El proyecto de Presupuestos andaluces para 2022, que han empezado a negociar PP y PSOE, incluye ya el primer impacto en la recaudación de la reforma fiscal pactada cinco meses antes por los tres partidos que sostienen al Gobierno de Juan Manuel Moreno: PP, Ciudadanos y Vox. La proposición de ley de Tributos Cedidos, que previsiblemente superará el debate de totalidad en el Parlamento este miércoles, contempla una bajada de todos los impuestos autonómicos, con una merma estimada en la recaudación de 329 millones de euros, según su memoria económica.
Los socialistas andaluces, de la mano de su nuevo líder, Juan Espadas, transitan una delgada línea roja, complicada de entender en términos discursivos: el miércoles votarán en contra de la Ley de Tributos Cedidos, “sin que ello sea un impedimento para facilitar la aprobación del próximo Presupuesto”, explican fuentes del grupo parlamentario socialista. El PSOE pone el acento en el capítulo de gastos, convencido de la “oportunidad excepcional para Andalucía” que van a brindar los fondos europeos Next Generation. A cambio, está dispuesto a hacer la vista gorda en el capítulo de ingresos, a falta de conocer el impacto real que tendrá la política fiscal de PP, Cs y Vox en las cuentas públicas.
Algunas de las rebajas impositivas que contempla la futura ley ya se han aplicado este año, como la reducción al 7% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al 1,2% en el de Actos Jurídicos Documentados. La Junta aceleró su entrada en vigor el pasado abril a través de un decreto ley específico para incentivar la compra-venta de viviendas antes del verano. Fue el primer apartado de la Ley de Tributos Cedidos que entró en vigor por la vía urgente -con el rechazo frontal del PSOE y Adelante Andalucía- y, según los datos de la Consejería de Hacienda, “ha supuesto un incremento de la actividad económica en el mercado inmobiliario andaluz, colocándose por encima de la media nacional”. “Perdemos en tributación, pero hemos ganado en operaciones de venta de inmuebles que a la larga producen más recaudación. Con Aznar y con Rajoy, esto funcionó”, explican estas fuentes.
Otro de los aspectos de la Ley de Tributos Cedidos es la nueva reducción del tramo autonómico del IRPF que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y tendrá efectos en la declaración de la renta del contribuyente en 2023 y en las arcas públicas en 2024. Esta rebaja se suma a otra anterior dirigida a tramos de rentas más altas -por encima de 60.000 euros-, que también fue consensuada por las tres derechas y que ya tuvo un impacto en la recaudación de los actuales Presupuestos en vigor. El PSOE lo considera “un regalo fiscal para los más ricos”.
La bajada de impuestos fue el leit motiv principal de la campaña electoral de Moreno en 2018 y uno de los frontispicios ideológicos del PP, convencido de que una menor carga fiscal deja más dinero en los bolsillos del contribuyente, más consumo, más actividad económica y, por ende, más recaudación. Los socialistas, en cambio, niegan de plano los beneficios de la llamada curva de Laffer. Esta discrepancia fundamental entre una política económica liberal y otra socialdemócrata no ha impedido que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se sienten a negociar el primer gran acuerdo político para sacar adelante los Presupuestos andaluces de 2022, donde la incidencia de las rebajas tributarias pactadas por PP, Cs y Vox a lo largo de la legislatura es ya palpable.
Esa negociación entre el Gobierno andaluz y el principal partido de la oposición ha abierto un incierto escenario político, pero aún está en fase muy preliminar. Los socialistas han recibido uno de los cuatro bloques que conforman el Presupuesto de 2022 -el anteproyecto de ley-, y en él no aparecen nuevas modificaciones normativas en materia fiscal, porque la Ley de Tributos Cedidos se aprobará en el Parlamento antes, y entrará en vigor el 1 de enero, en paralelo al nuevo ejercicio presupuestario.
Ni el PSOE ni el resto de grupos de la oposición conoce aún la memoria de previsiones económicas que acompaña al proyecto de Presupuestos -el planteamiento político para todo un año, las prioridades de gasto, etc- y, sobre todo, no conocen el capítulo de ingresos -donde debe constar la caída de la recaudación por efecto de la rebaja fiscal- y el capítulo de gastos, donde aparecerá la apuesta del Gobierno por los servicios públicos, la inversión y los proyectos europeos.
La autonomía fiscal de las comunidades autónomas está muy limitada. En los dos primeros años del Gobierno de Moreno, la bajada de los impuestos cedidos apenas han supuesto una merma de 89 millones de euros a las arcas públicas, del total de 2.100 millones en materia tributaria que gestiona la Junta, según consta en los dos últimos ejercicios presupuestarios. Estas cifras son una porción mínima del Presupuesto de Andalucía, que en el presente ejercicio alcanza los 40.188 millones de euros, y que en 2022 será aún más expansivo gracias a la inyección de los fondos Next Generation.
