David contra Goliat. Un grupo de ciudadanos contra una empresa del IBEX-35. La lucha contra la construcción de nuevos pozos, gaseoductos y almacenes de gas en el Parque de Doñana dura ya una década. A lo largo de este tiempo, las batallas se han librado sobre las mesas de los despachos de empresas, científicos, Gobiernos y defensores del pueblo.
Europa, de manera extraordinaria, se ha visto obligada a enviar una misión para que sus eurodiputados investiguen qué está pasando en Doñana con el gas y determinar si vulnera las normativas europeas de protección del medioambiente. ¿Se puede construir un almacén de gas en un espacio protegido? ¿Es peligroso? ¿Hay riesgo de contaminación? ¿Hay riesgos sísmicos?
La historia se remonta al año 2008, cuando Gas Natural (actual Naturgy), que cuenta desde hace décadas con pozos y gasoductos en el entorno de Doñana, presenta un proyecto de ampliación de sus instalaciones alrededor y dentro del espacio protegido. La empresa gasítica divide el proyecto en cuatro partes: Saladillo, Aznalcázar, Marismas Occidental y Marismas Oriental.
Las organizaciones ecologistas han insistido desde entonces que Gas Natural ha troceado el proyecto “para evitar la evaluación de impacto ambiental conjunta”. La propia empresa engloba todo el proyecto en su propia página web bajo la denominación de Proyecto Marismas y sostiene que “fue dividido por la Administración en cuatro sub-proyectos, en función de la diferente catalogación medioambiental de cada zona”.
Durante los años siguientes, se han sucedido los informes científicos, las autorizaciones y las paralizaciones del proyecto por parte de las diferentes administraciones públicas. En el año 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía concedieron sus respectivas bendiciones al proyecto de Marismas Occidental, que se encuentra al borde del Parque Natural de Doñana. El Consejo de Participación se opone a todos los proyectos, pero el gabinete de Mariano Rajoy le termina dando su visto bueno a los tres restantes. La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe conceder o denegar la llamada Autorización Ambiental Unificada (AAU).
A esas alturas del partido, hay otra pelota y está en el tejado de Europa, que tiene mucho que decir sobre Doñana, ya que forma parte de la red de espacios protegidos europeos Natura 2000. Cuatro organizaciones sociales y ecologistas acuden al Parlamento Europeo en busca de una protección efectiva de este patrimonio de la humanidad, reconocido como tal por la Unesco. Consideran que Doñana está amenazada y recurren a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la bisagra entre la sociedad civil y las instituciones europeas.
Las quejas, formuladas en 2008 por Club Doñana y en 2013 por Izquierda Unida y las asociaciones Mesa de la Ría y Primavera Andaluza, son las que han desembocado cinco años después en una misión que trata de dilucidar si el proyecto gasístico de Gas Natural en Doñana es perjudicial para el medio ambiente o no.
Parlamento y Congreso, en contra
Durante ese lustro, sólo el proyecto de Marismas Occidental ha seguido adelante, mientras el Parlamento Andaluz y el Congreso de los Diputados se han opuesto a todos ellos. Un informe del CSIC salía a la luz hace más de un año y advertía que había riesgo sísmico, mientras el Defensor del Pueblo, tras analizar más de una decena de informes del Instituto Geológico y Minero (IGME), pedía que se reevaluaran los riesgos del proyecto: “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno”.
El Defensor del Pueblo cree que hay que “Iniciar los trámites para evaluar individual y conjuntamente los impactos acumulativos de los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero”.
Pide que se suspendan los trabajos en Marismas Occidental hasta que no estén claros los riesgos y le solicita al Gobierno que deje claro el estado de la tramitación de las autorizaciones de Saladillo, Aznalcázar y Marismas Oriental.
La misión europea en Doñana
Durante tres días, desde el miércoles hasta el viernes de esta semana, la delegación de diputados europeos se ha reunido con los denunciantes, organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía, el defensor del pueblo andaluz, científicos, agricultores y responsables de Gas Natural para hacerse una idea, sobre el terreno, de las amenazas que sufre Doñana, en general, y con el gas, en particular.
La delegación estaba compuesta por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (Partido Popular Europeo), el griego Miltiados Kyrkos (Partido Socialista Euroepo) y el austriaco Thomas Waitz (Verdes). Y contaba con el apoyo de los eurodiputados españoles Rosa Estarás (Partido Populares Europeo), Soledad Cabezón (Socialistas Europeos) y Florent Marcellesi (Verdes).
El resultado de esta misión, en forma de informe, se llevará a la sede parlamentaria europea, donde, en cuestión de meses, se debería llegar a una resolución final con recomendaciones dirigidas tanto al gobierno de Susana Díaz, como al de Pedro Sánchez. Aunque no habría sanciones económicas directas, algo que corresponde al órgano ejecutivo, es decir, a la Comisión Europea, ésta si quedaría informada de la posible vulneración de leyes europeas medioambientales en España. Es decir, contaría con un instrumento más para sancionar económicamente al Estado español.
En diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo “muy probable” que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas “más bien para febrero”, según declaraciones recogidas por Europa Press de los europarlamentarios. Tras reunirse con el consejero de Medio Ambiente este miércoles, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky ha calificado de “seria” y “muy importante”.