Primero fue Francisco Franco, en octubre de 2019, y ahora, con el proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado, parece que le tocará el turno a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española enterrado a los pies del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos. “Habrá que proceder a su exhumación”, ha asegurado el ministro Félix Bolaños. Lo que no está asegurado es que los restos de Gonzalo Queipo de Llano corran esa misma suerte pese a que también se encuentra en una basílica la tumba del general golpista y “criminal de guerra” responsable de la “matanza” de miles de andaluces, según historiadores y expertos en la materia. La futura norma, de la que se ha publicado el anteproyecto de ley y que aún debe atravesar la tramitación en el Congreso y el Senado, donde estará sujeta a posibles modificaciones, prevé en su artículo 38.3 que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio”. Es el caso de la basílica de La Macarena, en Sevilla, donde yace el general franquista junto a su esposa, Genoveva Martí.
Con todo, y pese a que la ley es bastante clara, al igual que parecía ser la ley andaluza de 2017 respecto a este tipo de situaciones (“cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos” -artículo 32.4) nadie se moja con que Queipo pueda salir de la basílica con la nueva norma en la mano. La futura ley estatal, en su artículo 36.5, tiene una redacción similar en esa materia: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
Al igual que los restos de Franco y los de Queipo tenían una serie de diferencias por las cuales se procedió a la exhumación de los restos del dictador y los del general golpista aún esperan en el mismo lugar desde 1951, la futura Ley de Memoria Democrática de España tiene algunas particularidades, por ejemplo que el Valle de los Caídos, la mayor fosa común de España, cuente con un artículo específico.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática señalan a elDiario.es Andalucía que el proyecto de ley recién aprobado por el Consejo de Ministros recoge “de manera expresa”, tal y como constaba en el anteproyecto, que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura“. Y añade: ”corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado“.
De acuerdo a las mismas fuentes ministeriales, el proyecto de ley declara “con absoluta claridad” en su exposición de motivos que la democracia española es incompatible con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial, y por ello introduce las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes. Se trata de “una medida más” de las recogidas en el proyecto de ley sobre los símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, “en la idea de que dichos símbolos públicos deben tener como finalidad el encuentro de los ciudadanos en paz y democracia, y nunca una expresión ofensiva y de agravio”, explican las fuentes, con una finalidad: “la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía”.
Hay algunas cuestiones que parecen claras pero otras quizás no tanto de acuerdo a la rigurosidad de una ley. ¿Es la tumba de Queipo de Llano un símbolo contrario a la memoria democrática? ¿Puede favorecer su ubicación la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura? El portavoz de la Asamblea Memorialista Andaluza, Luis Naranjo, comenta que “la indefinición sigue estando ahí”. “No hay nada definitivo ni lo habrá hasta que el Gobierno haga un catálogo oficial de simbología franquista, algo que debía de haber hecho la Junta pero que no ha hecho por razones políticas que todos conocemos. Mientras no haya un catálogo que tenga rango de decreto, todo va a estar sujeto a la interpretación judicial”, explica el memorialista y ex director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.
“La ley andaluza lo deja más claro que el agua. Lo que pasa es que el elemento en cuestión se puede interpretar si es símbolo franquista o no, aunque eso sea de un cinismo extraordinario. Por eso es necesario un catálogo oficial que evite la judicialización de estas cuestiones. Yo era lo siguiente que tenía en la mesa cuando salimos del cogobierno”, en alusión a su etapa como director de Memoria, con IU en la Junta con el PSOE (2012-2015). De hecho, un informe jurídico de la Junta cuestionó en su día la posible exhumación de los restos de Queipo, un asunto que lleva años en la agenda pero no termina de concretarse.
Pepe Barragán, de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, tiene un “sabor agridulce” tras la aprobación del proyecto de ley estatal respecto al asunto de Queipo de Llano porque el articulado “podría facilitar” su salida del templo pero “necesitaría un desarrollo”. “El tema de Queipo no se va a resolver con cuestiones genéricas sino con algo parecido a lo que se hizo con Franco, con una Orden o algo similar”, comenta. En todo caso arroja algo de “esperanza” dado que la ley andaluza de memoria está “absolutamente frenada” con el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, apunta el representante de la asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática.
El proyecto de ley, según Barragán, “podría abrir” esa posibilidad de la exhumación de Queipo o de otros dirigentes militares “pero entra en juego una casuística que da pie a una posible controversia jurídica”. “El ejemplo lo tenemos con los nombres de algunas calles, que pueden parecer muy claramente ligados al franquismo pero ya algunas familias han ganado los recursos judiciales planteados”. “La salida de Queipo hay que pedírsela a los poderes públicos, no a la Hermandad de la Macarena”, opina, pero “tendría que haber alguna especificidad” en el desarrollo de la ley, insiste.
Lo cierto es que la Junta dictó por fin en julio de 2020 la orden que creaba el comité técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, pero nada ha trascendido desde aquello. Ese mismo mes de julio, el Ayuntamiento de Sevilla pidió de nuevo sacar la tumba de Queipo de La Macarena. La Hermandad, por su parte, bendijo en noviembre su columbario y ya fueron entrando “restos de hermanos”. “Seguimos esperando que haya reglamento o que la Junta determine algo”, dijeron desde la Hermandad mientras la familia había negociado el traslado a ese lugar. Con todo, la salida de Queipo de la basílica a ojos del público sigue siendo cuestión de “voluntad política”, como ya indicaron expertos consultados por este periódico.
La voluntad política para sacar a un general autor de arengas tan encendidas e incendiarias como estas: “Se les perseguirá como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos”, decía Queipo en arengas radiofónicas. “Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres”, exaltaba ante los micrófonos de Unión Radio Sevilla (emisora de la Cadena SER). Continuaba Queipo de Llano, año 1936: “Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.
Ayúdanos a seguir haciendo periodismo desde el territorio. En el periodismo local es especialmente crucial depender de los lectores.
Por eso ahora, los socios y socias de elDiario.es también pueden añadir a su cuota una cantidad extra destinada íntegramente a nuestra redacción de Andalucía. Si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio/socia y haz una aportación extra para nuestra cabecera.