El Gobierno andaluz tiene poco más de una semana para que el aceite de oliva virgen extra llegue a tiempo a los colegios para celebrar el tradicional desayuno saludable del 28F, Día de Andalucía, un evento fijado en el calendario escolar el próximo viernes 23 de febrero, porque después habrá un puente festivo.
Este miércoles, 14 de febrero a las 7.05 horas, el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución del contrato definitivo para este servicio adjudicada sólo un día antes, pese a que el pasado viernes, cuando este periódico destapó la circular de la Consejería de Desarrollo Educativo en la que se anunciaba que el aceite no llegaría hasta marzo, la Junta aseguró que ya estaba oficialmente hecho el encargo y que “intentarían llegar a tiempo” para el 28F.
La adjudicataria ha resultado ser la empresa sevillana Plataforma Femar S.L, que tiene actualmente abierto un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por repartirse, precisamente, licitaciones de suministro de alimentos a colegios, residencias y cárceles. También ha sido recientemente multada por la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, por entregar comida en mal estado en residencias infantiles y de mayores.
Según las cláusulas del contrato, esta empresa tiene siete días lectivos y un fin de semana para cumplir con los criterios de envasado, etiquetado –con logo de los pagadores del plan: Junta y Unión Europea– y reparto de 36.000 botellas de medio litro de aceite de oliva virgen extra con sello ecológico.
El desayuno escolar del 28F –pan con aceite y azúcar– está teniendo este año un azaroso recorrido. La Consejería de Agricultura sacó un primer concurso que quedó desierto el pasado mes de julio porque la Junta fijó un precio muy por debajo del precio de mercado de aceite, ya entonces disparado. Sacó una segunda licitación en octubre –100.000 euros más cara– que la semana pasada aún no se había resuelto de forma definitiva.
Fue entonces cuando la Consejería de Educación anunció a los 2.200 centros acogidos al programa de desayuno saludable que este año no habría aceite por el alza de los precios y problemas en los plazos adjudicación. Este aviso precipitó los acontecimientos el pasado viernes, cuando elDiario.es Andalucía publicó el contenido de la circular del departamento de Patricia del Pozo: Agricultura reaccionó afirmando que era un “error de interpretación” de Educación, que a su vez mandó una nueva circular –ya por la tarde, con todos los colegios cerrados– para rectificar su primer comunicado y avisar de a las escuelas de que “la Junta trabaja para que los centros educativos puedan contar ya con el aceite el próximo 28 de febrero”. Esta segunda circular tampoco garantizaba que las botellas de aceite llegasen a tiempo.
Todo ello ha venido a coincidir con un clima político muy tenso y con la agricultura en el centro del debate, con tractoradas por todo el país que han llevado a los partidos (con el PP, que gobierna en Andalucía, a la cabeza) a abanderar las reclamaciones del campo. En este contexto, al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno le han llovido reproches políticos y agrarios ante lo que se ha considerado un desplante al producto estrella del campo andaluz.
Así las cosas, el viernes se cerró con Agricultura insistiendo en que el contrato ya estaba asignado y que lo que estaba pendiente era la distribución del producto. Pero a la hora de la verdad, la adjudicación lleva firma del pasado martes 13 de febrero –posterior a la publicación de la noticia– y se ha tramitado este mismo miércoles día 14, después de que la mesa de contratación designase a la empresa ganadora del concurso el pasado 25 de enero.
La elegida ha sido Plataforma Femar, una empresa radicada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra especializada en la distribución en toda España de productos de alimentación general y congelados, contando entre sus clientes a hospitales, residencias geriátricas, hoteles, comedores escolares y empresas de catering, y que hasta hace unos meses gestionó la cafetería del Parlamento de Andalucía.
La Plataforma Femar era la única de las cinco aspirantes a este concurso que no era una compañía oleícola, la mayoría de ellas de Jaén. La mesa de contratación le concedió 80 puntos frente a los 62,74 de la segunda opción, una baremación en la que pesó especialmente la propuesta económica: presentó una oferta para este servicio de 194.000 euros frente a un presupuesto de licitación de 213.120, ambas cantidades sin incluir el IVA (234.432 euros). Su propuesta era 2.000 euros más barata que la que quedó segunda, aunque también le ganó en puntuación por incluir aceite de producción ecológica.
El pliego de condiciones técnicas para la compra y distribución de aceite en los colegios estipula que las botellas con el producto debían estar repartidas ya en los colegios andaluces dos semanas antes del día previsto para la actividad, el viernes 23 de febrero. Según el contrato, ahora tiene que repartir 36.000 botellas de cristal de medio litro de aceite de oliva virgen extra de una denominación de origen protegida y hacerlos llegar a 10 destinos: los Servicios Centrales y las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura y la sede central de la Consejería de Desarrollo Educativo. A esto hay que añadir la sede de las empresas adjudicatarias de los distintos lotes provinciales (ocho en total) que integran el contrato para la distribución de frutas y hortalizas que también se consumirán en este popular desayuno.
Plataforma Femar inicia así una carrera contrarreloj para intentar llegar antes del día 23, aunque el contrato le obliga a que, antes del envasado, deberá remitir a Agricultura para su visto bueno un informe de las características del aceite seleccionado, acompañado de dos muestras del mismo. También tiene que hacer llegar la prueba de imprenta del etiquetado y la acreditación de que el lote a envasar está certificado por una denominación de origen.
De hecho, y según el pliego de condiciones, la empresa seleccionada dispone de un mes de plazo para hacer llegar las botellas a su destino. En su primera circular a los colegios, la Consejería de Educación ya avanzó que el aceite no llegaría hasta marzo –para el 28F “será imposible”– y que los centros lo podrían almacenar hasta el Día de Andalucía del año que viene. La notificación subrayaba que “en todo caso el desayuno se llevará a cabo”.
Ante la perspectiva de que no esté a tiempo, no son pocos los centros educativos en los que las AMPA han organizado la compra y donación del aceite, y hasta hay una entidad (la Fundación Savia) que se ha ofrecido a “realizar las gestiones” para que no falte pan con aceite en los colegios por el 28F.
La empresa que ha ganado el concurso ha estado muy presente en los medios de comunicación en los últimos meses tras la sanción que le impuso la Comunidad de Madrid el pasado mes de noviembre, cuatro multas que en total superan los 4.000 euros por entregar alimentos en mal estado a residencias infantiles. Plataforma Femar ya estuvo poco antes en el ojo del huracán también en Madrid, en este caso por comida deteriorada en residencias de mayores, aunque finalmente el Gobierno madrileño le prorrogó el contrato.
Puestos en contacto con la empresa, ha declinado hacer declaraciones a este periódico. En su momento, el Ejecutivo madrileño alegó que la Ley de Contratos no impide que firmas sancionadas puedan volver a contratar, al tiempo que recordaban que Plataforma Femar tiene acuerdos con “todas las administraciones” y que a finales de año estaba litigando en más de 800 procesos de licitación, la mayoría del Gobierno central.
La compañía, asimismo, tiene en tramitación un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por repartirse licitaciones de suministro de alimentos a colegios, residencias y cárceles, lo que en la práctica supondría funcionar como un cártel y desarrollar prácticas restrictivas de la competencia. El procedimiento sigue abierto, y no supone el único problema de rango mayor que ha tenido la empresa: en 2014, el Tribunal Supremo confirmó la condena a su administrador único por falsedad documental en una trama en la que tres militares se quedaron con el dinero destinado a las comidas de los estudiantes de una residencia universitaria de Sevilla.
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