TRIBUNALES

Un exdirectivo de la Junta de Andalucía reconoce haber pagado 32.000 euros en prostíbulos con dinero público

Fernando Villén, ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha reconocido como ciertos los gastos en prostíbulos, hasta en diez ocasiones entre 2004 y 2010 y por valor de 32.566 euros, con cargo a la tarjeta de crédito con dinero público de la que disponía en la Faffe. Esos gastos “siempre y en todos los casos” los devolvió al ser consciente de que eran “injustificables” en el marco de su “actividad comercial”, que en aquellos casos acabó por la noche en esos locales. “Todo uso indebido lo devolví”, ha insistido. “Me arrepiento muchísimo”, ha asegurado al reconocer aquellos pagos.

El juicio con jurado presidido por Mercedes Alaya ha arrancado este lunes, justo después de las elecciones municipales. En principio había sido fijado para la semana pasada aunque la Audiencia de Sevilla accedió a posponerlo a instancias de las defensas. Este procedimiento judicial no ha estado desprovisto de la política antes de unos comicios puesto que, cuando arrancaba la campaña electoral para las andaluzas de diciembre de 2018, el PP desvelaba a las puertas de uno de esos clubes que cerca de 32.000 euros en total se habían abonado en prostíbulos en virtud de un atestado de la Guardia Civil. Los populares, una semanas después, alcanzarían por primera vez la Junta de Andalucía. Esta vez, el primer día de juicio ha coincidido con el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 23 de julio.

La ex directora económica financiera de la extinta fundación pública, Ana Valls, declarará el martes. Ambos están acusados de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, representado por Fernando Soto, solicita seis años de cárcel para Villén y cuatro para Valls. La Junta ejerce la acusación particular y el Partido Popular la acusación popular.

“Me arrepiento profundamente”

Villén ha justificado su presencia en esos prostíbulos en que fueron “en diez días de los 2.890” en que estuvo al frente de la fundación (entre 2003 y 2011), derivada de encuentros “con clientes o personas con interés en entablar relaciones con la Faffe” y que, durante su etapa, sirvió para alcanzar “acuerdos” por valor de “40 millones de euros”, al margen las subvenciones de la Junta ya que estas “no daban margen y había que justificarlas todas”.

El principal acusado, que no ha querido responder “por consejo de su abogado” a las preguntas del abogado del Partido Popular, ha reconocido que era “consciente” de pagar con la tarjeta de la Faffe y, preguntado por el fiscal acerca de un pago de más de 14.000 euros el 23 de marzo de 2010 en un club de alterne de Sevilla, ha expresado que en aquella ocasión “la explicación la pedí yo” porque, según ha explicado, la tarjeta tenía un tope de 3.000 euros, y decidió pagar el dinero “en metálico por caja para evitar complicaciones en su casa.

“Seguramente” aquella noche sacó la tarjeta hasta 15 veces, ha reconocido a preguntas del fiscal. “Tuve que pedir un préstamo a un amigo, metí el dinero en un sobre y se lo di al chófer para que se lo llevara al local al día siguiente”, ha declarado el acusado sobre el procedimiento que siguió para devolver aquella cantidad, anulando los cargos en la tarjeta oficial de la Faffe al saber que eran gastos “indebidos”, según ha insistido a preguntas de las acusaciones y de las defensas, incidiéndose en que no constan en las actuaciones las justificaciones que con posterioridad abonaba Villén. “No las recuerdo”, ha dicho escuetamente el acusado.

Villén ha señalado también que este procedimiento judicial le ha conllevado “una depresión muy grande” y que le ha afectado mucho a su vida personal y social. “Me arrepiento profundamente”, ha confesado algo emocionado acerca de aquellos pagos. Las partes le han ido mostrando algunas de las facturas y pagos con cargo a la Faffe, como una comida de Feria para la cual se preparó una “caja extraordinaria” con la que se abonó un encuentro con fines comerciales.

“La gran orgía”

Durante la primera jornada del juicio, que se alargará hasta el 12 de junio en que se conocerá el veredicto, las partes han expuesto en primer lugar sus alegaciones. El fiscal ha dicho que Villén “gastó más de 32.500 euros del dinero de todos los andaluces en prostitutas”, hasta en “diez ocasiones”, fundamentalmente de Sevilla y Cádiz, la última en un local de la capital hispalense donde gastó “más de 14.000 euros”. “La tarjeta la sacó un total de 43 veces, 15 de ellas en esa última noche”, ha resumido el fiscal, citando lugares como Don Angelo, La Casita, Top Show Girls o Sala Deluxe. Tanto Villén como Valls “idearon un sistema de cajas para ocultar esos pagos”, ha explicado el fiscal al tribunal del jurado, “inventando viajes, facturas y anticipos para justificar” la devolución de esos gastos “y para que las cuentas cuadrasen”. “Hasta que los descubrió la Guardia Civil”, ha insistido.

