La Fiscalía de Granada ha solicitado provisionalmente un total de cinco años de prisión para Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años.
En el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 y previo a la celebración del juicio oral, el Ministerio Público señala las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, han requerido a la vecina de Maracena (Granada) con resoluciones judiciales la obligación de devolución de sus dos hijos a Italia, estado de su residencia habitual con su padre.
El escrito fiscal, del que se ha informado en un comunicado, señala que la acusada, “consciente” de las resoluciones judiciales y “con ilícito ánimo de incumplirlas”, permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y “a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos”.
Juana Rivas permaneció casi un mes ilocalizable con sus dos hijos, de 11 y 3 años, incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri.
Juana Rivas: “Pelearé hasta el final”
Rivas ha asegurado, tras conocer la decisión de la Fiscalía, que seguirá “peleando hasta el final” por el bienestar de sus hijos y ha afirmado que la petición de cinco años de cárcel que ha solicitado la Fiscalía para ella “no le quita ánimos” para continuar haciéndolo como hasta ahora.
La madre de Maracena (Granada) reconoce que no se encuentra bien tras recibir la noticia, pero se muestra convencida de que “la justicia hay que pelearla hasta el final”.
“Seguiré la lucha hasta la victoria porque esto no puede acabar de otro modo, es lo justo haciendo balance de todo lo que ha pasado”, ha sostenido Rivas, que siempre ha alegado que se fue con sus hijos, en mayo de 2016, del domicilio familiar situado en la isla de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato por parte de la que entonces era su pareja que se habría prolongado entre junio de 2013 y mayo de 2016.
Su expareja fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por conformidad de las partes, y posteriormente volvió a ser denunciado por Juana Rivas.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada al respecto.
La decisión del Juzgado de Violencia fue respaldada por la Audiencia Provincial de Granada, que consideró el pasado noviembre “absolutamente inasumible” una doble investigación “por dos Estados soberanos en el ámbito de la Comunidad Europea, de unos mismos hechos, contraviniendo Tratados internacionales sobre la materia”.
De forma paralela a este proceso, el Tribunal de Cagliari tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.