El plan del presidente Pedro Sánchez de exhumar a Franco del Valle de los Caídos de forma “inminente” ha obligado a Susana Díaz a reaccionar rápido para evitar entrar en abierta contradicción con un Gobierno del mismo signo político. La presidenta andaluza ha decidido abordar por primera vez la polémica exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en el interior de la Basílica de la Macarena, en el Casco Antiguo de Sevilla. “No podíamos seguir de brazos cruzados”, reconocen fuentes de la Junta.
El Gobierno andaluz ha tratado hoy de enmarcar esta iniciativa en el desarrollo reglamentario de la Ley andaluza de Memoria Histórica, que lleva en vigor año y medio. Pero en realidad ha sido una decisión política condicionada por el plan urgente de Sánchez para sacar cuanto antes los restos de Franco del Valle de los Caídos. El decreto andaluz sobre símbolos y actos franquistas que ha anunciado la Junta este lunes, y en el que se ampara a la hora de abordar el asunto de Queipo, se conocía desde hace cuatro meses. Este periódico adelantó el borrador el pasado mes de abril y explicó que la novedad más palpable respecto al contenido de la ley era “la creación en el plazo de tres meses desde su aprobación de un comité técnico de expertos”, una especie de policía de la Memoria que se encargaría de buscar, inventariar, denunciar y retirar los símbolos franquistas que sigan en pie un año después de la entrada en vigor de la ley.
El comité tendrá potestad para “amnistiar” algunos símbolos contrarios a la Memoria argumentándolo en un “informe preceptivo” y “vinculante”. También podrán “hacer una reinterpretación” de los elementos franquistas “que deben mantenerse por razones artísticas o arquitectónicas”, y decidirán si los destruyen o los almacenan temporalmente en un “depósito” a la espera de un juicio más pausado. A la par que la Junta reactivaba esta medida, el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández, confirmaba a El País que a final de mes propondrá al equipo de gobierno de la hermandad el traslado de los restos de Queipo a un columbrado común, que se quedará también dentro de la basílica, pero no estará expuesta al público. La Macarena asume así que la tumba del genocida incumple la Ley de Memoria y acepta su traslado pero tratando de “equilibrar todas las sensibilidades de sus hermanos”.
En los últimos meses, la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla, el Obispado, los herederos de Queipo y la hermandad de la Macarena han cruzado conversaciones para lograr una solución al conflicto, teniendo siempre la Administración la Ley de Memoria en la mano. Al final lo que ha desatascado el asunto ha sido la iniciativa política. El decreto que se ha anunciado este lunes es el mismo que eldiario.es/andalucía publicó en abril. El texto acaba de concluir su periodo de alegaciones y audiencia pública y la novedad más significativa es que el Gobierno de Susana Díaz, por primera vez, lo relaciona directamente con la polémica exhumación de Queipo de Llano de la Macarena.
En una nota de prensa, la Junta ha anunciado que será ese comité de expertos quien decida sobre la retirada de los restos del militar fascista de la Basílica. Es la primera vez que el Ejecutivo andaluz menciona la tumba del genocida por escrito y que aborda este asunto de manera proactiva, y no a preguntas de los periodistas. “La presencia de los restos de Queipo de Llano ha generado un debate social que trasciende ya del ámbito local”, dice el comunicado. “En ese contexto, resulta clara la pertinencia de que una institución con cuatro siglos de historia y arraigo en la ciudad, como es la Hermandad de la Macarena, titular de la Basílica, decida sobre la compatibilidad de la permanencia en un espacio de culto, de respeto y oración, de un dirigente del golpe militar y de la dictadura franquista, que firmó el Bando de Guerra por medio del cual se asesinaron a miles de andaluces y andaluzas sin juicio ni condena, lo que atenta contra la dignidad de las víctimas y la reparación que reclaman, tanto las propias víctimas como el movimiento memorialista”, añade.
Hace cuatro meses, con el borrador del decreto de simbología franquista en la mano, este periódico preguntó si aceleraría la salida de los restos de Queipo de la Macarena. La Junta explicó entonces que “el decreto no dice nada que la Ley de Memoria en sí misma no diga ya”. “La tumba de Queipo dentro de la Macarena incumple la Ley andaluza de Memoria”, advirtió el director general de Memoria de la Junta, Javier Giráldez, señalando el artículo 32.4 de la norma. Este artículo dice: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. Giráldez defendía que este artículo precisaba de un desarrollo normativo, para que la Ley de Memoria no chocara con la Ley de Procedimiento Administrativo, como había ocurrido meses atrás en Alicante, donde un juez obligó al Ayuntamiento a reponer los nombres franquistas de las calles al poco de haberlos cambiado.
