El éxito de las protestas en Málaga y Cádiz por la escasez de vivienda asequible y la masificación turística ha cambiado el paso a los políticos en las últimas semanas. La cuestión, presente desde hace años en la conversación cotidiana pero con escasa incidencia electoral, es ya asunto central de la agenda en ciudades como Málaga, Cádiz o Sevilla, y ha obligado a ministros, consejeros autonómicos y ayuntamientos a posicionarse. Todos están recalibrando su postura; con escaso éxito, vista la polvareda levantada por las declaraciones recientes de la ministra Isabel Rodríguez (PSOE), o del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP).
El empaque de las protestas del 29 de junio, más transversales de lo habitual, ya obligó al Gobierno andaluz a improvisar una respuesta que pusiera a salvo al turismo (la “gallina de los huevos de oro”, según el consejero) de la furia ciudadana. Pasado ya un mes, este martes, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha presentado este martes un anteproyecto de ley de vivienda con el que busca, dice, aumentar la oferta y hacer frente a los efectos de la “nefasta” ley estatal. Ahora se abre un plazo de dos meses para presentar alegaciones. El proyecto definitivo no llegará al Consejo de Gobierno antes de marzo de 2025 y la ley difícilmente podrá ser aprobada antes del próximo verano.
La propuesta llega con el eco de sendas declaraciones, a izquierda y derecha, que demuestran que la vivienda en Andalucía es, ahora mismo, material explosivo que exige manejarse con el temple de un artificiero.
El último en comprobarlo fue Francisco de la Torre, entrevistado por Sur este domingo. “¿Qué le diría a esas personas que se lamentan de que se les está expulsando de la ciudad?”, le preguntaron. “No expulsamos a nadie, siempre hemos ido creciendo en habitantes. Es difícil analizar qué parte de lo que crece es gente de Málaga o gente que viene de otros lugares (…) Si hay una buena movilidad, con un buen transporte público y con buenas carreteras, ese hecho de no vivir en Málaga tiene una importancia relativa”, replicó el alcalde.
La respuesta, que literalmente “relativiza” la importancia de que quienes viven en Málaga ya no puedan hacerlo, generó un aluvión de reacciones en redes sociales y trascendió al ámbito local. Daniel Pérez, portavoz del PSOE, acusó al alcalde “indolente” e “insensible”, y lamentó que “vea como algo normal que los malagueños sean expulsados de su ciudad por la especulación inmobiliaria”: “Es como si viviera en otra galaxia”. También Toni Morillas (Con Málaga) le pidió una rectificación para que “vivir en Málaga sea un derecho y no un lujo para los malagueños”.
Málaga está creciendo y ganando habitantes, pero el crecimiento lo asume la población extranjera: 31.377 jóvenes entre 25 y 40 años y 5.310 niños y niñas de entre 0 y 10 abandonaron la ciudad de 2015 a 2020, según un informe de 2022 elaborado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU, dependiente del ayuntamiento).
Desde entonces, los precios de la vivienda se han disparado, lo que permite intuir que la tendencia va a más: según Idealista, el precio medio de la oferta en alquiler ha pasado de 10,4 euros por metro cuadrado (junio de 2022) a 14,5 (junio de 2024), un crecimiento del 39% en dos años, que parece lejos de allanarse. En venta, el precio medio en oferta es un 35% más caro en dos años. Málaga es la quinta ciudad de España con la oferta de alquiler más cara, pero tiene una de las rentas netas media por hogar más bajas, apenas 31.612 euros, muy por debajo de las que la preceden (Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián).
Basta un paseo por un portal inmobiliario para comprobar cómo se pretende alquilar pisos de apenas 55 metros cuadrados y una habitación en La Goleta (zona históricamente humilde) por 1.400 euros. Este miércoles, sólo siete pisos (de 1.359 ofertados en Idealista) bajaban de 750 euros al mes.
Las declaraciones del alcalde no son las únicas en las que se entrevé el desconcierto por cómo tocar las teclas adecuadas de la vivienda y el turismo sin desafinar en algún momento. El viernes, la ministra de Vivienda trazó en Málaga la línea entre el alza de los precios y las viviendas turísticas, pidiendo su prohibición en Málaga.
