En ningún otro territorio como en Andalucía está tan incardinado entre la población el sentimiento de agravio del Gobierno hacia esta comunidad, la más poblada de España, la última en PIB per cápita. Eso sí, a lo largo de los años, ese sentimiento se ha manifestado siempre como un acto reflejo ante las pretensiones de otros -singularmente Cataluña- de ser y tener más que otros.
Forma parte de su relato histórico, de la lucha por el autogobierno pleno que a principios de los 80 se rebeló para no quedar descolgada del primer dibujo autonómico, en el que se había reservado un puesto preferente para Euskadi, Cataluña y Galicia. El “no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, que corearon un millón de andaluces manifestándose en las calles el 4 de diciembre de 1977; o el famoso “café para todos”, que popularizó hace más de 40 años el profesor Manuel Clavero Arévalo, ex ministro de la UCD, y “mentor” del actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
Ese legado andalucista ha pervivido hasta nuestros días, explotado como instrumento político por todos los inquilinos del Palacio de San Telmo -sede de la Junta de Andalucía- desde el socialista Manuel Chaves hasta el popular Moreno.
La llamada financiación “singular” para Cataluña, que negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes, ha vuelto a traer al presente ese discurso de “agravios frente a privilegios”. En realidad nunca ha desaparecido. Políticamente es un tigre durmiente que todos los dirigentes andaluces despiertan cuando más lo necesitan. En esta ocasión, todas las formaciones -excepto Vox, siempre apeada del Estado de las autonomías- se han apresurado para ser los primeros en levantar la voz, en una carrera a codazos por monopolizar el legado autonomista.
El Estatuto andaluz, más allá del catalán
Desde la reforma del Estatuto de Autonomía, en 2007, todos los gobiernos andaluces han dispuesto de una herramienta con rango de ley orgánica para reclamar al Estado más competencias -policía autonómica, cárceles, trenes de media distancia-, y pelear por la financiación correspondiente para gestionarlas, como acaban de hacer los catalanes, que tienen un Estatut muy similar al andaluz, pero cercenado por el Tribunal Constitucional.
Pero nunca se ha explorado ese ensanche competencial, al menos hasta que ERC ha reclamado al PSOE la gestión directa de los Rodalies. El revival del agravio hacia Andalucía pivota siempre contra los nacionalismos catalán y vasco, socios de legislatura con gobiernos del PSOE y del PP. Toca la fibra de la financiación y, a veces, de las competencias, pero suele obviar que el Estatuto de Autonomía de 2007 cambió el campo de juego e hizo a Andalucía más fuerte para defender sus reivindicaciones.
Estos días se escuchan palabras gruesas, pero pocas referencias al marco estatutario, que tuvo el consenso de socialistas y populares. Hoy, el PP de Moreno acusa a Pedro Sánchez de “condenar y discriminar” a Andalucía, y de “romper la igualdad entre territorios”.
Y el PSOE andaluz, consciente del riesgo de alto voltaje que representa este asunto, se ha movido por primera vez de su alineamiento acrítico con Ferraz y el Gobierno. “Los socialistas andaluces no van a aceptar ningún sistema de financiación que afecte a Andalucía y que no reconozca la singularidad de nuestra tierra”, ha advertido Espadas. En la última semana lo ha repetido siete veces, incluido durante su último cara a cara con Moreno en la sesión de control al Gobierno del pasado jueves.
No cometer el error de la amnistía
Quienes hoy pilotan el maltrecho PSOE de Andalucía no quisieron o no supieron sacar las uñas contra la ley de amnistía que beneficiará a los responsables del órdago secesionista catalán. Algunos se las afilaron y mascullaban, en privado, que aquello tenía mal encaje entre el electorado socialista andaluz.
Pero lo máximo que se escuchó, una vez pasado por el tamiz del argumentario del PSOE federal, fue que había “faltado pedagogía” para explicar que aquella decisión no era (sólo) a cambio de los siete votos de Junts para investir presidente a Sánchez, sino una respuesta política de largo alcance para poner fin a los años bárbaros del procés (antes, durante y después de la declaración unilateral de independencia).