La nueva ley de tasas públicas, que actualiza los precios de algunos servicios que cobra la Junta, así como la citada ley de Tributos Cedidos se debaten este miércoles en el Pleno del Parlamento. En ambas ha participado de forma proactiva Vox, partido de extrema derecha que ha dado estabilidad al Gobierno de Moreno hasta hoy -apoyando los tres presupuestos autonómicos de la legislatura-, pero que ahora se sitúa en una clara línea de ruptura con el PP y de confrontanción preelectoral. La formación de Santiago Abascal no tiene previsto apoyar las cuentas del año que viene, pero sería toda una sorpresa que retirase su apoyo a la reforma tributaria que ellos mismos negociaron y pactaron con el PP y con Cs hace sólo cinco meses. De aquella negociación, queda la extravagante imagen de dos proposiciones de ley idénticas registradas en la Cámara, una con la firma de PP y Vox y otra con la firma de PP y Cs.
A pesar del marco de entendimiento entre Moreno y Espadas, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, aspira aún a negociar de forma “preferente” con Vox, puesto que es el partido que ha dado estabilidad al Gobierno andaluz en esta legislatura, y se le debe esa “lealtad”. Con el PSOE, el escepticismo es notorio. “Ya lo intentamos el año pasado y no avanzamos. En el Presupuesto hay poco margen para la negociación. Más del 70% es dinero ya comprometido en nóminas de empleados públicos”, explican fuentes de la Consejería de Hacienda, aunque reconocen que “la coyuntura política es distinta”.
Espadas quiere desgajar el debate sobre la bajada de impuestos de este miércoles de la futura Ley de Presupuestos Autonómicos, para no poner en peligro su negociación con Moreno. En la práctica esto es difícil, porque una rebaja integral de los gravámenes que gestiona la Junta -además de ser bandera identitaria del PP en Andalucía y en Madrid- tiene un impacto directo en el capítulo de ingresos de los Presupuestos. Las cantidades no equivalen a una “revolución fiscal”, como publicita el PP en sus territorios, pero es otro paradigma político del que la derecha hace bandera y, en ese sentido, obliga al PSOE andaluz a caminar de puntillas sobre un suelo de cristales. Unidas Podemos, por ejemplo, lo interpreta como un acto de “incoherencia”, aunque sus portavoces, Toni Valero (IU) y Martina Velarde (Podemos), se han conjurado para focalizar sus esfuerzos de oposición contra el Gobierno de Moreno, no contra el PSOE.
En mayo, cuando el Parlamento debatió por primera vez la reforma fiscal pactada por las tres derechas, el PSOE estaba pilotado por Susana Díaz, y su portavoz parlamentario de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, cargó duramente contra este proyecto, calificándolo como “una tomadura de pelo a las clases populares”.
Ahora el PSOE está en manos de Espadas, que trata de reconducir su estrategia de oposición para ser “más constructivo”, y en esa nueva línea se enmarca su intento de pactar las cuentas de 2022 con el Gobierno del PP, pero encapsulando todo lo relativo a la política fiscal, con la que sigue estando radicalmente en contra . Los socialistas han presentado 66 enmiendas al articulado de la ley. En ellas, incluso se abren a “aceptar que en tiempos de crisis, como el actual, pueda aplicarse una rebaja fiscal, pero en favor de las clases medias, no de los ricos, como hace el Ejecutivo de Moreno”, explica Arellano.
El ex consejero de Hacienda en el último Gobierno de Díaz mantiene la crítica de hace cinco meses contra la bajada impositiva de la Junta, pero sin enmendar toda su política presupuestaria. En mayo, acusó al Ejecutivo de Moreno de ser “incapaz de gestionar abundantes recursos público, llevar a mínimos los tributos cedidos renunciando a la autonomía fiscal de Andalucía, trastocar los criterios de progresividad y equidad” reconocidos en la Constitución y el Estatuto, y “beneficiar a los más pudientes”.
Espadas ha hecho suya esta crítica voraz a la política fiscal de PP, Cs y Vox, pero no ve incompatible votar contra dicha rebaja tributaria y, llegado el caso, abstenerse en el debate final de Presupuestos si logra llegar a un consenso mínimo con Moreno. “No veo ninguna incongruencia respecto a la política fiscal, con la que estamos radicalmente en contra, porque no estamos hablando de votar a favor de las cuentas del PP, sino de valorar la situación excepcional que aportan la abundancia de millones de fondos europeos que gestionará Andalucía, para que defendamos la necesidad imperiosa de que haya unos Presupuestos que definan ese gasto, y en consecuencia, el PSOE no obstaculice la aprobación de los mismos”, subraya Ramírez de Arellano.
