El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha empezado a marcar distancias con los dos exgerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, imputados en la causa que investiga un juzgado de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros en contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2021 y 2023. La Junta ha evitado explícitamente avalar su gestión, justo después de hacer una encendida defensa de la actual gerente del SAS, Valle García, también citada como investigada por el juez.
García se personó este lunes por la tarde en los juzgados de Sevilla, acompañada de su abogado, tras aparecer su nombre en el auto del juez que instruye la causa, para conocer los derechos que le asisten en calidad de investigada. En los próximos días, el magistrado Javier Santamaría la citará para interrogarla sobre la documentación que la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez han requerido al Gobierno andaluz, a la Intervención General de la Junta y a los auditores del SAS. Su representación legal no está sufragada por la Junta que, de momento, ha rehusado personarse en la causa judicial.
La actual gerente del SAS fue nombrada en diciembre de 2023. El juzgado de instrucción 13 de Sevilla investiga un posible delito de prevaricación en los contratos a dedo previos a su etapa, porque venían amparados en el marco legal habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado. Anticorrupción se ha adherido a la causa, abierta a resultas de una denuncia del PSOE por prevaricación, malversación de fondos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Un mes después de tomar posesión de su cargo, García empezó a firmar adendas con modificaciones en el presupuesto asignado a dedo a un puñado de hospitales privados (todas fueron correcciones de gasto al alza, menos una). Todas esas adendas emanaban del mismo Expediente de emergencia, autorizado por Guzmán en enero de 2021, sobre el que gira toda la investigación judicial. Un gasto inicial de 70 millones para contratos a dedo con clínicas privadas, que los dos anteriores gerentes del SAS prorrogaron hasta mayo de 2023, cuadruplicando el presupuesto inicial hasta los 243 millones de euros.
El PSOE localizó en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía nueve adendas a aquel expediente firmadas por Valle García entre enero y julio de 2024, y se las remitió al juez en una ampliación de su querella. 24 horas después, el magistrado imputó a los tres últimos gerentes del SAS.
El Gobierno andaluz ha salido este martes en defensa cerrada de Valle García, con un discurso laudatorio en el que ha acusado a los socialistas de implementar una “querella política contra una funcionaria de reconocido prestigio”. “Es un ataque a un funcionario. La gerente del SAS es una médico de reconocido prestigio, la primera mujer gerente del SAS, con mucho esfuerzo, mucho mérito, que desde 2017 había sido gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba. No entendemos la denuncia que ha hecho el PSOE con tanta falta de rigor, porque en 2024 ya no había contratos de emergencia”, ha asegurado la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.
España es quien ha confirmado que la gerente del SAS se había personado un día antes en los juzgados sin que el magistrado que instruye la causa de los contratos a dedo le haya notificado aún que está siendo investigada. Tras su alegato en favor de García, a la portavoz le han preguntado si hacía extensible esa defensa cerrada a los dos anteriores gerentes del SAS, también imputados, y si ponía la mano en el fuego por ellos. “¿La mano en el fuego...? Yo estoy defendiendo a una persona que forma parte del Gobierno andaluz, los demás ya no forman parte de él”, ha zanjado.
La Junta, cerca de personarse
La investigación judicial contra el Gobierno andaluz por los contratos a dedo en el SAS ha golpeado fuerte al Ejecutivo de Moreno. Por primera vez va a rebufo de la iniciativa política y judicial del PSOE, que controla la información que va a aportando al juzgado y los primeros pasos de la instrucción del juez y del fiscal. La imputación de los tres últimos gerentes del SAS, la semana pasada, fue un golpe imprevisto que pilló al equipo de Moreno a contrapie.
En el Palacio de San Telmo -sede de la Junta- se inclinan ya por personarse en la causa como parte perjudicada, igual que hizo en su día el anterior Gobierno del PSOE en la instrucción del fraude de los ERE, a la que los socialistas entraron para defenderse de una agenda marcada totalmente por el PP, personado en la causa como acusación desde el principio.
En público, el Ejecutivo andaluz defiende la legalidad de los contratos de emergencia y se aferra a dos informes del Gabinete Jurídico del SAS, de 2021, que avalan estas adjudicaciones a dedo. Esos informes argumentan que los efectos de la pandemia eran persistentes tres años después de que el Real Decreto que amparaba los contratos de emergencia fuera derogado. Sin embargo, el equipo de Moreno ha empezado a guardar distancias respecto a los dos primeros gerentes del SAS imputados en la causa, sobre todo de Guzmán, que es quien firma el polémico Expediente de emergencia en 2021, del que emanan todas las ampliaciones de gasto hasta 2023.
La portavoz de la Junta ha explicado que ya no forman parte del Ejecutivo andaluz. Sin embargo, hace justo un mes que el nombre de Guzmán sacudió San Telmo, cuando trascendió su fichaje, tres meses después de su cese como viceconsejero de Salud, en una de las aseguradoras privadas (Asisa), que se había beneficiado notablemente de los contratos a dedo firmados por él mismo. Guzmán, siendo gerente del SAS, adjudicó sin publicidad no concurrencia competitiva ni fiscalización previa cerca de 44 millones de euros a Asisa, que le nombró director general de Andalucía tres meses después de ser destituido como número dos de la consejería.
El revuelo que montó aquel fichaje obligó al Gobierno de Moreno a abrir una investigación interna que concluyó que el fichaje de Guzmán vulneraba la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, pero solo por unos meses. La Junta autorizó su fichaje en Asisa a partir de julio de 2024, cuando habían pasado los dos años preceptivos que marca la ley desde que dejó de ser gerente del SAS (aunque posteriormente siguió comandando en la consejería como número dos de la titular de la cartera, Catalina García).
Ahora los esfuerzos del Ejecutivo andaluz están situar a la actual gerente del SAS como cortafuegos a la denuncia por prevaricación del PSOE, seguros de que “después del 17 de mayo de 2023 no hubo más contratos de emergencia, ni ampliaciones de gasto ni prórrogas” del famoso expediente de 2021. El informe de la Intervención General de la Junta relativo a la contratación del SAS en 2022 y 2023 desmiente específicamente este argumento y esta fecha a la que se aferra el Ejecutivo andaluz para defenderse.
Adendas que “no son adendas”
España ha hecho este martes una interpretación propia de las polémicas adendas que modifican en 2024 el presupuesto asignado a dedo a una decena de hospitales privados, a partir del expediente de emergencia de 2021 que investiga el juez. La consejera de Hacienda defiende que “no deberían llamarse adendas”. “Adenda no es el nombre más adecuado, no es una adenda en sí, es una mal llamada adenda. Es un documento para poder pagar los servicios prestados durante los contratos de emergencia, terminaron en mayo de 2023, un par de meses antes de que se diera por finalizada la emergencia sanitaria, es simplemente un documento para que informativamente se pueda realizar el pago conforme a los servicios ya realizados”, ha explicado.
Los documentos que obran en manos del juez, firmados por la actual gerente del SAS, son adendas con “modificaciones” al alza del presupuesto ya asignado a hospitales privados. Todas las adendas reproducen la misma cláusula del contrato a dedo con cada empresa que hacen difícil entender por qué la Junta corrigió en julio de 2024 la facturación de un contrato que, en teoría, se había ejecutado antes de mayo de 2023.
La cláusula dice: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ”Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos“; el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones, que, en su caso, puedan corresponder”. Según esto, en el 80% de ejecución del contrato debió saltar una alerta para advertir al SAS de que el presupuesto estaba próximo a agotarse y, posiblemente, sería necesario modificarlo al alza (como finalmente ocurrió).