La Fiscalía pide que Chaves declare como investigado por un préstamo de 3,7 millones a una empresa en 1999

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías -- ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE -- declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en total Anticorrupción reclama la declaración como investigados de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la compañía, por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, ha adelantado Diario de Sevilla.

Entre los ex altos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Anticorrupción pide al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar el citado préstamo que, en cualquier caso, “no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA”.

Así, sería una nueva investigación que no quedaría afectada, según ha señalado el Ministerio Público en el escrito, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la causa de la “pieza política” acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al aplicar el principio 'non bis in ídem'.

La Fiscalía asegura en el escrito que realiza esta petición tras examinar toda la documentación que la Junta de Andalucía en general y la agencia IDEA en particular han entregado a este juzgado tras sucesivos requerimientos, tanto en la causa principal, como luego en esta pieza separada, relativa al expediente de las ayudas recibidas tanto por la extinta Hamsa como luego por la empresa Primayor, y observar que ya en el año 1999 por parte de la Junta se conceden ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de trabajadores de la citada empresa.

Al respecto, el fiscal precisa que “estas ayudas se tramitan de manera general conforme a normativa reguladora de las subvenciones, constando en esa documentación que una de las ayudas sociolaborales destinadas a cubrir el plan de prejubilación de siete extrabajadores de Hamsa fue reparada en dos ocasiones por la Intervención de la Junta de Andalucía, dando lugar a que no se pudiera pagar”.

Tras entrar en suspensión de pagos, en el año 1995 la Junta de Andalucía decidió intervenir en la gestión a través del IFA para evitar o paliar las consecuencias sociales que supondría el despido de todos sus empleados como consecuencia del cierre empresarial. En ese mismo año, remarca el fiscal, el IFA adquiere la nuda propiedad de las acciones y entre el año 1993 a 1997 la empresa Hamsa obtuvo numerosas ayudas públicas del Estado en forma de avales, préstamos, aportaciones de capital y condonación de deudas, que la Comisión Europea llegó a anular, en concreto las condonaciones de deuda.

Anticorrupción subraya en el escrito que se observa que, “de manera paralela en el tiempo” el Gobierno andaluz decidió otorgar otras ayudas “formalmente a modo de anticipo bajo la figura de un préstamo puente” por un importe máximo de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) con un plazo de amortización de seis años y tres de carencia, una circunstancia que el Consejo Rector “adoptó por unanimidad y a expensas de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno”. Al respecto, el fiscal remarca que, según recoge la documentación examinada, “de quedar alguna cantidad pendiente de amortización, ésta pasará automáticamente a

convertirse en préstamo participativo, hasta su total amortización.

Por tanto, a la Fiscalía le llama la atención que “no se recoja ninguna de las condiciones, como plazo, garantías ni tipo de interés de tal préstamo participativo”.

Además, destacan los fiscales que el 2 de diciembre de 1999 se firmó un acuerdo entre Gaspar Zarrías y el presidente entonces de Campocarne, por el que la Junta adquiría el compromiso de abonar 471 millones de pesetas para la creación de empleo, un dinero con el que se cancelaría parcialmente el préstamo de 970 millones de pesetas. Por su parte, la empresa Campocarne se comprometía a amortizar el resto, 629 millones de pesetas, 3,7 millones de euros, que no abonó.

FONDOS PÚBLICOS “SIN CONTROL”

Por todo ello, Anticorrupción solicita al juez que incoe una nueva pieza cuyo objeto sería “determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad” que advierten en la concesión de ese crédito puente, ya que “podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a Campocarne e, indirecta y posteriormente, a Primayor”.

Para los fiscales, “este préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo”.

De hecho, remarcan en el escrito que en la documentación “se ve que a fecha 12 de febrero de 2003 el préstamo no había sido pagado y que la única amortización que constaba al Instituto de Fomento era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo, cifrándose en 3.707.643,67 euros el principal pendiente de vencimiento”.

PASA DE “ACTIVO A PÉRDIDA”

Por todo ello, Fiscalía considera que “al no haberse amortizado el préstamo en el año 2005 y teniendo en cuenta que para su pago finalizado el plazo de carencia iba del año 2002 al 2008, la posible malversación de los fondos públicos derivada de la disposición de los mismos mediante una posible utilización fraudulenta de un préstamo se consuma cuando el importe del préstamo deje de ser considerado un activo para el Instituto y pase a ser una pérdida”.

Esta circunstancia, explica Anticorrupción, tiene importancia en la determinación de la posible prescripción de los hechos, ya que al tratarse del tipo agravado de malversación el plazo es de 15 años y el préstamo aún “no había supuesto un gasto” para la agencia pública el 1 de febrero de 2005, por lo que el delito prescribiría a partir de febrero de 2020.