La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado del aumento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores en el último año, fruto del “consumo excesivo” que este colectivo hace de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía.
En su memoria anual, consultada por Europa Press, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, traslada su especial preocupación por la situación de los menores, tanto en su papel de víctimas como de agresores, derivado del acceso temprano a las nuevas tecnologías. Insiste así en la línea de la Memoria del año pasado, donde ya se detectaba esta situación.
Un asunto que analiza en un capítulo específico en el que apuesta por una actuación preventiva basada en la formación de padres y menores sobre los riesgos que las redes suponen. También aboga por una mejora en la regulación que limite el libre acceso de menores a contenidos inadecuados y pornográficos, llegando a tipificar penalmente la conducta de las empresas que lo permitan.
Ya en su discurso de este pasado lunes con motivo de la apertura del año judicial en Andalucía, Tárrago recordó que estas son las primeras generaciones nacidas en el siglo XXI y su acceso a la Justicia penal es cada vez a edades más tempranas. De hecho, el pasado año se registró un “elevadísimo” repunte de menores de 14 años por diferentes delitos, que, aún sin ser graves, marcan a su juicio una tendencia.
La manifestación principal de la delincuencia juvenil en Andalucía son los delitos socioeconómicos --como los hurtos y robos--, los delitos de lesiones y en general delitos leves, aunque la Fiscalía sí ha percibido “un aumento considerable” en los delitos sexuales, con 404 expedientes, de los cuales, 306 corresponden al delito de agresión sexual y 134 al de abuso sexual.
Todas las Secciones se hacen eco de este aumento fruto del consumo excesivo por parte de los menores de las redes y, en particular de las páginas de pornografía. Destacan por su importancia, Sevilla con 110 expedientes de agresión sexual y 92 de abuso sexual; y Málaga con 69 de agresión sexual y tres de abuso sexual.
También crece la cifra de menores infractores por delitos más graves como asesinatos y homicidios. Concretamente, se han incoado 23 expedientes de reforma por delitos de homicidio o asesinato doloso, frente a los seis expedientes de reforma incoados en 2022, dos en Almería, cuatro en Cádiz, uno en Huelva, dos en Jaén, cinco en Málaga y ocho en Sevilla.
La Fiscalía también alude en su memoria anual a una leve subida en materia de violencia doméstica, siendo la que provoca más detenciones durante las guardias, y en la gran mayoría de los casos la adopción de medidas cautelares.
Durante el año 2023 se han archivado por menores de 14 años 4.592 diligencias preliminares frente a las 1.551 de 2022, un aumento considerable, lo que indica un aumento de la delincuencia en la franja de menores de 14 años, destacando por su importancia la 3.073 de Sevilla y las 696 de Málaga, manteniéndose el resto de provincias en términos similares al año anterior.
Desde la Fiscalía recalcan que, en líneas generales, los menores de 14 años no cometen delitos graves, a la vez que reclama un programa específico que dé respuesta a la actividad delictiva en esta franja de edad.
En otro apartado, la Fiscalía advierte de la situación de los Juzgados de la provincia de Cádiz, especialmente los mixtos y los del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana de la Frontera, “desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales”, junto a lo “anacrónico” del sistema procesal, “origina grandes dilaciones que dan lugar a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, o por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas”.
Asimismo, en la Memoria se mantiene la petición ya expuesta en memorias anteriores de tipificar como delito el transporte o depósito de gasolina (petaqueo) cuya tenencia no se justifique conforme a normativa administrativa que deberá, también, revisarse. Una cuestión que suscitó mucha atención cuando, el pasado febrero, una narcolancha arrolló en Barbate a una patrullera de la Guardia Civil, matando a dos agentes.
Igualmente, pide un aumento de la penalidad de las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a delitos de tráfico de drogas, castigadas ahora con penas de multa “que no son pagadas por los condenados”, o sino una agravación cuando la finalidad es la comisión de un delito
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