Seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía han quedado exculpados de la pieza que investiga el juzgado de María Núñez Bolaños por las ayudas de 40 millones de euros a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva entre 2003 y 2005. La jueza ha seguido el criterio marcado por la Audiencia de Sevilla, en cuanto a la imposibilidad de no poder juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, y ha dejado fuera de esta pieza a cinco exresponsables andaluces (uno de ellos ya quedó fuera en octubre) que se sientan estos días en el banquillo de los acusados en el juicio por la supuesta creación y mantenimiento del llamado procedimiento específico.
Los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera ya no están investigados en la pieza de la Faja Pirítica al estimarse un recurso de reforma, al que ha tenido acceso este periódico. En cambio, la directora general de Trabajo del Gobierno español entre 1991 y 2004 Soledad Córdova y la exsecretaria general de Empleo Carmen de Miguel, que declararon el 17 de octubre, siguen imputadas junto a los exsecretarios generales de UGT y CCOO-A, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero. Fuentes del caso aseguran que, al menos las exresponsables del Ministerio, no han presentado recurso.
Precisamente dos acusados solicitaron la semana pasada que se llamara como testigos al juicio que celebra estos días la Audiencia a varias personas que tuvieron responsabilidades en el Ministerio de Trabajo y de Empleo del Gobierno español, entre ellas Córdova y De Miguel, con la intención de que expliquen la normativa estatal bajo la cual se otorgaron las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado, por ejemplo a la Faja Pirítica de Huelva, donde se llegó a abrir investigación hasta contra 25 personas por las ayudas de ambas administraciones a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis y Minas de Río Tinto para la constitución de pólizas de prejubilación.
“Los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”
Este lunes, en la reanudación del juicio de la pieza política, se replicará casualmente una cuestión previa planteada por la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada descolocó a las defensas y que también mucho tiene que ver con las decisiones tomadas en los últimos meses por la Audiencia en otras piezas de los ERE en las que también han quedado archivados los cargos contra exaltos cargos de la Junta. Así ocurrió por ejemplo con el exconsejero de la Junta Antonio Fernández, que dio pie a una primera decisión de la Sección Séptima en mayo pasado, que tuvo su continuación en otras piezas incluso más destacadas como la de la Sierra Norte. La Fiscalía ya puso en duda recientemente lo que considera un “salvoconducto” para el exconsejero por parte de la jueza Bolaños, ratificado por la Audiencia, pero en cuyo argumentación ésta ha insistido en otras resoluciones respecto a otros exaltos cargos.
La Fiscalía había pedido a la jueza en la pieza de la Faja Pirítica que recogiera “expresamente la participación de los investigados en los hechos de apariencia delictiva propuestos, sin incluir los relativos al denominado procedimiento específico”. Pero Bolaños entiende de nuevo que los exaltos cargos deben ser juzgados una sola vez por los ERE, para no vulnerar el principio non bis in idem, por lo que estima su recurso y archiva la pieza en su contra, argumentando que fueron imputados “por su conocimiento del uso de este sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario”, una cuestión que ya se está determinando en el juicio del procedimiento específico que se juzga estos días según argumenta la jueza, que incide en seguir investigándolos “supondría una persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”.
El tribunal de la causa del 'procedimiento específico' de los ERE tomó el miércoles la decisión de continuar este lunes con las cuestiones previas por la petición unánime de todos los letrados personados, que han solicitado tiempo hasta ese día para estudiar las impugnaciones a dichas cuestiones previas.