El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha salido este martes al paso de la información desvelada por este periódico y ha cuestionado los informes de los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncian el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos con los que se adjudicó a dedo 458 millones de euros en 2021.
La Junta no cree que ese “fraude” en el procedimiento de contratación que describen sus propios auditores alcance esa cifra, que representa la “suma de todos los contratos menores” en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.
Los interventores en estas provincias, en cuatro informes adelantados por este periódico, analizan una “muestra representativa” de expedientes de gasto, al constatar “el elevado número de contratos menores” autorizados por el SAS. Las cuatro auditorías concluyen que se instauró y perpetuó durante un año un procedimiento de contratación “en fraude de ley”, que utilizó el SAS para adjudicar esos 458,3 millones sin publicidad ni concurrencia competitiva.
“Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año”, en contra de lo dispuesto en la ley, y “sin los informes y autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente, coinciden los cuatro documentos.
La Junta sostiene que el contrato menor es una “figura legal válida” para contratar y que “en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos”. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas tampoco menciona el “desvío de fondos”, pero durante cientos de página expone múltiples ejemplos en los que se ha “infringido” la Ley de Contratos Públicos.
Estos informes “desfavorables” y con “carácter definitivo” -una vez desestimadas las alegaciones de la Junta- van más allá de otras auditorías que ya habían cuestionado la contratación de emergencia en la Consejería de Salud sin el anclaje legal de la pandemia, como hizo hace un mes la Cámara de Cuentas o la propia Intervención Central del SAS.
Esta vez amenazan con elevar un “informe de actuación” –una suerte de código rojo cuando se aprecian indicios delictivos– si “en el plazo de seis meses” no se han cumplido las recomendaciones planteadas en las auditorías de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén para corregir las irregularidades. “La inobservancia en el plazo de seis meses de las recomendaciones que se consideren en este informe como de especial relevancia podrán dar lugar a la emisión de un informe de actuación”, concluyen todas las auditorías.
La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, se ha emplazado a finales de diciembre para que la Consejería de Salud -“que es el órgano competente”- responda a las duras denuncias de los interventores con “el correspondiente informe de implantación de recomendaciones”. “Veremos qué ha corregido y qué no”, ha subrayado España durante un acto público en Málaga.
Los cuatro informes de la Intervención describen el mismo modus operandi en las cuatro provincias: “Se ha constatado la gran cantidad de contratos menores que se licitan con las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, eludiendo publicar nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia”.
Los auditores no demonizan el contrato menor, sino el abuso del mismo -más de una cuarta parte de la contratación del SAS en estas cuatro provincias se hizo por este procedimiento-, arrojando sospechas sobre la totalidad del gasto en esas facturas. El Ejecutivo andaluz ha puesto mucho empeño este martes en trasladar que el “fraude de ley” en los contratos menores que denuncian los informes “no es extrapolable” al conjunto del gasto en contratación menor, es decir, que “no todos” los 458,3 millones repartidos a dedo tienen por qué estar afectados por estas irregularidades. “Ningún informe de auditoría dice eso”, subrayan.
Algunas de las explicaciones que hay dado hoy la Junta ya aparecen en el anexo de alegaciones a los informes, aunque los auditores ya desestimaron esos argumentos: “No se está afirmando en ningún momento que la figura del contrato menor permitida en la Ley de Contratos del Sector Público no deba ser empleada. Lo que no puede ocurrir es que se produzcan fraccionamientos indebidos del objeto del contrato reiterando contratos menores a lo largo del año que superen los importes establecidos, o bien recogiendo en varios contratos prestaciones que responden a necesidades de igual naturaleza y que se deberían recoger en el mismo contrato mediante su división por lotes o prestaciones diferenciadas, por ser una infracción de la normativa que no encuentra justificación alguna, ni tan siquiera en las dificultades de todo tipo que pueden surgir en la gestión presupuestaria del gasto público”, advierte la Intervención.
La Junta también ha defendido este martes que estos contratos menores sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que “han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto”. Sin embargo, los informes recopilan múltiples ejemplos de adjudicación a dedo de obras y suministros no estrictamente sanitarios, y que los auditores no consideran gastos ni “urgentes ni imprevisibles”.
En las cuatro provincias analizadas, el SAS hizo 295.914 contratos menores -casi el 27% del total- y “los interventores han analizado solamente 573 contratos, el 0,19%”, replica el Ejecutivo de Moreno, que ha tratado de minusvalorar la importancia de los informes de la Intervención.“Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor”.
La oposición de izquierdas en bloque ha cargado contra el Gobierno de Moreno, tildando este asunto como “el mayor escándalo de corrupción en Andalucía desde el caso de los ERE fraudulentos”, en palabras de José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía. Inmaculada García, de la coalición Por Andalucía (marca regional de Sumar), ha denunciado el troceamiento de contratos millonarios en “pequeños contratitos” para eludir la ley y “beneficiar a grandes empresas”. Los socialistas, por su parte, han anunciado que llevarán este caso a los tribunales.
