, los políticos también pueden desarrollarlas”, concluye Inmaculada. Ahora, con su trabajo ya hecho, dejan el balón en el
tejado de los diputados.