Foco de bienestar y polémica. El medio ambiente no se ha librado en 2015 de ser el centro de atención. Aunque los problemas ambientales han pasado de puntillas por la campaña electoral andaluza (y también de la estatal) y el Parlamento andaluz, la actualidad se ha empeñado en llevarle la contraria a aquellos partidos políticos que han preferido soslayarlos.
Doñana, uno de los parques nacionales más emblemáticos de la Península Ibérica, se ha visto envuelto en viejas y nuevas polémicas. A las presiones de los pozos ilegales que agotan sus humedales, se han unido nuevas dudas sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que sufrió un accidente en 1998, y los nuevos intentos por reimpulsar el dragado del Guadalquivir.
Juan José Negro, ya ex director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), le plantó cara a estas nuevas amenazas sobre el espacio protegido desde la propia institución, los tribunales y el Consejo de Participación de Doñana. Su postura le valió el cargo y el director del CISC, Emilio Lora-Tamayo, con el apoyo de Miguel Ferrer, coordinador del CSIC en Andalucía, colocó a un hombre de su confianza, Xim Cerdá, a pesar de que los propios científicos de la EBD han rechazado la candidatura de Cerdá a favor de Pedro Jordano, quien expresó su intención conservacionista de “defender a ultranza los intereses de conservación de los espacios naturales donde trabajamos”.
Algarrobico: La historia interminable
Como si la hubiera escrito Michael Ende, la historia interminable del Algarrobico no termina de ver los créditos finales. En su último episodio, el famoso hotel almeriense construido sobre las arenas de la playa y en espacio protegido ha acabado en los tribunales europeos. Mientras las organizaciones ecologistas esperan desde septiembre que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la titularidad pública de los terrenos y si estos son urbanizables o no, las organizaciones verdes han denunciado ante Estrasburgo a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que consideran legal la licencia de obras del hotel.
Precisamente el nuevo plan de protección del litoral andaluz, aprobado en mayo de este año, está considerado una norma “positiva” contra el propio Algarrobico y cualquier urbanización que se proyecte en la costa andaluz. La nueva normativa crea un corredor no urbanizable de 500 metros de ancho para proteger el litoral, pero autoriza en dicha franja la construcción de casi 150.000 viviendas que ya se habían aprobado por los ayuntamientos en planes urbanísticos anteriores. Greenpeace no ha dudado en tachar dicha excepción de “barbaridad”.
Cincuenta años después, y a apenas 35 kilómetros del Algarrobico, Palomares ha vuelto a ser noticia después de que España y Estados Unidos escenificaran un acuerdo “de carácter confidencial y no vinculante” para eliminar la contaminación radioactiva que dejaron cuatro bombas nucleares del ejército americano en 1966. Desde hace medio siglo, la localidad almeriense ha vivido con niveles de radiación 20 veces superior a lo admitido en alguna de las zonas afectadas. Un estudio del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) cifra la limpieza en 30 millones de euros. La propuesta de transportar la tierra contaminada y transportarla en barco hasta el desierto de Nevada figura en un plan del Departamento de Energía norteamericano de 2015.
Dejando a un lado la especulación y los conflictos nucleares históricos, el fuego ha vuelto a ser una de las amenazas más serias para el medio ambiente andaluz. Los incendios forestales han arrasado más de 12.000 hectáreas a lo largo de este verano en 96 incendios diferentes. Su voracidad ha sido, por tanto, siete veces mayor que hace tan solo dos años, cuando tan 'solo' ardieron 1.811 hectáreas. Jaén se ha visto especialmente perjudicada con el incendio de Quesada, donde ardieron más de 9.000 hectáreas, superando en un solo incendio la superficie calcinada en 2014 (7.362). Bomberos forestales y organizaciones ecologistas siguen insistiendo en la prevención como medida prioritaria para acabar con esta lacra ambiental que tiene la mano del ser humano en el 90% de los casos: los incendios se apagan en invierno.
El fuego ha vuelto a ser el protagonista en el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva (Huelva). A una humareda a mediados de mayo le sucedió, un par de semanas después, un incendio que generó una gran columna de humo visible a decenas de kilómetros y una gran alarma social en la población. El ayuntamiento de la localidad onubense confirmó que “un bidón salió ardiendo en el momento de la inspección”, mientras que la empresa responsable el recinto, Befesa, cuya planta de residuos en Cartagena permanece cerrada desde verano por el almacenamiento ilegal de bidones con residuos peligrosos, se negó a dar más detalles, siguiendo una estrategia de opacidad comunicativa. Un testigo afirmó que el incendió desprendía “un olor penetrante a productos químicos: fuerte, irritante y desagradable”, pero Befesa nunca reconoció qué material peligroso o tóxico había ardido.
En cuanto a la fauna amenazada, ha habido una de cal y otra arena. Mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha rebajado el grado de amenaza del lince ibérico, pasando de 'en peligro crítico' a simplemente 'en peligro', el rastro del lobo ibérico se ha extinguido de Andalucía desde hace dos años.
En el caso del lince, la UICN ha valorado que en diez años, desde que se empezó el programa de recuperación del felino, la población se haya multiplicado por tres hasta llegar a los 156 ejemplares de 2012. Varias voces críticas se han alzado contra una medida que consideran prematura. El lince cuenta actualmente con 327 ejemplares y su crecimiento se ha estancado ante la pandemia que sufre su alimento principal, el conejo, y la ola de atropellos que padece desde 2012, año en el que se dispararon los siniestros.
Ante la situación “muy precaria” que sufre el lobo ibérico, como reconocía el propio consejero de medio ambiente, José Fiscal, la Junta de Andalucía ha diseñado un proyecto Life que ha presentado ante la Unión Europea y ha creado un comité científico para que asesore a la administración a la hora de realizar un censo fiable. Los ecologistas se han mostrado especialmente críticos con la administración andaluza a la que ha tachado de “maquillar” con su plan de recuperación “el peor momento poblacional” del lobo. Según Ecologistas en Acción, la Junta no se atreve a catalogar al cánido como especie en peligro de extinción sin hacer antes el censo, porque “ello implicaría aplicar las leyes ambientales en grandes latifundios que desde hace décadas funcionan con sus propias normas al margen de aquellas”.
La lucha contra el cambio climático
Mientras jefes de estado y gobierno se reunían en París para luchar contra el cambio climático y llegar a un acuerdo de mínimos, Andalucía mantiene estancada su ley de cambio climático desde enero de 2015, cuando terminó el plazo de alegaciones. El consejero de medio ambiente se ha comprometido a que la ley llegue al Parlamento andaluz en el primer trimestre de 2016. La nueva ley se centra en las emisiones difusas, es decir, principalmente aquellas que no genera la industria, y que no están reguladas al régimen europeo de comercio de derechos de emisión. La ley incluye un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado y medidas para incrementar los sumideros naturales de CO2, como los bosques y otras superficies arbóreas.
El medio ambiente será un 3,5% más importante en 2016. Al menos en lo que a presupuestos andaluces se refiere, ya que se destinarán 740 millones de euros a la Consejería de Medio Ambiente. 310 millones se emplearán en gestionar el medio natural: más de la mitad de ellos serán para apagar incendios. Y prevenirlos.