“La gran orgía de la noche de 22 al 23 de marzo de 2010 fue de tal calibre que intentó simular en el banco que había perdido la tarjeta y que alguien la habría usado y había gastado 14.000 euros”, ha relatado el fiscal, quien ha detallado también la “devolución” de otros dos gastos también en prostíbulos que “nunca se han justificado ni devuelto a las cajas ni fue apuntado en la contabilidad” de la Faffe, creada para promover el empleo y cursos de formación, cabe recordarlo.

La abogada de la acusación particular de la Junta de Andalucía ha expuesto que la administración es “la principal perjudicada” del proceso judicial al tratarse de “un capital de todos los ciudadanos”, haciendo hincapié en que el dinero “no ha sido devuelto a las arcas públicas”. La Junta no acusa a Valls de malversación, a diferencia del Ministerio Fiscal.

“No estamos en un juicio moral”

Por su parte, el representante del PP, que ejerce la acusación popular, ha repasado la investigación en torno a este “caso de corrupción”, destacando que las acusaciones de Fiscalía, Junta y PP coinciden en el relato de los hechos y con base a los informes de la UCO de la Guardia Civil, desde donde se analizaron todas las informaciones que se fueron descubriendo, según ha explicado al jurado, siendo reprochado por la jueza Alaya por no limitarse a exponer en exclusiva sus alegaciones. El letrado ha calificado el caso como “el gasto más grosero e inimaginable del dinero público”, situándolo en contexto de la situación de crisis económica en esos años.

El abogado de Villén, Adolfo Cuéllar, ha recordado al jurado el principio de presunción de inocencia de los acusados y ha calificado de “legales y públicos” los locales a los que supuestamente habría accedido su representado. “No estamos en un juicio moral”, ha insistido, ciñéndose a los hechos por los que vienen acusando Fiscalía, Junta y PP, y que, en su opinión, no debería haber sido objeto de un juicio con jurado “por su complejidad”.

La tarjeta objeto de las acusaciones “servía como anticipo” de “gastos injustificables”, en aquellos casos “moralmente deplorables”, ha indicado el abogado de Villén. “Pero esa no es la cuestión jurídica, sino la devolución del dinero”, que “era entregado a la señora Valls”. “Se repusieron esas cantidades. Todo se debe a una mera especulación y todo el dinero se devolvió”, ha argumentado Cuéllar, “y corresponderá a la acusación argumentar lo contrario”, puesto que la Intervención General, la Cámara de Cuentas y el auditor de cuentas examinaban esos movimientos con “informes favorables”.

Manuel Salinero, abogado de Ana Valls, ha destacado ante el jurado la “completa inocencia” de su representada, advirtiendo al jurado de que intentará colaborar en que el juicio no se convierta en un “auténtico petardo” a tenor de las “tecnicidades” que se prevén en estos próximos días, resaltando “errores” en los informes de la Guardia Civil en los que se apoyan las acusaciones. Valls fue “totalmente ajena a esos gastos reprochables” por parte del que “fue su jefe durante un periodo de tiempo”. “La UCO ha seguido un proceso insostenible”, aludiendo incluso a una “maquinación” para inculpar a su representada, ha comentado el letrado.

Apertura del juicio

En el auto de apertura de juicio oral contra Villén y Valls, emitido hace poco más de un año, el juez de refuerzo de Instrucción 6 relataba que Fernando Villén, “prevaliéndose de su cargo como director técnico” de la Faffe, “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados), utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señaló que, en total, el acusado “habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe”, añadiendo que, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos”, “en connivencia” con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, “habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que, “en los libros diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

Reposiciones en metálico

En este sentido, el magistrado exponía que, “a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.'”, según señaló el juez en aquel auto.

El juez analizaba cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada Ana Valls “habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” Villén, “pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos”.

“Mecánica delictiva”

Al hilo, señala que la acusada, “en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.

Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera “injusta y arbitraria”, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos; siendo además investigado por la “contratación irregular, injusta y arbitraria” del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.