La exconsejera andaluza de Hacienda entra en prisión para cumplir una condena de seis años por el caso ERE

La ex consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz entre 2009 y 2013, Carmen Martínez Aguayo, ingresó este miércoles en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para cumplir una condena de seis años de prisión por un delito de prevaricación y malversación de fondos en el caso ERE, confirman a este periódico desde Instituciones Penitenciarias.

Martínez Aguayo, mano derecha del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, es la primera de los condenados por el macrofraude de los ERE que ingresa en prisión, sin esperar a que se agotase el plazo de diez días que impuso la Audiencia Provincial de Sevilla para ejecutar la condena. La ex consejera acudió voluntariamente al centro penitenciario junto a su abogado, Víctor Moreno Catena.

Ella, junto a Griñán y los otros seis ex altos cargos del Gobierno socialista, tenían hasta el próximo 2 de enero para personarse en la prisión que eligiesen. En el caso de Martínez Aguayo, la duda sobre la cárcel elegida era menor, dada la cercanía de la prisión de mujeres de la localidad sevillana.

Médica de profesión

Carmen Martínez Aguayo es médica de profesión y su carrera política está ligada a la de Griñán desde que éste ocupaba la cartera de Hacienda en los gobiernos de Manuel Chaves. Al sucederle, el ex presidente andaluz la ascendió al puesto que él mismo ocupaba, confiándole las cuentas autonómicas y la compleja tarea de reordenar el sector instrumental de la Junta. Era uno de los perfiles tecnócratas que acompañaron a Griñán en su primer gabinete.

Al testificar ante el juez del caso ERE aseguró algo que ya había explicado a los periodistas años atrás, en pleno estallido del escándalo de las ayudas fraudulentas de la Junta: que nunca trasladó los informes de la Intervención General de la Junta al ex presidente Griñán, y tampoco se los leyó con profundidad. Muchos entendieron esta declaración como un cortafuegos de lealtad para proteger a su jefe, pero también una forma de sentenciar su condena por adelantado.

Los 15 informes de la Intervención, como quedó claro en el juicio de la pieza política de los ERE, no alertaban de ninguna ilegalidad ni menoscabo de fondos públicos, pero sí advertían de que el sistema utilizado por la Consejería de Empleo para repartir las ayudas a empresas en crisis tenía un amplio margen de discrecionalidad, susceptible a que se originasen irregularidades, y las transferencias de financiación como fórmula de pago para “eludir el control previo de fiscalización”.

Martínez Aguayo y Griñán entendieron que esos informes no señalaban ningún fraude ni mencionaban a los famosos intrusos -personas beneficiarias de un ERE en empresas donde jamás habían trabajado-, pero los jueces no compartieron esta tesis y terminaron condenándolos como partícipes de un sistema pensado para el menoscabo de fondos públicos.

La Audiencia de Sevilla, el pasado 22 de diciembre, dio diez días de plazo a los siete ex altos cargos de la Junta condenados a prisión por un delito de malversación de fondos. El límite expira en la medianoche del 1 de enero. Griñán confía en retrasar su ingreso en la cárcel, alegando que padece un cáncer de páncreas en “estado grave”, diagnosticado a principios de diciembre. Un forense judicial debe determinar en estos días si dicha dolencia y el tratamiento que precisa son prueba suficiente para permitir al expresidente andaluz eludir la prisión.

El resto de condenados podrá elegir el centro penitenciario que quiera para cumplir su condena. Sólo el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá -condenado a siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 18 años- ha visto suspendida la ejecución de su condena por un problema grave de salud. También el exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, padece una enfermedad que ha motivado la suspensión de su ingreso en la cárcel durante un año.