Esos mismos dirigentes del PSOE andaluz, con Espadas a la cabeza, se han puesto firmes al ver llegar, como un transatlántico sin freno a puerto, el embrollo de la “financiación singular” de Cataluña. “¡Café para todos!”, se han apresurado a gritar esta vez, replicando el lema que usó Clavero hace 40 años.
Esta vez, los socialistas no quieren tropezar en la misma piedra. “Esto no se arregla con pedagogía, sino con dinero”, avisa un veterano del PSOE-A. “El run run de la amnistía se apaga, no es algo que mantenga el pellizco a un vecino de Cádiz o de Triana. Pero escuchar al presidente andaluz repetir ”Cataluña nos roba“ todos los días es algo que aquí cala y sienta mal”, asegura, tras recordar que Andalucía sufre una tasa de paro estructural y el nivel de renta per cápita más bajo del país.
El mismo análisis, casi palabra a palabra, hace un alto dirigente del PP andaluz. Las 11 comunidades gobernadas por los populares enviaron este martes una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano multilateral al que compete abordar la reforma de la financiación autonómica. No hay acuerdo entre esos barones del PP sobre el nuevo modelo a implantar, porque sus necesidades son distintas, pero el órdago conjunto mientras el PSOE negocia bilateralmente con los independentistas catalanes es evidente.
La página 14 del acuerdo
La “gestión singular” de la financiación de Cataluña aparece en la página 14 del acuerdo de investidura, firmado hace meses por el PSOE y ERC, vinculado a competencias exclusivas que no tienen otras comunidades y a la mejora de servicios deficitarios: entre los primeros están los Mossos y la gestión de las cárceles o las becas; entre los segundos los órganos judiciales o los trenes de Cercanías (Rodalies). “Quien tiene más competencias ha de tener también más medios”, defendió este lunes la portavoz del PSOE federal, Esther Peña.
Esa negociación entre socialistas e independentistas ha tenido una réplica inmediata en la política andaluza. Todos los partidos tienen claro que deben mimetizar las reivindicaciones catalanas, aunque muchas veces no haya un análisis previo detrás.
Por ejemplo, el pasado diciembre, el PP de Moreno votó en el Parlamento a favor de la propuesta de dos partidos de izquierdas -Por Andalucía y Adelante Andalucía- para reclamar al Gobierno el traspaso de las competencias sobre los trenes de Cercanías y la “financiación asociada correspondiente”, tal y como aparecía en el pacto entre PSOE y ERC. Los socialistas andaluces se abstuvieron, falto de reflejos, y enseguida salieron a los pasillos a defender que sí estaban de acuerdo.
La semana pasada, esta vez a propuesta del PP, el Parlamento aprobó por mayoría la solicitud al Gobierno para asumir las competencias sobre el sistema sanitario de las cárceles andaluzas, que cuenta con 13.000 reclusos y 400 sanitarios. Ambas transferencias están contempladas en el Estatuto de Autonomía, reformado en 2007. Es decir, la Junta dispone de una ley orgánica de primer nivel para reclamar esas competencias, como ha hecho Cataluña, pero hasta hoy nunca lo había planteado ni formalizado en el marco de la comisión mixta Gobierno-Junta, un órgano bilateral del que carecen otras comunidades autónomas.
La firma de Montero y Moreno Bonilla
La infrafinanciación de Andalucía, con el actual modelo de reparto de fondos (caduco desde 2014), es algo reconocido por todos los partidos políticos, empezando por la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De su puño y letra emana la primera propuesta de un Parlamento autonómico para reformar ese sistema, avalada por todos los partidos -incluido el PP- excepto Ciudadanos. El documento, de 50 páginas, se aprobó a finales de 2018, poco antes de que el PSOE fuera barrido del Gobierno andaluz, y en sus páginas no aparece por ninguna parte la palabra “singularidad”.
Aparece, de hecho, en el voto particular que presentó Ciudadanos, el único grupo discrepante, para subrayar precisamente “las diferencias de financiación por habitante cuando se comparan las comunidades autónomas de régimen común y las Comunidades forales”, esto es, Euskadi y Navarra.
