Tribunales
La Fiscalía ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, donde se acusa al exdiputado autonómico de Vox, Francisco Serrano, de un posible delito de fraude de subvenciones y estafa. Según el escrito de acusación emitido el 12 de junio, se reclaman hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables.
El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos.
Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, también para cada uno de los acusados.
En relación con la responsabilidad civil, se solicita que los tres acusados, junto con la sociedad Bio Wood Niebla como responsable civil subsidiaria, indemnicen al Ministerio de Industria con una suma cercana a los 2,49 millones de euros.
Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua y acusación popular en el caso, reclama una pena de hasta nueve años de prisión para Francisco Serrano, con la posibilidad de incrementarla a diez años si no se paga una multa solicitada de casi diez millones de euros.
Según el auto de continuación del proceso, en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros se habrían concertado para obtener “un préstamo Reindus del Ministerio de Industria por un valor de 2.489.000 euros, sin contar con la solvencia necesaria”. El préstamo se habría destinado a fines distintos a la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla, que era el objetivo de los fondos solicitados.
El auto precisa que conscientes de “la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia” para captar sus préstamos, Serrano, a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín, constituyó la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una “maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”.
Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros “con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando ”la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa“, tras ”aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida“.
Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las “disposiciones” del dinero “para fines no comprendidos” en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos” estatales recibidos.
Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, “se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gómez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario”.
Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la “constitución de un fondo de inversión”. Mientras, además, “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowood ”avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus“.
El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados que, según un perito, “se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados”.
El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente “una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano ”que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus“.
“Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado, cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción”, resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
“En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de una fábrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”, remata el juez instructor, que aprecia “indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa”, atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.
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