Mientras que el PSOE, Podemos e IU han dejado claro que hay que desvincular el debate sobre el modelo de financiación de la “capacidad fiscal de los territorios”, C's persiste en reconocer esta premisa. Lo recoge en la propuesta que ha registrado este lunes en el Parlamento de Andalucía, dado que los cinco grupos negocian un posicionamiento común de la comunidad autónoma para este debate, y donde los socios de Susana Díaz abogan por una mayor autonomía fiscal de los territorios, desdoblando impuestos indirectos, en contra de los partidos a su izquierda, que temen que esto incremente las desigualdades.
En esta línea, C's reitera su empeño en estas diferencias entre territorios cuando aboga por “implementar más redistribución y equidad en el modelo”, para evitar que una vez aplicados los mecanismos de nivelación, una comunidad autónoma “receptora” neta de transferencias supere en financiación por unidad de población ajustada a una de las consideradas “aportadoras”.
El texto presentado por C's, que sólo usa la palabra “Andalucía” en su título y no concreta la “infrafinanciación” de la misma como han hecho PSOE, Podemos e IU, se concreta en una docena de propuestas que ya estaban incluidas, con ciertas actualizaciones, en el documento que hace tres años presentaron Albert Rivera y Jordi Cañas como diputados en el Parlamento de Catalunya. Ya lo avisó el líder de C's en Andalucía, Juan Marín: su formación defiende “lo mismo en todos los territorios”. El propio grupo parlamentario resume en una docena de propuestas, como eje de su documento.
Simplificar el modelo con dos fondos principales. En esto coinciden todos, si bien con distintas propuestas. De hecho, C's quiere un fondo encargado de la nivelación horizontal, en términos de financiación media por habitante ajustado a competencias homogéneas, y otro, de la vertical, con el objetivo de reducir la desigualdad entre los territorios, que será redistributivo, “pero no alterará el orden de la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma”.
Cambios en la población ajustada. Como PSOE, Podemos e IU, apuesta por introducir mejoras en la actual fórmula de necesidades de gasto por habitante, pero aporta como diferencia “incorporar una corrección por diferencias en niveles de precios entre los territorios”. Para el cálculo del coste de los servicios públicos, considera también conveniente que la formulación de las necesidades se elabore anualmente, con un indicador de población ajustada que recoja explícitamente las necesidades. No rechaza otras variables nuevas que han propuesto PSOE, Podemos e IU, como la valoración de la población de estudiantes de 0 a 18 años y la población en riesgo de pobreza o exclusión social.
Desdoblar el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Esta es la principal diferencia con el resto y ya ha sido defendida en otras ocasiones por C's. Se trata de establecer en dichos tributos (los más importantes) un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, eliminando los porcentajes de cesión que existen en estos momentos. Los dos tramos serían regulados de forma independiente por cada una, manteniendo el Gobierno de España la determinación de la base imponible y la gestión del tributo.
Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos. Derivado de lo anterior. Sin embargo, y dada la oposición de la UE a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, C's precisa que el poder de decisión para dicho desdoble “deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidad autónomas”. O sea, deberán fijar tipos uniformes para el conjunto del país.
Crear mecanismos de estabilización presupuestaria. Consciente como el resto de fuerzas de que la crisis ha hecho estallar las costuras del modelo, recoge también la necesidad de garantizar los ingresos cuando no sean años de bonanza, si bien no menciona expresamente -PSOE, Podemos e IU lo hacen- la creación de un fondo de reserva para concretar este compromiso.
Establecer la aportación efectiva de los regímenes forales vasco y navarro a la solidaridad interterritorial. C's propone con más claridad que otros que quiere “corregir el cálculo de la aportación navarra y cupo vasco, de manera que se haga más justa y trasparente con los intereses del conjunto de los españoles”. Cree que deberán contribuir “de forma más efectiva, no sólo con la compensación interterritorial, sino también con la financiación de los servicios públicos fundamentales”. No cuestiona la existencia de este régimen, “por ser plenamente constitucional”, pero sí su incorrecta aplicación. Esto reduce los ingresos de la Administración General del Estado (AGE) y, como consecuencia, “hay menos para las comunidades autónomas del régimen común”. Quiere que se actualicen los coeficientes para calcular el ajuste por IVA y que estos territorios participen “en la totalidad de los instrumentos de solidaridad del sistema”.
