La Junta andaluza cesa a un alto cargo investigado por la supuesta caja b del PP y lo sustituye por la abogada del partido en el caso ERE

El Gobierno andaluz ha destituido al dirigente popular José Cara de su puesto de presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria de la Junta (IFAPA), dependiente de la Consejería de Agricultura. El ex alcalde del municipio almeriense de La Mojonera entre 2003 y 2015 aparece como querellado en la investigación de la Policía Nacional sobre la supuesta 'caja b' del PP de Almería, en concreto, sobre el complejo empresarial de Hispano Almería, que está bajo sumario en el Juzgado de Instrucción 3 de la capital almeriense.

El hasta hoy presidente del IFAPA era socio de la constructora con la que aprobó permutas y ventas de terrenos por un valor superior a 1,7 millones de euros cuando era regidor del municipio. La Policía sospecha que Cara supuestamente favoreció con esas permutas y otras subastas de terrenos, además de con la concesión de obras, mientras ostentaba la Alcaldía de La Mojonera (8.700 habitantes). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha revisado cuatro expedientes de permutas de terrenos y otras tantas adjudicaciones de contratos con Gesponiente y otras filiales de Hispano Almería, como Alcosan, cuyos proyectos sumaron 1.729.380 euros. “Cara interviene directamente en expedientes de permutas y subastas de terrenos, además de en otros de adjudicación de obras con empresas con las que comparte intereses económicos directos”, reza el informe policial.

El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla decidió mantenerlo en su puesto como alto cargo de la Consejería de Agricultura después de que su nombre apareciera en la querella policial, alegando que Cara aún no estaba imputado de ningún delito. El ex alcalde y dirigente del PP figura como socio de Gesponiente, filial de Hispano Almería, tras adquirir 144 acciones por valor de 72.000 euros el 10 de septiembre de 2004. Su cese aparece este martes en el BOJA. Será sustituido en el cargo por Lourdes Fuster, que fue la abogada que representó al PP en el caso ERE, el fraude que salpicó a toda la cúpula del anterior Gobierno socialista de Andalucía, y que se saldó con la condena por prevaricación de dos ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán (éste último también fue condenado por malversación).

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este martes, 5 de enero, consultado por Europa Press, donde se publican sendos decretos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible --a la que está adscrita el Ifapa--, con el cese de José Cara y el nombramiento de Lourdes Fuster. Cara sostiene que ha abandonado su puesto “por decisión propia”.

Ambos decretos llevan fecha del pasado 29 de diciembre, cuando se adoptó el cese de José Cara y el nombramiento de Lourdes Fuster en el marco de la reunión del Consejo de Gobierno celebrada ese día, si bien el relevo se ha conocido este martes tras su publicación en el BOJA.

El Decreto 229/2020, de 29 de diciembre, dispone “el cese, a petición propia”, de José Cara González como presidente del Ifapa, a quien se le agradecen “los servicios prestados” en esta resolución rubricada por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Ambos refrendan también el Decreto 230/2020, de 29 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de Lourdes Fuster Martínez como presidenta del Ifapa, “a propuesta” de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de diciembre de 2020“.

José Cara fue nombrado presidente del Ifapa en la reunión del Consejo de Gobierno el 29 de agosto de 2019. Con anterioridad, fue alcalde del municipio almeriense de La Mojonera y diputado autonómico del PP-A entre 2008 y 2014, presidiendo durante este periodo la comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía.

Por su parte, Lourdes Fuster era hasta ahora subdirectora general de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), adscrita también a la Consejería de Agricultura, cargo al que llegó en 2019, tras haber ejercido como abogada en representación de la acusación del PP-A en macrocausas como la de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares de la Junta.