La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, una medida cautelar que “tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta”.
Alaya impone además una fianza civil de 22,1 millones de euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8,8 millones al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa. En la resolución, contra la que cabe recurso, la juez concede a los tres imputados el plazo de una audiencia, a contar desde el siguiente día a la notificación del auto, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades si no se abona la fianza en dicho plazo.
Imputada ya por delitos de prevaricación y malversación, y habiendo defendido su gestión como “transparente y clara”, la jueza Alaya ha hecho declarar a Álvarez en un par de ocasiones en el caso de los ERE, siguiendo la recomendación de la Audiencia de Sevilla de que concretara su acusación respecto a los hechos que se investigan. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta solicitaron entonces medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce Manos Limpias pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones, más el tercio legal previsto.
Según los cargos que fueron imputados a Álvarez por parte de la jueza, como consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 “fue una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011”. A juicio de Alaya, dicho procedimiento “consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones, pues su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas”.
La instructora toma ahora como base para fijar la fianza civil las ayudas “efectivamente abonadas” hasta el 31 de diciembre de 2003, una cuantificación “realizada a groso modo” dado que su cargo “perduró hasta el 7 de febrero de 2004”, precisando que el importe de las mismas asciende a 177.408.775,22 euros. “Por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos, compartida principalmente con la Consejería de Empleo”, la jueza cuantifica la fianza civil referente a la exconsejera en 2/8 de dicha cifra, lo que son 22.176.096,90 euros más el tercio legal previsto, dejando claro que la participación atribuida a la exministra “igualmente se aprecia en otros miembros de su Consejería, como el viceconsejero, el secretario general técnico y el director general de Presupuestos, así como de los responsables de la Consejería de Empleo --consejero, viceconsejero, secretario general técnico y director general--”.
Modificaciones presupuestarias
La exconsejera solicitó a la propia Audiencia que declarara nulo el auto de la jueza en el que la imputaron junto a otros 19 altos cargos y exaltos cargos de la Junta dictado el pasado 28 de junio, por vulnerar su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y provocarle indefensión.
Alaya considera ahora que las subvenciones “concedidas al margen de su procedimiento legal” se habrían convertido “en desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad”. La jueza dice que “se podría afirmar que el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos no era responsabilidad de los inculpados” aludidos, “pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público el paso previo sería lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación” tanto de Magdalena Álvarez como de los otros dos exaltos cargos.
La jueza acusa de Magdalena Álvarez por su presunta participación en la tramitación de las modificaciones presupuestarias, aprobadas en varios Consejos de Gobierno, que dieron lugar a ayudas sociolaborales por valor de más de 250 millones de euros entre 2000 y 2004. La exconsejera argumentó ante la jueza que ella no inventó las transferencias de financiación sino que era una transposición de una normativa española que se usaba en otras comunidades autónomas.
La esperada declaración de la exconsejera, el pasado 8 de octubre, se vio de algún modo ensombrecida por el desarrollo de la continuación de la Operación Heracles por parte de la UCO. Se daba entonces la circunstancia de que alguno de los abogados que acudieron a la declaración de Magdalena Álvarez representaban a alguna de las personas arrestadas o cuyos domicilios se estaban registrando, llegando a preguntar a la prensa en algún receso “qué hay de lo mío”, dada la coincidencia entre la operación de la UCO y la declaración de Álvarez.
Auto del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla del 11 de marzo de 2014