El Gobierno de Moreno ha lamentado que “el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos” y ha emplazado al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a que “reflexione y le dé al botón de 'stop' de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía”.
Ha recordado, por último, que “fue el Gobierno andaluz el que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía, y el PSOE los está utilizado de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE”.
La consejera de Hacienda ha pedido “tranquilidad” y ha reivindicado que “en el año 2021 estábamos prácticamente en pleno Covid y el objetivo era salvar vidas”, aunque ni los interventores ni la propia Junta en sus alegaciones hacen referencia a la pandemia cuando se denuncia el “fraccionamiento indebido” de contratos menores.
España ha confirmado que los interventores han dado “un plazo de seis meses a la consejería competente, que es la Consejería de Salud, para que realice un informe de implantación de recomendaciones”. Tras recordar que se trata de un informe elaborado en junio, “le quedan a la Consejería cuatro meses para realizar este informe y ya se adoptarán las medidas que estime oportunas”, ha afirmado la consejera a preguntas de los periodistas tras participar en el acto de inauguración de Andalucía Business Summit en Málaga.
Cuestionada sobre si la Consejería de Hacienda, a la que está adscrita la Intervención General de la Junta de Andalucía, conocía esos informes de las Intervenciones Delegadas de cuatro provincias, España ha eludido responder: “Hay una Intervención General pero está también la intervención del SAS que es la que realiza estos informes”.
La consejera ha pedido “dejar trabajar a la Consejería de Salud” y esperar a ver “qué es lo que plantean, qué es lo que han hecho, qué es lo que han corregido, y qué es lo que no han corregido”. Luego ha remachado: “Me gustaría conocer también los informes de todas las comunidades autónomas y del Gobierno de España del año 2021, en plena pandemia”.
Los cuatro informes están firmados por los interventores del SAS el pasado 13 de mayo (Huelva), 30 de mayo (Córdoba), 11 de junio (Cádiz) y 12 de junio (Jaén), por lo que el Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene de plazo hasta el próximo diciembre para responder con un plan de actuación que demuestre que el sistema de contratación ha cambiado y se han corregido las irregularidades detectadas.
De las cuatro provincias analizadas, la dirección del SAS de Huelva –Juan Ramón Jiménez– es la que más abusó de la contratación menor en 2021: se adjudicaron a dedo 91,9 millones de euros sólo a través de contratos menores, esto es, el 46,49% del total de contrataciones realizadas ese año, que representaron un gasto total de 197,8 millones, según consta en el informe del interventor.
Le sigue Jaén, con 69,8 millones en contratos menores –el 33,2% de los 209 millones de gasto en contratación del SAS–; Cádiz, con 235,4 millones en contratos menores, el 23,2% de los 1.014,8 millones gastados en esta provincia; y Córdoba, con 61 millones en contratos menores de los 278,5 millones en obligaciones de gasto (un 21,9% del total).
Las auditorías del SAS en las cuatro provincias se basan en análisis de las facturas y los contratos emitidos en 2021 de un universo muy amplio. En Huelva, por ejemplo, constan 59.312 recibos que suman los casi 92 millones en contratos menores. La muestra que analizan los interventores es de 168 documentos contables –con un gasto total de 835.107 euros–, constatando “incidencias” en el 97,6% de los casos.
En Córdoba se registraron 49.263 facturas ligadas a contratos menores por un importe de 61 millones, la muestra analizada (122 expedientes que suman 690.800 euros) detectó incidencias en el 98,3% de casos. En Cádiz se contabilizan 135.767 facturas al año que suman 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas. En Jaén se computan 51.572 documentos contables por un importe total de 70,3 millones en contratos menores. La Intervención analiza una muestra de 126 contratos y denuncia incidencias en 125 (99,2%).
A preguntas de este periódico sobre las conclusiones de las auditorías, fuentes del SAS explican que “las apreciaciones que realiza la Intervención sobre contratación menor son salvedades que han tenido mayor o menor impacto dependiendo del año y las circunstancias sobrevenidas”, y que estos reparos del órgano de fiscalización se remontan a 2012. “Pero siguen sin resolverse de forma definitiva a pesar del esfuerzo que realizan las centrales provinciales del SAS para mantener e incrementar los niveles de contratación administrativa por procedimientos distintos” a los contratos menores, añaden.
Las “dificultades” para solventar estas “deficiencias”, que la Intervención cataloga directamente como “infracciones legales”, son “en la gran mayoría de los casos por motivos ajenos a la voluntad de la Administración y siempre por el interés público de la prestación”, sostienen fuentes del SAS, también en referencia la censura del interventor por el abuso “injustificado” de los contratos de emergencia, “en un contexto de necesidad imperiosa según los datos asistenciales y epidemiológicos que obraban en la administración sanitaria” en 2021.
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