Las exigencias de Vox dejan en el aire el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos para Andalucía

Tras casi seis horas de reunión con un mutismo absoluto, la dirección nacional de PP y Vox han terminado sin un acuerdo específico que garantice definitivamente el cambio de Gobierno en Andalucía. El documento con las 19 exigencias de la formación de Santiago Abascal al PP dejado en el aire un acuerdo que desde Andalucía se daba por cerrado en la mañana del martes. Este miércoles estaba previsto que los líderes andaluces de PP y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín, tuvieran una última reunión en el Parlamento andaluz -de nuevo asistidos por los secretarios generales de sus partidos, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas- para cerrar los últimos flecos de la estructura de un Gobierno de coalición, el primero de centro derecha en Andalucía tras 36 años y medio del PSOE en el poder.

La dirección nacional del PP ha anunciado, tras la reunión, que volverán a reunirse con los dirigentes del partido ultraderechista este miércoles, a las 9.30 horas, en un encuentro en el que no está convocada la prensa. Esta reunión se produce sin descartar que el encuentro entre Moreno y Marín para anunciar el pacto de Gobierno termine celebrándose por la tarde en Sevilla.

Vox ha roto por completo el guión. La ultraderecha ha sorprendido a los populares -en Madrid y en Sevilla- con un ramillete de propuestas que obligan al PP a escorarse en una posición radical y abandonar el centrismo ideológico que han tardado años en ocupar (sobre todo y muy signifivativamente en Andalucía) a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. Vox exige al PP que su candidato a la Presidencia de la Junta abandere el desmantelamiento del Estado de las Autonomías, empezando por la renuncia del autogobierno de Andalucía que se conquistó entre el 4 de diciembre de 1977 -con cientos de miles de andaluces en las calles manifestándose a favor de una autonomía plena- y el 28 de febrero de 1981, a través de un referéndum en el que los andaluces votaron masivamente su propio Estatuto de Autonomía.

La devolución de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al Estado, la derogación de la ley contra la Violencia de Género, de la ley de Igualdad de trato entre hombres y mujeres, de la ley a favor de los derechos del colectivo LGTB y contra la homofobia y de la ley de Memoria Histórica, así como la exigencia de deportar a 52.000 inmigrantes que, según Vox, están asentados ilegalmente en Andalucía y a los que la Junta encubre en vez de “denunciar” ante la Policía. El documento de Vox ha sido calificado por la dirección de Pablo Casado como un “despropósito inaceptable”. La ejecutiva del PP andaluz ha entrado en pánico. Varias fuentes consultadas admitían que “no daban crédito” por lo “estrafalario” de algunas de las propuestas del partido ultraconservador, y las relacionaban directamente con “ignorancia, falta de documentación o un interés específico por dinamitar el cambio de Gobierno en Andalucía”.

Aún así, la reunión entre García Egea y su homólogo de Vox, el secretario general Javier Ortega Smith, se ha prolongado hasta bien entrada la noche. Seis horas en las que las direcciones andaluzas del PP y de Ciudadanos han permanecido en vilo, con muy poca información concreta, y sin saber si su acuerdo de Gobierno fundado en 90 medidas ya pactadas había descarrilado o aún podía sobrevivir. El final de la reunión no ha respondido a esa pregunta. PP y Vox vuelven a encontrarse este miércoles para “seguir negociando”, pero el margen de tiempo es muy estrecho. Moreno y Marín esperaban cerrar su acuerdo de Gobierno antes del jueves a primera hora, cuando la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, inicie la ronda de contactos con los portavoces de los cinco partidos con representación, requisito previo para proponer a un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta.

