Momento de las conclusiones finales en el juicio promovido contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha ratificado este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla su petición de siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa para cada uno de los cinco ex dirigentes sindicales. Soto también ha apuntado que UGT-A sistematizó el“ sistema de facturación falsa” como seña de identidad del sindicato, con la “vista gorda” de la Junta y de los proveedores.
En su informe final, el fiscal ha criticado duramente a todas las partes implicadas y ha señalado que hay pruebas suficientes que demuestran que los antiguos responsables de la organización sindical incorporaron un sistema de facturas falsas para defraudar a la Junta de forma “voraz”. Soto ha recordado que el eje principal del fraude era el rápel, es decir, el descuento aplicado por los proveedores al sindicato sobre el total del importe que después era subvencionado por la administración andaluza, dejando, por tanto, ese excedente en manos del sindicato.
Así, la Fiscalía Anticorrupción cuestiona que los proveedores implicados desconocieran en su totalidad para dónde iban esos descuentos. “Son señores perfectamente preparados y formados como para saber de dónde vienen los fondos del sindicato”, ha dicho. Según el fiscal, se apropiaron de esos fondos mediante distintos mecanismos como el mencionado, el bote o el alquiler “ficticio” de aulas para impartir los supuestos cursos a trabajadores. “Llegaron a crear tanta complicación que ni ellos mismos se enteraban”, ha ironizado el fiscal, mencionando un correo de la responsable del departamento de compras del sindicato en el que “llegaba a decir que le estaban entrando facturas de rápel que no entendía”.
También ha solicitado que se les imponga a los acusados el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros --que es la cantidad supuestamente defraudada-- a la Junta de Andalucía, y a la responsable del departamento de Compras el pago adicional de 4,2 millones de euros. El fiscal también ha ratificado su petición de tres años de prisión y multas de 3.650 euros respecto a la decena de empresarios otrora proveedores de UGT-A también acusados, con petición del pago de indemnizaciones comprendidas entre los 638 euros y el millón de euros; salvo en el caso del empresario Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena, pues con relación ha ellos ha retirado su acusación.
Soto ha arremetido de igual forma contra la Junta de Andalucía, acusando a la administración de hacer oídos sordos ante el fraude de subvenciones al no comprobar la procedencia y contenido de las facturas “con la excusa del auditor”. Además, de entre todas las subvenciones otorgadas por la misma, el fiscal ha resaltado la destinada a implantar y ejecutar 'Expiro', uno de los programas informáticos que ayudaban a sistematizar el fraude. “El sindicato incluso elaboró un manual de cara a los empleados para registrar esa facturación falsa”, ha abundado.
El fiscal ha reiterado su posición, curiosamente después de defender que la Junta no era “mala pagadora”, a diferencia de lo que argumentaron los acusados. “La Junta entregaba el 75% de la ayuda directamente al beneficiario para que iniciara el programa. Un ciudadano que recibe una subvención debe realizar primero el gasto y luego se le reembolsa”, ha explicado. Sin embargo, con UGT “en dos semanas prácticamente todo estaba liquidado”. El fiscal ha criticado también que la Junta dejara de acusar a tres proveedores: “nos sorprende que haya retirado la acusación contra personas que elaboraron facturas falsas, pero bueno”.
A juicio del fiscal, existen indicios sobrados del fraude en los “cuatro grandes grupos de pruebas testificales” de la ejecución de facturas falsas para defraudar a la administración, esto es, “el intercambio de correos electrónicos entre el sindicato y los proveedores; las declaraciones de los acusados, en especial de José Miguel Galdeano y Francisco Fernández Sevilla, que reconocieron la existencia de los términos bote y rápel; y las facturas falsas”.
De todas las pruebas, el fiscal ha resaltado las declaraciones de José Miguel Galdeano y Francisco Fernández Sevilla, quienes “reconocieron con la boca pequeña la existencia de un bote y un rápel para pedir facturas a los proveedores” y, en última instancia, las de estos últimos que “explicaron cómo UGT inducía a la elaboración de facturas falsas de forma que se generara un saldo positivo a favor del sindicato”.
Soto ha señalado además los conceptos genéricos de estas facturas que, en la mayoría de los casos, no corresponden a la realidad. “Llegaron al extremo de realizar facturas por publicidad de proyectos en los que no existía ningún tipo de contrato que respaldase su ejecución”, ha zanjado.
Los acusados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
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