La vía judicial por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia, en Córdoba, parece llegar a su fin. Este jueves, la fiscalía ha retirado los cargos que pesaban contra los 10 activistas de la Acampada Dignidad que entraron en el edificio abandonado hace ahora algo más de dos años con la intención de convertirlo en un centro social. Hoy, hecho realidad ese centro social y de actividad de los vecinos de acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba que finalmente les cedió el uso del colegio, las acusaciones sobre los activistas desaparecen.
De un lado, la fiscalía ha decidido retirar los cargos. De otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba, con el cambio de gobierno tras las últimas elecciones municipales, optó también por retirar su acusación contra estas personas. Visto todo esto, el juez ha sido quien ha sobreseído el caso, y así lo ha comunicado a los imputados y ya no tendrá lugar finalmente el juicio que estaba fijado para el próximo lunes 9 de noviembre.
Tras la ocupación, que tuvo lugar el 4 de octubre de 2013, la denuncia de oficio de la policía llegó a los juzgados pero fue con la personación del anterior gobierno local cuando se abrió firmemente la acusación contra los implicados. El PP interpuso una denuncia contra quienes entraron y ocuparon el Rey Heredia por supuesta usurpación del edificio, de titularidad municipal, que estaba cerrado desde hacía años atrás y había sido solicitado por los vecinos como espacio para su uso en el barrio.
Con las pasadas elecciones municipales, los partidos que accedieron al gobierno municipal -PSOE e IU- se habían comprometido a retirar los cargos. Había sido imputados tras la denuncia que el anterior gobierno local interpuso por la ocupación del colegio: ocho personas fueron las primeras que entraron en el edificio el día de su ocupación y a las que la Policía Local tomó entonces sus datos, y las otras dos fueron identificadas por los agentes cuando éstos acudieron a realizar un informe que el juez había pedido.
Desde entonces, y en paralelo a las negociaciones entre Ayuntamiento de Córdoba y los activistas para la cesión del colegio a los vecinos que finalmente consiguieron, la retirada de la denuncia sobre estas personas siempre había estado encima de la mesa como petición al consistorio que podría arrastrar luego la misma decisión por parte de la fiscalía y el archivo de la causa, como ahora se ha producido.
“Esto demuestra una vez más que con la lucha sí se pueden conseguir las cosas”, ha señalado a eldiario.es/andalucia uno de los imputados y el que fuera portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan. “Estamos muy contentos. (...) Hemos tenido suerte porque estamos viviendo otros casos donde los fiscales no actúan igual y tienen orden de reprimir actuaciones como la nuestra para que no cunda el ejemplo”, añade.
Los activistas se han mostrado “agradecidos” también al Ayuntamiento de Córdoba “por las gestiones que ha hecho en este asunto” en relación a la retirada de los cargos y su disposición ante la fiscalía en ese mismo sentido. Y, sobre todo, Rafael Juan recuerda que “esto se ha conseguido con el apoyo de la gente”, de los vecinos y colectivos sociales que durante estos dos años se han adherido a la causa del Rey Heredia.
La retirada de los cargos y el sobreseimiento del caso viene a completar los últimos pasos del camino iniciado con la ocupación del colegio, que fue reconvertido en centro social con comedor abierto para personas necesitadas, núcleo de reuniones de un centenar de colectivos y asociaciones de la ciudad, lugar de formación y ocio para los menores del Distrito Sur y espacio cultural para charlas, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y un largo etcétera de actividades. Con el acuerdo de los vecinos y colectivos, desde el inicio se pidió la cesión del edificio para mantener las actividades que se venían haciendo de manera autogestionada, y finalmente fue en junio pasado, ya con el nuevo gobierno municipal, cuando se alcanzó el acuerdo y se rubricó.