Los alrededor de cincuenta hombres que jaleaban a los gallos en el reñidero de la peña El Olimpo del Gallo, en Sanlúcar (Cádiz), se quedaron petrificados al ver aparecer a los agentes de la Guardia Civil entre la grada. Ese día no les esperaban. No habían llegado avisos. Los movimientos de los guardias fueron precisos, muy rápidos. Mientras grababan la escena en vídeo, entre el cacareo agobiante de decenas de ejemplares, localizaron la caja de los ingresos del día y la lista de apuestas, evidencias de irregularidades en este tipo de eventos. También impidieron que los responsables de la peña utilizaran sus teléfonos. En ese momento, se estaban ejecutando operaciones similares en otros seis reñideros de la provincia: dos más en Sanlúcar, uno en Trebujena, dos en la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, y uno más en El Cuervo (Sevilla).
La operación Espolón, desarrollada el sábado por la tarde, es la más importante que se recuerda contra las irregularidades en las peleas de gallos en Andalucía, unos eventos que sólo están permitidos para la selección de cría y mejora de la raza. Los agentes hallaron durante las siete inspecciones casi simultáneas tres ejemplares muertos y 25 con graves heridas y mutilaciones. Por estos motivos, detuvieron a nueve personas, los propietarios de los gallos a los que sorprendieron en riña, a los que ahora se les imputa un delito de maltrato animal.
Además, la Benemérita levantó 210 denuncias: 182 por infracciones administrativas en materia de apuestas, por maltrato de animales, por permitir la entrada de no socios en las peñas, por carecer de seguro obligatorio y por dar publicidad al evento; y 28 por consumo de estupefacientes, por portar armas blancas y por obstrucción a la labor inspectora. Fuentes de la Guardia Civil apuntaron ayer que las peleas de gallos siguen estando rodeadas de un entorno de “enorme marginalidad”.
Alrededor de 100 agentes del Seprona, la Segunda Compañía de Jerez, la Unidad de Seguridad Ciudadana y la OPC participaron en la operación Espolón. La acción es el resultado de varios meses de planificación de la Guardia Civil para demostrar las irregularidades que se esconden detrás de la fachada opaca de la mayor parte de las riñas de gallos en la región. Un veterinario se sumó al dispositivo para dar testimonio del estado en el que se encontraban las aves. Esta prueba resulta determinante para diferenciar los citados casos de maltrato animal de los de las riñas legales, permitidas por la ley.
La raza del Gallo combatiente
Andalucía es, junto a Canarias, la única comunidad autónoma del país en la que se siguen celebrando peleas de gallos de forma legal. A principios de 2000, cuando la Junta de Andalucía se disponía a aprobar la Ley de Protección de Animales, la Federación Andaluza del Gallo Combatiente Español (Fadgce) consiguió que la Administración considerara la necesidad de fomentar la cría y selección de esta raza, que durante décadas fue muy apreciada en América Latina.
Tres años después, la Ley 11/2003 prohibió las peleas de gallos con la excepción de las organizadas con el objetivo de la “selección de cría para la mejora de la raza y su exportación realizadas en criaderos autorizados con la sola y única asistencia de sus socios”.
Una resolución de 2004 terminó de configurar el marco legal que hoy ampara la celebración de riñas: solo las peñas o asociaciones inscritas en los registros de la Junta pueden organizar las tientas, que “no tendrán bajo ningún concepto la consideración de espectáculo público o actividad recreativa”; los reñideros deben tener pólizas de responsabilidad civil y certificados de seguridad e higiénico-sanitario; sólo los criadores federados pueden asistir a las riñas y en ningún caso pueden hacerlo menores de 16 años. Además, las apuestas y la publicidad están prohibidas.
En las riñas del sábado no sólo se encontraron carteles que anunciaban los duelos, sino también listados de apuestas que en algunos casos llegaban a superar los 500 euros por pelea. “Todos los miércoles, polluelos y gallos viejos. Reñidero La Rondeña”, rezaba un cartel en la peña gallística sanluqueña.
La Fadgce añade algunos requisitos en su normativa: los gallos deben tener tatuados sus datos de registro, exigencia del Seprona para el traslado de estas aves; las espuelas no pueden medir más de 20 milímetros; y los enfrentamientos en el reñidero no pueden durar más 25 minutos ni ser a muerte. Cuando un gallo “pone la pechuga en la tierra”, se acabó, al menos en teoría, porque la inspección del sábado también evidenció que hubo peleas a muerte.
La normativa establece que las riñas no pueden tener la consideración de espectáculo público o actividad recreativa. Y los galleros se aferran a este fundamento para mantener una opacidad total en las peleas, tal y como ha denunciado el Seprona ante la Junta y ante la Fiscalía de Medio Ambiente. El servicio también ha subrayado sus dificultades para acceder a las riñas y acreditar irregularidades. Por estos motivos, la operación Espolón se ha convertido en una de las más relevantes de la historia contra las irregularidades en peleas gallísticas y reabre el debate sobre la naturaleza legal de este tipo de eventos.
El presidente de la Fadgce, Basilio Angulo, que representa a 28.000 asociados en Andalucía (9.000 de ellos, en las 22 peñas gaditanas), aseguró ayer por la mañana no tener constancia de la operación del sábado. “Me entero por usted, pero si alguna peña ha cometido irregularidades, que pague. La ley es la ley”, apuntó Angulo, que pidió tiempo para analizar la información y hacer pública una postura oficial de la federación. “No recuerdo nada así”, esbozó, contrariado.
La ancestral afición a las peleas de gallos mantiene hoy su vigor con cientos de criaderos y peñas en la región. Durante años, los ejemplares de la raza Combatiente Español tipo Jerezano se exportó con profusión a América Latina, aunque hoy esas ventas al exterior son mínimas, según el Seprona. El negocio en torno a las riñas tiene envergadura. El precio de un gallo parte de los 300 euros y la media puede establecerse entre 600 y 1.000, según la información aportada por criadores gaditanos. Un campeón que además demuestre su capacidad de transmitir sus valores genéticos puede superar los 2.000 euros. El límite, a partir de aquí, es difuso.