Desde que en 2007 saltara la alerta sobre los bienes que la
Iglesia católica estaba inscribiendo a su nombre en el Registro de la Propiedad
amparada en los artículos de la Ley Hipotecaria que le dan categoría de
administración pública, Europa Laica ha venido desarrollando un trabajo de
investigación sobre ello que da como resultado la suma de más de 5.000 bienes
inmatriculados por la Iglesia en todo el país.
Así, los datos que maneja esta organización -que trabaja por separar la influencia de la religión del espacio público del Estado- señalan que sólo
en las provincias de alrededor de un millón de habitantes, existen entre 500 y
1.000 bienes en cada una de ellas que han sido inscritos por la Iglesia a su nombre, según explica a
eldiario.es/andalucia el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. “Venimos
trabajando en este tema desde que saltara la alarma sobre lo que estaba haciendo la
Iglesia a raíz de los casos detectados en Navarra“, cuenta Delgado para
explicar a continuación la “opacidad” con la que la Iglesia ha actuado y la
dificultad de contabilizar todos los bienes inmatriculados.
Primero fueron más de 1.000 bienes los que se certificaron
por parte de la Iglesia en el Registro de la Propiedad en Navarra, entre 1998 y
2007; y a raíz de ellos, Europa Laica ha promovido grupos de trabajo en cada
provincia del país para arrojar luz sobre la práctica de bienes inmatriculados
por la Iglesia valiéndose de artículos franquistas de la Ley Hipotecaria y su
Reglamento, que “han permitido usurpar miles y miles de bienes en
España, con nocturnidad y alevosía“.
Investigaciones más avanzadas en la Comunidad Valenciana o
Aragón han hecho aflorar un largo listado de bienes de los que la Iglesia se ha
“apropiado”. De esa forma, además de lugares de culto, pasaron a manos de la
Iglesia propiedades como viviendas, fincas, viñedos, almacenes e incluso
trasteros, según consta en los datos que maneja Europa Laica y las plataformas
ciudadanas que trabajan sobre ello.
La Mezquita-Catedral y la acción de las administraciones
La Mezquita-Catedral y la acción de las administraciones
Y
entre todos esos bienes, destaca la Mezquita-Catedral de
Córdoba –“ningún otro bien tiene su
valor“- dice Delgado sobre el monumento que la Iglesia inscribió a su nombre en
2006 por 30 euros.
Desde el inicio de su trabajo sobre las inmatriculaciones,
Europa Laica tiene claro que éste “es una cuestión política, no jurídica”, dice
su presidente para explicar que “el balón están en el tejado de las administraciones”
y ha lanzado un mensaje directo al Congreso de los Diputados para modificar la Ley
Hipotecaria y derogar -“con carácter retroactivo”- los citados artículos que
confieren a la Iglesia categoría de entidad pública. “El poder ejecutivo tiene
capacidad jurídica para hacerlo y no permitir que una entidad privada siga
actuando como entidad de carácter público. Porque no lo es desde que en 1978 se
aprobó la Constitución“, añade.
Igualmente y en referencia específica al caso de la
Mezquita-Catedral, Delgado ha solicitado a la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, “que no haga declaraciones y actúe” porque “la Mezquita
es un bien público, no es de la Iglesia y debe pertenecer a la ciudadanía“.
Y en un mensaje directo al Ayuntamiento de Córdoba y a su
alcalde, José Antonio Nieto (PP), desde Europa Laica han pedido “que trabaje a
favor de las instituciones públicas y de la ciudadanía“. En ese sentido, ha
añadido: “Si el ayuntamiento plantea el tema, si tiene voluntad política, lo
tiene ganado en los tribunales“.
“Los partidos políticos en general han hecho dejación de sus
obligaciones“ en el caso de las inmatriculaciones, ha criticado Delgado. ”Ningún
ayuntamiento, salvo alguno de Navarra y País Vasco, han dado la voz de alarma“,
añade. Y también pone sobre la mesa el papel de los registradores de la
propiedad: “Han hecho la vista gorda ante algo que no era normal”.
Campaña de Europa Laica
Campaña de Europa Laica
“Desde Europa Laica vamos a seguir luchando” dice sobre su tarea
para alzar la voz contra las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia,
explica su portavoz. “La razón está de nuestra parte aunque es un camino lento”,
ha añadido para “felicitar” a la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de
Todos que ha abierto recientemente el debate en Córdoba para conseguir la titularidad pública
de este monumento y ya cuenta con más de 200.000 firmas ciudadanas de apoyo y
adhesiones de personalidades del mundo académico, de la cultura y el
pensamiento. “Es un movimiento cívico que va a generar el apoyo de la inmensa
mayoría de la ciudadanía para que la Mezquita pase a ser un bien de derecho
público“.
Sobre su propia tarea, Europa Laica proseguirá su trabajo de
investigación para sacar a la luz bienes inmatriculados, además de promover una campaña de recogida de firmas y apoyo
social que, a través de su web http://laicismo.org/detalle.php?pk=30143&tp=ds
suma más de 7.000 adhesiones contra las inmatriculaciones de la Iglesia
c atólica y por una Mezquita pública y de uso civil.
En un documento dirigido al Congreso, Senado,
Ministerio de Educación y Cultura, Junta de Andalucía, Parlamento de Andalucía,
Parlamento y Unión Europea, Consejo de Europa y UNESCO, se pide la “devolución
de la Mezquita de Córdoba al Estado“ y se sugiere que se constituya una
fundación o patronato público que gestione el monumento, integrado por el
Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, con participación del Estado
central, universidades y entidades privadas de carácter cultural o de
investigación.
Asimismo, también se pide “que la Mezquita de Córdoba deje
de ser un lugar de culto religioso-católico y de explotación del Obispado de
Córdoba, para convertirse en un espacio exclusivamente civil, como monumento
histórico-cultural al servicio y disfrute de toda la ciudadanía“. Y añaden,
sobre su denominación, que sea llamado oficialmente “Mezquita de Córdoba”, sin
más alusión a la catedral que se inserta en su interior.
Este mismo documento de Europa Laica incluye otras dos
peticiones, ya a nivel general. Una, para solicitar que se modifiquen los
artículos de la Ley Hipotecaria que han posibilitado que la Iglesia haya
realizado inmatriculaciones a su nombre en el Registro de la Propiedad de
bienes no registrados hasta la fecha, al otorgarle categoría de administración
pública a la Iglesia y sin más justificación que la firma de sus propios
obispos.
Y una segunda para “que se devuelvan a los municipios, entes
públicos, personas físicas o jurídicas del lugar donde se encuentran ubicados
todos los bienes, edificios o espacios usurpados y que, supuestamente carecían
del título escrito de dominio hasta ese momento, mediante las inmatriculaciones
ejercidas por la jerarquía católica haciendo uso de la Ley Hipotecaria“.