Bosquet, la diputada de Ciudadanos elegida por PP, la formación naranja y Vox para presidir la Cámara legislativa, tiene que sopesar si propone la primera investidura a Moreno o a la socialista Susana Díaz. Los dos han anunciado que se postularán para presidir el Gobierno andaluz, pero ninguno tiene hoy por hoy los apoyos necesarios en el Parlamento para que su candidatura salga adelante. La formación de Abascal sigue teniendo la llave para desbloquear la investidura y el documento impuesto al PP demuestra que sus aspiraciones van más allá de regenerar la política andaluza. Vox ha puesto a los populares contra las cuerdas, obligados a asumir postulados de la extrema derecha o a resignarse a una repetición de las elecciones andaluzas dentro de dos meses, en caso de que ningún partido logre formar Gobierno en esta comunidad.

Mientras el documento de Vox provocaba un terremoto interno en el PP y zarandeaba el acuerdo con Ciudadanos, en el bloque de izquierdas se ha abierto una posibilidad -mínima y difusa- para que PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) presenten una candidatura de consenso a la Presidencia de la Junta, en caso de que los tres grupos de derechas no logren ponerse de acuerdo a tiempo.

Esta opción es remota, porque la coalición que lidera Teresa Rodríguez exige a los socialistas “un nombre de consenso”, que en realidad es un eufemismo para decir que Susana Díaz debe dar un paso atrás y ceder la candidatura en la investidura a otra persona. La gaditana y el líder regional de IU, Antonio Maíllo, aclararán este miércoles si aceptarían apoyar a otro candidato del PSOE o a una tercera persona, un independiente, que no milite ni con los socialistas ni en Adelante Andalucía. En cualquier caso, la alternativa de izquierdas se antoja difícil porque el PSOE no va renunciar bajo ningún concepto a que Susana Díaz sea su candidata. Reivindican que ha ganado las elecciones y que cuenta con más diputados y votos que el resto de grupos en la Cámara, mientras que la alianza Podemos-IU es la que proporcionalmente más apoyos perdió en las elecciones del 2 de diciembre, desplazada a la cuarta posición con 17 diputados (el PSOE cuenta con 33)

La sintonía entre PP y Ciudadanos en Andalucía les ha permitido, hasta ahora, cerrar un acuerdo de Gobierno con 90 medidas de regeneración democrática, rebajas fiscales, modernización de las políticas públicas y la Administración y dinamización de la economía. Luego, los dos grupos conservadores han seguido negociando para cuadrar la estructura de un Gobierno de coalición en el que Moreno ocuparía la Presidencia y Marín la Vicepresidencia. En las últimas horas habían pactado ya un reparto de carteras al 50% -entre 10 y 12 consejerías (ahora hay 13)-, quedándose el PP con Presidencia, Hacienda, Sanidad o Agricultura; mientras Ciudadanos inauguraba el departamento de Regeneración Democrática, desgajaba Administración Pública de la cartera de Hacienda, controlaba Economía y Empleo, Fomento y Vivienda, y una consejería unificada para Educación y Universidades. Nada estaba del todo cerrado, porque incluso las mismas consejerías, aun con los mismos títulos que en el anterior Gobierno socialista, ahora tendrán un reparto de competencias diferente (hay trasvases de secretarías generales y direcciones generales).

En estos detalles técnicos estaban los dirigentes andaluces de PP y Ciudadanos cuando ha llegado el terremoto de Vox. Entre las propuestas que el PP ha recibido durante la reunión con los de Abascal está el compromiso del futuro presidente de la Junta a renunciar al autogobierno de Andalucía, blindado en el Estatuto de Autonomía (con rango de Ley Orgánica, avalado por el Congreso de los Diputados y por el sí mayoritario de los andaluces en un referéndum).

Además, para apoyar al PP, Vox exige al futuro Ejecutivo andaluz que renuncie a las competencias en Educación y Sanidad, que derogue leyes de género y que quite ayudas a las asociaciones. Según Génova, este tipo de propuestas demuestran que el partido de Santiago Abascal “no quiere un acuerdo” en Andalucía y tachan de “inaceptable” el documento de Vox.