Reducir sustancialmente el periodo de dos años en la liquidación de las entregas a cuenta de los impuestos cedidos.
Fortalecer el papel de los organismos independientes de las administraciones que fiscalizan el estado de las cuentas para dar información, transparencia al sistema y recomendaciones.
Establecer una armonización del impuesto de sucesiones y donaciones con un mínimo exento elevado y tipos que irían en función del grado de parentesco, uno de los caballos de batalla de C's, que ha conseguido imponer una notable rebaja del tributo a la Junta de Andalucía hasta prácticamente su desaparición en el territorio.
Fijar también una armonización del impuesto sobre el patrimonio permitiendo que haya territorios que no lo apliquen sustituyéndolo por una declaración censal de los bienes de los contribuyentes (salvo los que tengan menos) para garantizar el control del fraude y la elusión fiscal.
Ley para fijar los elementos de cada impuesto hasta la determinación de la base liquidable, su carácter potestativo u obligatorio, y un rango para el establecimiento autónomo de las tarifas y, en su caso, deducciones. El objetivo es evitar la litigiosidad entre tributos propios y los nuevos que imponga el Gobierno de España, para lo que se aboga “por una mayor transparencia y coordinación”.
Otras consideraciones
Por lo demás, deja constancia en el documento del uso interesado que entiende que se ha hecho del modelo. “Esta legislatura hemos vivido un duro golpe a la democracia por parte de fuerzas independentistas que llevan alimentando un discurso victimista durante años. La respuesta a los separatistas pasa ineludiblemente por trabajar en un proyecto común renovado e ilusionante”, resume la formación de Albert Rivera. En definitiva, que una forma de acotar los debates y las tensiones sobre el reparto de recursos entre las distintas administraciones puede ser un acuerdo sobre cómo financiar el estado de bienestar.
Cuando se trata de evaluar los fallos del modelo, tras casi una década de aplicación, hay coincidencia con los diagnósticos de otras formaciones. Cita por ejemplo que es excesivamente complicado y poco transparente, que no ha garantizado la suficiencia de recursos, tampoco la equidad, que se han incrementado la asimetría del régimen general respecto a los modelos vasco y navarro, que hay un reparto arbitrario para mantener el statu quo… Pero C's agrega también que “desincentiva la autonomía y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas por el lado de los ingresos” y hace referencia a “la ausencia de reformas en los tributos íntimamente ligados a la financiación autonómica” (sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados), “que sólo algún mínimo retoque, habiendo quedado obsoletos”.
Otra diferencia importante con respecto a los textos registrados previamente por el PSOE, Podemos e IU, es la insistencia en la necesidad de establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas. Todo ello, para delimitar “cuál es el verdadero coste de esos servicios públicos y sí se cumplen los objetivos de los programas”. C's ha hecho bandera de esto y ha anunciado una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía para este trimestre. Es más, critica como una de las perversiones del modelo en vigor que “los dirigentes autonómicos evitan reducir los gastos superfluos, a base simplemente de culpabilizar al Gobierno de España”.
Por otra parte, mientras PSOE, Podemos e IU abogan por una reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), C's es más partidario de poner en marcha estructuras de coordinación y de trabajo, independientemente del mismo, en las que participen todas las comunidades autónomas y la AGE y en las que las primeras formen parte de los órganos decisorios.
Sí coincide plenamente con el resto, y especialmente con el PSOE, en que debe impulsarse el final del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la vuelta de las comunidades autónomas a la financiación de mercado. Como el PSOE, rechaza expresamente las quitas de deuda pública. Para esa vuelta a los mercados insiste en que los territorios implementen las reformas adecuadas que garanticen una mejor gestión de los servicios públicos, y en consecuencia la autonomía y suficiencia financiera futura.
Por último, C's se muestra partidario de intensificar la colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las autonómicas, para mejorar la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos y la lucha contra el fraude fiscal, que hay expertos que han cifrado en torno a 26.000 millones de euros y que sumarían a las cestas recaudatorias.