Francisco Serrano, de juez y líder andaluz contra la “turba supremacista feminista” a ex diputado de Vox bajo la lupa de la justicia

Francisco Serrano ha sido y es una de las caras más controvertidas y visibles de Vox desde su fundación. Tras cinco años como líder del partido de extrema derecha en Andalucía, de ser dos veces candidato a la Junta y de haber logrado meter al partido de Abascal por primera vez en un Parlamento español, abandona Vox justo después de que la Fiscalía Superior de comunidad haya formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones.

Sin embargo, antes de ser diputado, si quiera candidato a la presidencia andaluza, Francisco Serrano era abogado y juez, y protagonista ya entonces de polémicas actuaciones y declaraciones. La más sonada de aquella época, y la que ha marcado su perfil desde entonces, fue su condena en 2011 por prevaricación dolosa, tal y como relataba entonces El País. El juez había ordenado modificar el régimen de visitas de un niño de 11 años, establecido por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, para que pudiese salir en una procesión de Semana Santa con el padre divorciado. Su actuación le valió la condena, que el Tribunal Constitucional (en contra de lo que el propio Serrano ha mantenido en alguna ocasión) confirmó en octubre de 2016. También le supuso la inhabilitación como juez por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) durante 10 años. En este caso el Constitucional sí lo rehabilitó como juez en 2016 anulando la elevación de dos a diez años. “Prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo y la presión política”, dijo entonces.

“Persecución política” y contra la “ideología de género”

Desde aquel momento, con 22 años de antigüedad como magistrado, ejerció como abogado en su propio bufete y fue construyendo los pilares sobre los que luego montaría sus intervenciones políticas: la “persecución política” y la “ideología de género”. Sin ir más lejos, desde su despacho lanzó en 2014 la campaña “Mujer sé honesta, denuncia cuando se deba y no cuando convenga” porque creía en “la importancia de defender a la verdadera mujer maltratada” frente a aquella que “denuncia de manera falsa porque le conviene por distintos intereses”. Esta, de hecho, ha sido una de las batallas donde más duro ha peleado Vox poniendo sobre la mesa datos no contrastados sobre mujeres maltratadas y denuncias falsas.

Hasta que la política llamó a su puerta en 2015. Durante aquella campaña a la presidencia de la Junta de Andalucía, dejó frases, en solitario o con Santiago Abascal, que alimentaron su perfil ultraconservador y, sin duda, llamaron la atención de los medios. Por ejemplo, ante la propuesta de Podemos de integrar en el patrimonio público la Giralda, juntos alertaron sobre “la islamización de España” porque “no queremos que se lance desde la Giralda a los homosexuales o se les ahorque”.

También durante esa campaña, pidió la derogación integral de la políticas de género porque “la ideología de género está desangrando a la sociedad española” y busca la “destrucción de la familia”. En aquellos días, también se hizo visible su desacuerdo frontal contra el estado autonómico y, mientras calificaba al PP de “cooperador necesario”, aseguraba vivir en un “Matrix” que había que cambiar “para que la gente sepa que hay una Andalucía de valores que es la que defendemos, y otra de mugre, miseria y falta de valores y principios”.

Las elecciones de 2015 le dieron a Serrano y a Vox 18.017 votos, cero escaños, y cierta condescendencia entre las filas de los partidos clásicos por sus escasas posibilidades de representación, y por considerarlos “anecdóticos”. Una opinión que cambiaría de manera radical en los comicios de 2018, cuando Vox irrumpió con 12 diputados en Andalucía. De repente, Serrano era la persona con la que pactar (como así ha sido facilitando el Gobierno de PP y Ciudadanos).

En cualquier caso, Serrano siguió con sus temas y no perdió oportunidad de expresar sus polémicas opiniones. Sin ir más lejos, en 2017, se burló en su perfil en Twitter de la posibilidad de una violación en grupo de una mujer a raíz del mensaje machista que tuvo que soportar recientemente Inés Arrimadas, líder de C's:

El caso de “La Manada” no ha abandonado tampoco su discurso desde entonces. Es más, fue una de las causas que han enturbiado la relación entre Vox y su líder andaluz. Cuando, tras la sentencia contra La Manada en 2019, aseguró en su Facebook que “hasta un gatillazo podría terminar con el impotente en prisión”, culpando de la sentencia a la “turba feminista supremacista”, el partido tuvo que desautorizar a su número uno afirmando que estaban a favor del endurecimiento de las penas por violación. En ese momento, Vox lo sacó de primera línea y dejó de ser portavoz en el Parlamento. Siguió dando pasos atrás cuando dejó la ejecutiva de Vox Sevilla tras la dimisión de la presidenta María Piñeiro. Desde entonces, Serrano ha estado en más que un segundo plano, sin voz ni apenas presencia pública.

El golpe de gracia a su protagonismo político se lo dio la Fiscalía Superior de Andalucía el pasado uno de julio, cuando informó de que había interpuesto una querella ante el TSJA contra Serrano al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla. Ya entonces se dio de baja como militante de Vox y abandonó el grupo parlamentario. Ha tardado dos meses en renunciar a su escaño y a su acta y lo ha hecho el 1 de septiembre. Entre las causas, que ha desgranado en un escrito difundido en redes, asegura Serrano que desde ciertos sectores de Vox, partido por el que lo dio “todo”, se ha visto “atacado con tal de recuperar un acta y escaño que conseguí con esfuerzo y entrega a la esperanza, principios y valores que representaba Vox, contribuyendo, activamente, al resultado inesperado en las elecciones de 2018”. “A cambio, sólo obtuve ingratitud, desdén y desprecio desde el primer momento, desde el día siguiente al del éxito electoral”, asegura.

A partir de este momento, se enfrentará a la justicia “como cualquier ciudadano” y volverá a su tarea como jurista (que no como juez). Y se va con un deseo, también , polémico: que los que le han tratado mal en su partido “reciban el pago que merecen”