El exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño durante el Gobierno municipal de Monteseirín, en prisión desde el pasado 12 de julio por haber recibido supuestamente regalos a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a determinadas empresas, ha pedido a través de su abogado la excarcelación y la nulidad de todas las actuaciones abiertas en su contra.
Su abogado entiende que la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso Mercasevilla, se ha saltado las normas de reparto de asuntos judiciales y “se ha quedado” con este caso “que nada tiene que ver” con el que instruye desde hace años, a través de diversas ramas, acerca del funcionamiento del mercado central de abastos de la capital hispalense.
El letrado Juan Manuel García-Quílez se muestra “extrañado” de que Alaya decida investigar en su juzgado este caso cuando debería haber sido el Juzgado Decano de Sevilla el que repartiera el asunto, a quien correspondiese; por ello solicita la nulidad de las actuaciones basándose en este defecto formal.
Asimismo, en el motivo de fondo del recurso de apelación, interpuesto directamente ante la Audiencia Provincial, el abogado pide la libertad para Domingo Enrique Castaño, considerando que la prisión provisional debería estar “restringida” a la posibilidad de fuga o a la alteración de pruebas judiciales. “No se dan en ningún caso”, según la defensa, puesto que el exasesor “sabía desde hace tiempo que estaba siendo investigado” y, además, ya se han practicado registros en su domicilio, por lo que argumenta que no se dan ninguna de las circunstancias que le hayan llevado a la cárcel de forma preventiva.
En el recurso también se niega que haya recibido regalos o comisiones durante su etapa como asesor socialista, achacando en ese aspecto que la jueza “ignore” que Domingo Enrique Castaño haya podido “ganar dinero con el ejercicio de su profesión de abogado”. Indica al tiempo que él participaba en un “órgano de asesoramiento” pero que “no tenía capacidad para adjudicar contratos o algo parecido”, básicamente porque “legalmente no se puede”.
El abogado del imputado, que también recurre la fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros que le impuso la jueza Alaya, niega los supuestos regalos a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde, como un vehículo marca Audi, teléfonos móviles o un sobre con 30.000 euros “para el PSOE”, según dijo el administrador de una de las empresas a la jueza.