La Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, ha ordenado a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación del sindicato UGT de Andalucía, tras las informaciones aparecidas en el diario El Mundo que apuntan a la posible falsificación de facturas para financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público, en un decreto dictado este lunes, pide a la Policía Judicial que elabore un “informe previo” que aclare si en esa gestión existe posible responsabilidad penal.
Una vez concluida la investigación, podría continuar con las diligencias o trasladar el asunto a una fiscalía provincial, lo que es “probable” que ocurra, si el informe de la Policía Judicial determina la posible existencia de conducta delictiva, según las fuentes consultadas.
'El Mundo' informa este martes de que el ministerio público analiza la documentación publicada en sus páginas, especialmente las facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando a programas de formación gastos que, en realidad, correspondían a la organización de la huelga general de septiembre de 2010. Entre esas facturas estarían las de los anuncios insertados en periódicos regionales y en la propia revista de UGT, según el rotativo.
El sindicato se defiende de las acusaciones
Por su parte, el sindicato ha emitido un comunicado en el que arremete contra lo que considera una “campaña de descrédito” emprendida por la prensa. “Nos negamos a tener que dar explicaciones a golpe de titular desinformativo. Nuestras cuentas están debidamente justificadas y auditadas”, asegura el sindicato en su comunicado. También sostiene que dará las explicaciones pertinentes cuando lo crea “oportuno” para concluir: “Somos conscientes de que nuestros afiliados quieren saber y por eso estamos recabando toda la información para desmontar una campaña de acoso y derribo que solo pretende convertir el trabajo sindical en una cuestión política, que pretende acabar con el único muro de defensa que nos queda a los trabajadores”.