No obstante, advertía de que “la exhumación de Queipo de Llano de la Macarena no dependía, en última instancia, de ningún decreto”, sino de la iniciativa política del Gobierno andaluz, que en ese momento estaba en conversaciones con el Ayuntamiento de Sevilla, el Obispado y la familia del general para lograr una solución de consenso. Queipo de Llano, además de ser considerado “un criminal de guerra” por la Junta, fue hermano mayor de la Macarena, que le debe la construcción de la propia basílica, y su tumba allí despierta un encendido debate entre los devotos que defienden que se quede y los que quieren que lo saquen.
Un informe jurídico de la Macarena
Dada la notoria relevancia de la Macarena en Sevilla (una de las hermandades más populares y numerosas, con 13.600 hermanos), y la sensibilidad que despierta la polémica en los cofrades, tanto Susana Díaz como el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, han abordado siempre este asunto con extrema prudencia, incluso con cierto distanciamiento. La presidenta ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso, en ningún momento ha expresado públicamente que la tumba de Queipo de Llano en la Macarena incumplía la Ley de Memoria, aprobada en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. El asunto ha ido apareciendo y desapareciendo de los medios de comunicación, pero desde hace meses la situación se había estancado. La hermandad de la Macarena -que ha cambiado de órgano de gobierno hace unos meses- encargó un informe a un despacho de abogados para que determinase si, en efecto, la tumba de Queipo vulneraba la ley. El resultado de ese informe no se hizo público, pero sí trascendió que la hermandad había pedido “una segunda opinión”.
Así ha permanecido la polémica -sin que ninguna de las partes implicadas se moviese un ápice de su discurso- hasta hace un mes, cuando sucedió algo que lo cambió todo: el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, aupado al poder por el éxito imprevisto de una moción de censura, anunció la exhumación inminente del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. La Junta se enteró por la prensa, pero enseguida hizo un balance obvio de la situación: ¿Por qué Francisco Franco sí y Queipo de Llano no? En las últimas semanas, nuevamente presionada por los medios, la Junta ha ido retrasando un argumentario solvente que explique cuál va a ser su iniciativa política respecto a la tumba de Queipo de Llano ahora que un presidente del Gobierno del mismo signo político impulsa la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Cuando ha llegado esa pregunta, el marco legal estaba aprobado por el Parlamento -la Ley andaluza de Memoria Histórica- y el decreto de simbología franquista que desarrolla la norma estaba prácticamente terminado. Faltaba unir los puntos y que la presidenta Susana Díaz se atreviera a decir abiertamente que la ley y el decreto habilitan al Gobierno andaluz a exhumar el cuerpo de Queipo de Llano de la Macarena. El asunto quedará en manos de un comité de expertos que, primero tiene que constituirse (tres meses desde que el decreto entre en vigor), y luego tendrá otro mes de plazo para emitir un informe vinculante sobre el tema. Dado que el decreto aún no se ha aprobado, que agosto es inhábil, y que la presidenta baraja adelantar las andaluzas al próximo otoño, el plazo para abordar la hipotética exhumación de Queipo de la Macarena es suficientemente holgado como para que no enturbie las próximas elecciones autonómicas y, sobre todo, sobre todo para que no perjudiquen las aspiraciones del alcalde socialista Juan Espadas en las municipales de mayo de 2019.
“Criminal de guerra”
¿Será determinante la aprobación del decreto de simbología y la constitución del comité de expertos para la exhumación de los restos de Queipo? No está claro del todo. El propio director general de Memoria de la Junta tiene dudas sobre si se puede considerar la tumba de un general fascista como un elemento de exaltación del franquismo: “Queipo de Llano está enterrado en un santuario religioso de ámbito privado. Y todo el mundo tiene derecho a estar enterrado. Otra cosa es que eso incomode u ofenda a los hermanos de la Macarena”, avisa Giráldez.
Gonzalo Queipo de Llano (Tordesillas, 5 de febrero de 1875 – Sevilla, 9 de marzo de 1951) comandó las tropas franquistas en Andalucía en 1936 y fue responsable de la victoria sublevada en el suroeste peninsular, donde apenas encontró resistencia. También es responsable de la matanza de miles de civiles, en torno a 14.000 personas sólo en Sevilla. Los archivos radiofónicos de Unión Radio Sevilla -hoy la Cadena Ser- conservan algunos discursos del militar poco después del golpe de Estado, en el 36, animando a sus tropas a destruir “a los rojos” y, “de paso”, a violar a sus mujeres: “Se les perseguirá como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.
En julio de 2016, cuando se cumplían 80 años del alzamiento golpista contra la II República, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en un pleno por unanimidad una moción que condenaba el golpe de Estado, y que en un segundo punto (del que se desmarcaron PP y Ciudadanos) instaba a la Macarena a deshacerse de los vestigios franquistas e iniciar los trámites para exhumar al general fascista. El Gobierno andaluz considera a Queipo de Llano un “genocida y un criminal de guerra”.