La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Granada permitió que se construyese de manera ilegal una discoteca con pista de patinaje en una zona verde, violando así la normativa urbanística andaluza y su propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La causa se ha abierto a raíz de la denuncia de un funcionario del área de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, el cual interpuso la misma aportando sus informes en contra de la obra el mismo día en que empezaba su jubilación.
La fiscal Sara Muñoz-Cobo investiga si desde el Ayuntamiento granadino se cometieron delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística y de maquinaciones para alterar el precio de las cosas al permitir que se contruyese una discoteca y sala de fiestas en un espacio donde, según la licencia que daba la misma administración local y preveía el PGOU, debía situarse un parque infantil.
Es más, la discoteca se construyó con los permisos para cinco columpios, y el 'canon' a pagar por su explotación al Ayuntamiento, de 1.000 euros al mes, es de los columpios infantiles, y no es de la construcción que hay actualmente en funcionamiento.
La Fiscalía ha rechazado la petición que hicieron los abogados del Consistorio de la capital granadina de archivar el caso y le ha pedido una batería de documentos para que justifique que el trámite de la discoteca y sala de fiesta fue correcto legalmente. En la denuncia del funcionario jubilado se incluían sus propios informes, en los que señalaba como prácticamente cada decisión tomada por los promotores de la discoteca se saltaba alguna norma.
Para empezar, la discoteca está asociada al centro comercial Serrallo, en la parcela vecina. La concesión del parque infantil es de 2006, a los mismos promotores del centro comercial, pero no se ejecutó hasta que finalizó la obra del mismo, ya en 2012. El recinto de la sala de fiestas comunica directamente con el del centro comercial y su explotación económica está asociada, vallando además una parcela de dominio público, cosa por definición ilegal.
En la denuncia, el funcionario llega a añadir que las ordenanzas municipales de Edificación y Uso de Suelo que el Ayuntamiento aprobase en el pleno de mayo de este año, gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP, “se pretendería dar una aparente cobertura legal a los usos y construcciones autorizadas” en la polémica zona verde. La fiscal subraya en su último escrito que ya la Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene impugnadas esas ordenanzas.
Entre los responsables directos de los posibles delitos, la denuncia y la fiscal apuntan al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ambos del PP, así como a varios funcionarios del área, incluido el Director de Obras, Manuel Lorente, también imputado en el 'caso Palacio de Hielo', una operación por cuya presunto intento de 'legalización' está siendo investigado también el primer edil.