Hace cuatro meses, la Fiscalía Anticorrupción consideraba “agotada” la investigación de Alaya respecto a la rama política de los ERE y pedía que fuera enviada al Tribunal Supremo. Alaya lo rechazó. Ahora, ultimando la exposición razonada para inhibirse a un tribunal judicial superior, la jueza ha reconsultado a los fiscales, quizá más como trámite procesal que como duda real, pues ya debe conocer su postura tras tres años y medio de instrucción y 201 imputados en el camino. Como era de esperar, la Fiscalía Anticorrupción sigue pensando igual: que debe dividir el caso en piezas separadas y remitir al Supremo la parte relativa al “procedimiento específico”, presuntamente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas.
La Fiscalía entiende, como en aquel caso, que se debe de proceder a elevar no toda la causa en su integridad sino solo las partes del caso en las que aparecen aforados que pudieran tener responsabilidad penal. Es decir, la mencionada de exdirigentes andaluces y la relativa a las ayudas concedidas a la estructura societaria vinculada a José Enrique Rosendo y José María Sayago centrada en la Sierra Norte de Sevilla. En esta 'pata' de los ERE también existe la supuesta participación de al menos un aforado (el diputado José Antonio Viera, exconsejero de Empleo) y también la Fiscalía pidió elevar la pieza. Lo hizo abril. Y vuelve a insistir ahora, según consta en el escrito presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La jueza solicitaba la semana pasada a la Fiscalía que informara sobre qué tribunal consideraba competente para investigar a los aforados señalados en el caso de los ERE, entre los que figuran parlamentarios autonómicos y nacionales como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al amparo del artículo 759 de la Ley de Enjuicimiento Criminal. A su juicio, ya se habían practicado las diligencias necesarias relacionadas con ellos.
Advierten este lunes los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández que “deberá suspenderse la tramitación de la causa” si Alaya considera procedente elevar el caso en su totalidad porque entiende agotada la instrucción sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta.
Los argumentos de la Fiscalía vuelven a ser los mismos que ya expuso en marzo y abril: el elevado número de expedientes que comprende tanto las denominadas ayudas a empresas como las ayudas sociolaborales, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones ya existentes en los expedientes con una instrucción judicial avanzada y las que se deriven del inicio de la instrucción de la gran mayoría de esos expedientes aún no abordados en sede judicial así como la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados justifican.
Por todo ello insiste en que, en aras de la simplificación y activación del procedimiento, se formen piezas separadas que mediante la utilización racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia permitan concluir en un plazo razonable la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa mediante la formación de piezas separadas. En concreto tres: una con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresas, otra pieza sobre la determinación, pago y destino de las denominadas sobrecomisiones, y otra pieza relativa al denominado “procedimiento específico” en la que se verían afectadas los aforados.
La doble 'preimputación de Alaya
Según los fiscales, el estado actual de la investigación en la parte denominada “procedimiento específico” está “lo suficientemente avanzada como para, en un horizonte temporal próximo, se pudiera llevar a cabo el enjuiciamiento de la misma”. El hecho de existir un procedimiento que lo pudiera haber permitido “no es óbice para su separación, ni a ésta pieza perjudica desgajarla de las singulares aplicaciones del mismo”. En este sentido dice la Fiscalía que “habrá que acreditar en cada pieza la participación de aquellas personas que siendo imputadas en el procedimiento específico deban de ser igualmente imputadas en las piezas relativas a ayudas singulares por su conocimiento y no actuar permitiéndolo o por su participación activa en el pago de presuntas ayudas públicas”.
Alaya, en sendos auto en septiembre y en diciembre, 'preimputó' (una figura inexistente) a siete políticos aforados y les volvió a 'preimputar' a los expresidentes Chaves y Griñán y a cinco exconsejeros de la Junta después de que la Audiencia de Sevilla anulara el primero de los autos. Anticorrupción, que en el debate jurídico planteado había defendido que la jueza no podía imputar ni investigar a aforados, entendió hace cuatro meses que ya no cabían prórrogas. Y menos aún ahora.
La Fiscalía ya se pronunció al respecto el pasado marzo cuando solicitó formalmente a la jueza que dividiera la causa en piezas separadas y elevara al Tribunal Supremo la que se correspondiera con la presunta participación de los exdirigentes andaluces, es decir, la parte de la causa relativa al “procedimiento específico” presuntamente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas. La jueza, que no se pronunciaba expresamente sobre la petición de que se elevara al Supremo la parte de los aforados, rechazó dividir el caso días después y argumentaba que toda la causa está de alguna manera interrelacionada y que había riesgo de “fallos contradictorios” si cada de las piezas toma rumbos diferentes.
En marzo ya dijo la Fiscalía que la separación del caso de los ERE facilitaría la remisión, en su caso, al órgano superior competente para la instrucción de aquellos hechos concretos y la presunta participación de los aforados y, por otro lado, “sin que conlleve un mayor retraso en la investigación de aquellos que no presenten conexión con los mismos, más allá del diseño y ejecución del denominado procedimiento específico”.
Entre los aforados mencionados o 'señalados' en la causa figuran los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (ahora diputado en el Congreso) y José Antonio Griñán (actualmente senador), los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila (parlamentarios andaluces) y el también exconsejero José Antonio Viera (diputado en el Congreso). Alaya insistía el pasado diciembre en que los aforados se personaran en los ERE “si ese fuera su interés”. En breve, la pelota estará en el tejado del Tribunal Supremo.