El viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, ha fichado por una de las principales compañías de seguros privados de España, el grupo ASISA, del que es nuevo director médico en Andalucía.
Su salto de la pública a la privada, adelantado por la cadena Ser y confirmado por este periódico, coincide con un momento de expansión de los seguros privados en España (y singularmente en Andalucía) posterior a la pandemia -de ciudadanos particulares que complementan su derecho a la sanidad pública gratuita-.
También, y en esto ha puesto el acento el PSOE tras conocer el fichaje del ex número dos de Salud, coincide con un debilitamiento del sistema público de salud en Andalucía, tensionado tras la pandemia, y que tiene su reflejo más claro en las desbocadas listas de espera de pacientes para operarse. Muñoz era el número dos de la actual consejera de Salud, Catalina García, y antes fue el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con su predecesor, el hoy presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Su cese, el pasado 27 de diciembre, acompañó al del gerente del SAS y vino precedido por media docena de altos cargos que salieron del departamento, dimitidos o cesados, en plena crisis de gestión de las listas de espera.
Dos semanas antes de los ceses en la cúpula de Salud, la consejería hizo públicos los datos de pacientes en espera para operarse -más de un millón de ciudadanos, un 12% de la población andaluza- y de aquellos que habían rebasado el plazo máximo legal para cirugía, una lista que se había incrementado un 227% en sólo un año.
De entrada, no hay una relación directa entre los puestos que Guzmán desempeñó en la Administración pública y el cargo directivo que ocupa ahora en una empresa de seguros, por lo que la Ley de Incompatibilidades -un plazo mínimo de dos años entre un puesto y otro- no afectaría a su caso. Será el Ejecutivo andaluz quien determine si el nombramiento de Guzmán se ajusta a la legislación.
Otra cosa es que los grupos de izquierda hayan denunciado esa “incompatibilidad política”, acusando al ex número dos de Salud de “desmantelar la pública” y “derivar millones de pacientes a la sanidad privada”, en referencia a los contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva con clínicas privadas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno prorrogó hasta dos años después de la pandemia y acaba de reactivar hasta 2025.
El grupo Asisa, una de las mayores aseguradoras privadas del país, cuenta con 50.000 profesionales, 18 hospitales autónomos -más de mil centros concertados- y tres millones de asegurados, según recoge en su página web. El año pasado, la compañía cumplió su objetivo de crecimiento tanto en el ámbito asegurador, donde obtuvo un volumen de primas de 1.487,67 millones de euros, como en el asistencial, en el que su facturación alcanzó los 615,2 millones de euros. En ambos casos, el crecimiento superó el 4%, según datos del grupo.
Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias, como denuncian los socialistas, porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz. Antes de incorporarse a la Consejería de Salud, Guzmán ya trabajó para el sector privado, empleado en una mutua.
La consejería que dirige Catalina García ha declinado, de momento, valorar el fichaje de su ex número dos. “Hasta el momento no tenemos constancia del cargo que ocupará de manera oficial. Cuando la tengamos, se evaluará la posible incompatibilidad o no”, aseguran desde Salud.