El exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' ha declarado este lunes como investigado por un presunto delito de prevaricación en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018.
“No dio ninguna orden a los funcionarios”, ha asegurado a su salida del juzgado, en referencia al papel que desempeñó el citado asesor -Fernando Acuña, también investigado. “Si la hubiese dado, los funcionarios se hubieran quejado, y no hay ninguna queja oral ni por escrito de ningún funcionario quejándose porque hubiera una injerencia de personal externo”, ha añadido, tras subrayar que el personal fijo del Consistorio conoce la escala jerárquica y sabe quién puede darle órdenes y quién no.
El exregidor de Cádiz confía en que se archive la causa -como se han archivado 17 anteriores- porque, dice, él actuó “con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer”, por lo que espera que se archive la causa, informa Europa Press.
“No tenemos nada que esconder. Estamos absolutamente tranquilos. Todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad, y evidentemente con un estricto cumplimiento de la legalidad”, ha defendido González, “sorprendido”, dice, de que en esta causa “también se presenta como acusación el PP, como las 17 causas anteriores”.
“Se ha respondido con todo nuestro afán de esclarecer los sucesos y de colaborar con el desarrollo de la justicia. Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare el tema. No tenemos nada que esconder”, ha incidido el exalcalde de la ciudad, que ha insistido en la acusación del PP, afirmando que “parece ser que en esta ciudad, y según la estrategia que se ha mantenido, y 17 denuncias anteriores avalan lo que digo, para el PP el mero hecho de no gobernar ya es ilegal y evidentemente, pues, todo lo que emane del ejercicio de su no gobierno, pues también lo es”.
Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento, según la acusación.
En este sentido, según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno. Esto ha sido negado por el exalcalde, que ha asegurado que “evidentemente que no dio órdenes, si las hubiese dado evidentemente los funcionarios se hubiesen quejado, y no fue así”.
Adelante denuncia un caso de lawfare
Adelante Andalucía ha sostenido este lunes que “es un caso fiel, uno de los casos visibles de lawfare” al blandir que “estamos hablando de que le han puesto 18 denuncias” y que “17 han sido archivadas”, para augurar que “la 18 también será archivada”.
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el responsable de Organización, Néstor Salvador, quien se ha preguntado sobre la motivación que puede subyacer tras esos procesos judiciales y concluir “para que gente como Kichi, un profesor de instituto, que se plantea ser alcalde de su ciudad, no se meta en política”.
“Éste es el aviso para el que quiera ser también alcalde en su ciudad, y no sea de los partidos del régimen, no se meta en política”, ha continuado argumentando el dirigente de Podemos.