La Fiscalía pide dos años de cárcel para Torrijos y otros nueve acusados por Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para diez personas procesadas por la juez Mercedes Alaya por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, o el exasesor del grupo socialista en el Consistorio hispalense Domingo Enrique Castaño.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de fraudes y exacciones ilegales para Torrijos, Mellet, Castaño, Crespo, la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y para el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero.

Además, y por este delito aunque en calidad no de autores sino de cooperadores necesarios en calidad de 'extraneus', el fiscal pide dos años de cárcel y una pena accesoria de inhabilitación especial para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público durante el tiempo de la condena para el economista José Antonio Ripollés; el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y para el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró Morales.

De igual modo, la Fiscalía pide otros nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Fernando Mellet y para Luis Sánchez Manzano por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía, que exculpa en este caso a 6 de los 16 procesados por la magistrada, entre ellos a los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán o al exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, reclama que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre Mercasevilla y Sanma --filial de Sando-- de fecha 23 de febrero de 2006 “y actos derivados del mismo”.

La Guardia Civil apuntaba a los “contactos previos” entre Sanma y Mercasevilla, a través de correos electrónicos entre los abogados de ambas partes con anterioridad a las fechas en las que se optó por la forma de la licitación pública, “hasta llegar a un acuerdo entre ambas sociedades en las cláusulas y condiciones establecidas”, incluyendo el envío de un formato de pliego de condiciones antes de la publicación del mismo. También estuvieron implicados los empresarios de las sociedades que aspiraron al concurso, como los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, investigados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.