Sin embargo, acabó desviando el tiro y la atención. “Si los malagueños no tienen un lugar donde vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles?”, se preguntó, provocando un aluvión de críticas por apoyarse, nuevamente, en el marco extractivista del territorio y sus recursos y categorizar al “autóctono” como mano de obra a disposición del visitante. No fueron unas declaraciones sacadas de contexto ni improvisadas: la propia ministra, que es portavoz del Gobierno, las destacó al tuitear su intervención en Málaga, amplificando de paso su alcance en redes sociales.
En la última campaña electoral, la oposición de izquierdas ya convirtió la falta de vivienda en su principal argumento para destronar al invicto De la Torre (alcalde desde el año 2000), cuestionando de paso su modelo de ciudad, basado en generar una marca atractiva hacia el exterior, y los estímulos a la llegada de turistas y empresas, principalmente del sector tecnológico. El efecto electoral fue nulo, y De la Torre recuperó en 2023 la mayoría absoluta que perdió en 2019. La sensación, sin embargo, ha cambiado. “Tenemos la sensación de que al fin hemos puesto el tema encima de la agenda política”, decía Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
En su entrevista, el alcalde decía sentirse “preocupado” por quienes ganan 1.400 euros y no pueden permitirse pagar 800 por el alquiler de un piso de dos habitaciones, pero también subrayaba la transformación de Málaga en una gran urbe, en la que no todos podrán vivir en el núcleo y tendrán que volver la vista al área metropolitana.
Es una realidad ya vigente. En veinte años, pueblos vecinos como Rincón de la Victoria, Cártama o Alhaurín de la Torre han duplicado su población, hasta rondar o superar los 50.000 habitantes. La tendencia apunta ahora a pequeños municipios rurales con buena conexión por carretera, como Villanueva del Rosario, donde se ha creado una singular colonia alrededor de una residencia de artistas, o de la costa oriental de Málaga, como Caleta de Vélez, Algarrobo o Torre del Mar, en la Axarquía.
El riesgo es extender a estos núcleos las dinámicas alcistas de la capital, en una provincia con las mayores expectativas de crecimiento poblacional de España: las proyecciones del INE fijan un horizonte con un 21% más de habitantes en 2039, superando los dos millones ya en 2031.
Este martes, el alcalde se ha ratificado en sus declaraciones, insistiendo en la importancia de la “movilidad” en toda la zona. “Al final es una elección libre de la gente. ¿Encuentro lo que yo quiero y sueño en Málaga? ¿Encuentro lo que yo sueño para vivir mejor en otro sitio? Y lo decide libremente. Lo que tenemos que procurar es que haya oferta abundante en todos los sitios”.
En ese contexto, es capital mejorar de la movilidad eliminando los cuellos de botella en los accesos a la capital, un asunto irresuelto: los atascos en el acceso oriental por la A-7 son continuos, y la frecuencia del Cercanías hacia la costa occidental y Álora/Pizarra siguen siendo bajos. De ahí, la importancia de la reunión de casi una veintena de alcaldes y alcaldesas con el secretario de Estado de Transportes, en la que se obtuvo el compromiso de estudiar, al fin, el tren que una (idealmente) todo el litoral de Algeciras a Nerja, así como otras opciones de mejora de la movilidad.
Este martes, la Junta de Andalucía ha irrumpido en el debate presentando el anteproyecto de una Ley de Vivienda que, según ha dicho la consejera Rocío Díaz, busca poner más vivienda asequible en el mercado, promover la de protección oficial y hacer frente a la “nefasta” Ley de Vivienda estatal, aprobada hace apenas un año y que Andalucía no aplica tras recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Para el Gobierno de Moreno, hay un problema de oferta. Plantea construir más, también en suelos reservados a usos terciarios (servicios) o dotacionales (calles, zonas verdes), que podrán destinarse ahora a construir viviendas de protección oficial sin necesidad de modificar los planes urbanísticos, incrementando además el volumen de edificabilidad.
El objetivo es que este plan de choque permita alcanzar las 20.000 VPO en los próximos años. De 2019 a 2023 se han certificado unas 10.000, pero capitales como Málaga, con el mercado especialmente tensionado, apenas visaron 68 en el último año. Otra de las medidas que contempla el anteproyecto es delimitar áreas prioritarias de actuación donde las dificultades de acceso son mayores.
Colabora con la independencia de elDiario.es y elDiario.es Andalucía. Contigo, es posible. Hazte socia o socio de elDiario.es y apoya a la redacción en Andalucía desde este enlace. ¡Muchas gracias!