El exconsejero Antonio Fernández, primer imputado por los cursos de formación
El consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, es el primer imputado en las supuestas irregularidades relacionadas con los cursos de formación que investigan varios juzgados andaluces. La jueza Mercedes Alaya, que instruye una parte de este caso, la ha citado para que preste declaración en el mes de octubre por la concesión de ayudas de más de 52 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía para el plan formativo de los extrabajadores de Delphi, según adelanta el Grupo Joly.
La Fiscalía Superior de Andalucía informaba hace unas fechas, en su 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', de que dicho plan formativo se había desarrollado en cuatro fases, “detectándose numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable”, que afectarían parcialmente a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Consideraba la Fiscalía que las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son “tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos”. Esta circunstancia exige, según la Fiscalía, “su investigación con todas las garantías, aunque sería aún prematuro establecer las tipologías concretas que podrían haber sido vulneradas”.
Sobre este asunto, y en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras presentar el balance del pasado curso escolar 2013/14, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha señalado que “desde el primer día colaboran con la justicia y que seguirán colaborando”, toda vez que ha recordado que “han hecho su plan de choque para mirar uno a uno cada expediente”. “Creemos que la justicia debe actuar”, ha apuntado Alonso, quien añade que “esperan que si alguien defraudó y se llevó dinero público tiene que ser devuelto”, esa “es nuestra posición ayer, hoy y mañana”, concluye el consejero.
La asociación de extrabajadores denuncia la “inactividad de la Junta”
Precisamente este martes se ha conocido que la Asociación de extrabajadores de Delphi, creada hace seis meses “ante la desconfianza del colectivo hacia los representantes legales establecidos y su labor hasta la fecha”, ha informado de que el pasado día 18 interpuso su propio recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la “inactividad de la Junta de Andalucía” en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día con estos trabajadores en el protocolo del 4 de julio de 2007 y en los desarrollos posteriores.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la asociación, ésta aglutina ya a “más de 400 afectados” por el cierre de la multinacional de automoción en Puerto Real (Cádiz). Aseguran ser “conscientes de la dificultad de todo planteamiento judicial coherente y totalmente independiente, dados los presuntos intereses de las partes firmantes en el acuerdo”. Por ello, han contratado los servicios de un gabinete jurídico y han acordado encomendar a un catedrático especialista en Derecho administrativo un informe global sobre las posibilidades de prosperar de las mismas, no descartando ninguna otra actuación judicial, incluida la vía penal.