Con Espadas al frente, la crítica socialista a la rebaja fiscal ha incorporado matices que relativizan las consecuencias para las cuentas públicas: los socialistas siguen en contra de rebajar los impuestos por sistema para reactivar la economía, porque creen que el efecto inmediato será un perjuicio para la calidad de las políticas del Estado de bienestar: sanidad, educación, dependencia... Pero ahora ningunean el impacto real de la reforma fiscal que se vota este miércoles: “Es la reforma de la señorita Pepis”, dijo el viernes Espadas, sin contemplar su derogación en caso de que llegue a gobernar Andalucía. “Al menos la cambiaría”, apuntó.
La reforma fiscal que pactaron PP, Cs y Vox en Andalucía está muy lejos del lema de campaña de Moreno en 2018, esa bajada masiva de impuestos, que el hoy presidente popularizó bajo las siglas “BMI”. La memoria económica que acompaña al texto que se presentó en abril preveía una caída total de ingresos de 329 millones de euros, apenas un 2% de la recaudación fiscal de Andalucía del año pasado (15.975 euros). El proyecto andaluz incluye bonificaciones tanto para las clases medias como para las rentas más altas, es decir, va a contracorriente de la reforma fiscal que tantea el Gobierno de Pedro Sánchez, más partidario de subir los impuestos a los que más tienen.
Hace dos semanas, Espadas se reunió con Moreno en su despacho del Palacio de San Telmo, sede de la Junta, durante casi dos horas, y le hizo entrega de una envolvente financiera en la que el presidente encontró “muchas coincidencias”. Su propuesta iba más allá del Presupuesto de 2022, planteaba un compromiso político “al menos a tres años”, consistente en pactar la equiparación salarial de médicos y profesores andaluces con la media nacional, algo que PSOE y PP llevan en su programa electoral.
“En materia fiscal no nos vamos a poner de acuerdo”, dijo el socialista al terminar su encuentro, pero se mostró “muy optimista” y aseguró que la dirección nacional del PSOE no le marcaba el paso ni le condicionaba a la hora de pactar con el PP andaluz. “Yo no negocio con las manos atadas”, aseguró. El acercamiento PP-PSOE en Andalucía se lee de forma similar en las sedes nacionales de ambos partidos. Los socialistas creen que beneficia a Sánchez, que la semana pasada compartió varios minutos de visible concordia ante las cámaras junto a Moreno y Espadas, durante un acto en Sevilla. “Le sirve para demostrar el aislamiento político de Pablo Casado en el Congreso, instalado en el no porque no a todo”, explican fuentes del PSOE.
Pero los populares tienen un relato parecido: creen que Casado puede usar el pacto PP-PSOE en Andalucía como ejemplo de entendimiento, “porque él focaliza el problema en la figura de Sánchez”. “Casado puede decirle al presidente del Gobierno que él apoyaría los Presupuestos del Estado si fuesen como los andaluces, que incluyen el impacto en la bajada de todos los impuestos impulsado por Moreno”, explican fuentes próximas al presidente andaluz. El pasado diciembre, el presidente nacional del PP visitó a Moreno en Sevilla, poco antes de la aprobación definitiva del Presupuesto de 2020, y lanzó este aviso: “A mí me gusta cómo se gobierna aquí, el Gobierno andaluz es el ejemplo de lo que tenemos que hacer a nivel nacional: menos impuestos, más consumo y mayor reactivación económica”, dijo Casado.
El anteproyecto de ley de Presupuestos para 2022 debe pasar por el Consejo de Gobierno antes del 31 de octubre, aunque en Hacienda admiten que van con “un retraso de dos semanas”. En los próximos meses, en paralelo al congreso del PSOE andaluz que ratificará el liderazgo de Espadas, y el congreso del PP-A, que encumbrará a Moreno, ambos partidos avanzarán en una negociación plagada de puntos ciegos e incertidumbre, y marcada por la estrategia electoral de ambos candidatos.
El socialista, aún alcalde de Sevilla, necesita ganar tiempo y visibilidad antes de las autonómicas. El popular ha consolidado su perfil moderado y autonomista, su diálogo con Espadas le aleja estratégicamente de sus socios de extrema derecha, y le permite disputar el centro al PSOE, que en 2018 se dejó a 400.000 votantes en la abstención. Dentro del propio Gobierno andaluz, el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, se ha posicionado en contra de la negociación entre Moreno y Espadas, y aboga abiertamente por prorrogar el Presupuesto en vigor.
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