Sin embargo, en esa propuesta que impulsó personalmente Montero, la singularidad de Andalucía es una cifra muy concreta: 4.000 millones de euros extraordinarios. “En el caso de Andalucía, la insuficiencia para financiar el mínimo gasto registrado en servicios públicos fundamentales se situaría entre un rango de 3.300 y 3.400 millones de euros. Si añadimos las necesidades estimadas e insatisfechas en el resto de servicios, el intervalo total (servicios públicos fundamentales y resto de servicios) se encontraría en torno a los 4.000 millones de euros”, dice el texto, que extiende el problema de la infrafinanciación a otras comunidades, sin mencionarlas. Esa cifra, seis años después, parece quedarse corta, pero todos los partidos en el Parlamento andaluz siguen reclamándolo.
La propuesta andaluza para la reforma del sistema de financiación, de 2018, lleva la firma de Montero, que entonces era consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz, pero también de Juan Manuel Moreno, que era el jefe de la oposición. Hoy, PSOE y PP reivindican aquel documento consensuado y se acusan mutuamente de haberlo traicionado.
Los populares sostienen que la “financiación singular” para Cataluña pervierte el cuerpo teórico de aquella propuesta que diseñó la propia Montero. Los socialistas dicen que todo lo que hoy defiende la ministra de Hacienda está ya recogido ahí, negro sobre blanco. “El nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos, ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios. No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos”, dice el documento. “Hay que hacer posible y compatible esa singularidad de Cataluña con las singularidades de otros territorios”, insiste hoy Espadas.
Moreno firmó aquella cláusula, redactada por la hoy ministra de Hacienda. Entonces era un dirigente del PP que había perdido ya las elecciones y a quien su partido preparaba el ataúd político porque lo daba por amortizado. Seis años después Moreno gobierna Andalucía con mayoría absoluta, es el barón con más prevalencia sobre Alberto Núñez Feijóo, y su alineación entonces con la fórmula socialista para reformar el modelo de financiación se ha convertido en uno de sus mayores aciertos políticos.
Moreno puede vender, con razón, que arrimó el hombro para mejorar los recursos de Andalucía cuando el interlocutor de esa reivindicación era el Gobierno de Mariano Rajoy. Su partido se lo reprochó enérgicamente hasta que, meses después, una carambola electoral le convirtió en el primer presidente del PP de Andalucía, con el peor resultado del partido en su historia.
Un sudoku de números
Ahora el presidente andaluz dispone de todos los recursos del Gobierno autonómico para encabezar las reivindicaciones al Ejecutivo central, heredero del discurso andalucista que el PSOE monopolizó durante 37 años, y añadiéndole su pátina personal. Moreno acaba de conmemorar el legado de Clavero Arévalo -resignificado como el “padre de la Andalucía moderna”- inaugurando un busto suyo en los pasillos del Parlamento, en un acto del que se ausentaron todos los diputados socialistas, acusándole de “reescribir la historia”.
Clavero fue el ministro del Gobierno de Adolfo Suárez que dimitió cuando dio la espalda al referéndum por la autonomía plena andaluza. Es el único referente de aquel periodo al que puede agarrarse la derecha andaluza, que estuvo en contra o de perfil aquel 28 de febrero de 1980, Día de Andalucía.
El debate de la financiación autonómica es de los asuntos más complejos de definir, pero también es de los más sencillos de simplificar como instrumento de confrontación política. El Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas deben consensuar una fórmula para el reparto de fondos del Estado -el dinero con el que se pagan las políticas públicas- ponderando unos criterios de reparto más o menos objetivos (población real, número de mayores, número de jóvenes, despoblación, insularidad...).
Prueba de la complejidad de cuadrar este sudoku -con recursos finitos- es que la reforma del sistema de financiación lleva caduca diez años. La negociación del PSOE con los independentistas catalanes, de la que depende que hayan Presupuestos Generales y viabilidad para la legislatura, forzará un marco de debate multilateral con el resto de comunidades, justo cuando el PP gobierna en 11 de 17 autonomías. En el mayor momento de polarización política de la historia reciente.