El Gobierno andaluz destinó en 2021 cinco millones de euros, que habían sido asignados en los Presupuestos a las ayudas a la escolarización de menores de hasta tres años, a financiar las obras del estadio de La Cartuja, cuya contratación está siendo investigada por la UCO de la Guardia Civil, en el marco de la investigación a Luis Rubiales y otros dirigentes de la Federación Española de Fútbol (RFEF).
Ese dinero estaba inicialmente reservado para subvencionar los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa y de comedor. El desvío de esta partida del presupuesto andaluz, ejecutado mediante una transferencia de crédito aprobada en un Consejo de Gobierno extraordinario en mayo de aquel año, provocó en su día las protestas de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que lo calificó de “escandaloso e indecente”.
Todo se hizo con mucha celeridad. El mismo día que aprobó la modificación presupuestaria el Gobierno andaluz articuló una “subvención excepcional” de más de 4,9 millones de euros a la sociedad que gestiona el estadio de La Cartuja (ECCSA). El objetivo era realizar las obras necesarias para acondicionar el estadio a la disputa de varios partidos de la Eurocopa 2020, celebrada en 2021 (por la pandemia) en varias ciudades europeas.
El día siguiente a recibir la subvención, ECCSA planteó la necesidad de conveniar los contratos con la RFEF, según ha adelantado El Correo de Andalucía. Fuentes de la Junta de Andalucía (presente en el Consejo de Administración de ECCSA) aseguran que ese convenio fue meramente técnico, sin contraprestación económica, para la determinación de las obras de adaptación necesarias.
Sin embargo, las obras de adaptación ya aparecen reseñadas en la memoria justificativa de la modificación presupuestaria, fechada el 3 de mayo. Por tanto, con anterioridad al supuesto convenio, que Rubiales hasta ahora se ha negado a aportar a pesar de haber sido requerido por Transparencia. Fue ECCSA quien licitó posteriormente los contratos, una treintena, y no la Federación.
Aunque la transferencia de crédito fue autorizada por 5,4 millones de euros, finalmente el importe destinado por el Gobierno andaluz a las obras de La Cartuja fue de 4.956.000 euros. En el expediente, el propio Ejecutivo autonómico admitía que no era descartable que fuese necesario para la función prevista (las escuelas infantiles), pero consideraba “prioritario e imprescindible destinar en este momento dicha cantidad” a mejorar el estadio. El documento del Consejo de Gobierno establece que la operación de transferencia de créditos se acomete “por razón de interés público y social”.
Al menos 900.000 euros (en dos contratos) acabaron en Gruconsa, mediante una contratación que ahora está en el punto de mira de los investigadores, que este miércoles registraron la sede de la Federación y la vivienda de Luis Rubiales (que está en República Dominicana) y arrestaron a varias personas de su confianza, entre ellos Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la RFEF y antiguo hombre de confianza de Rubiales; José Javier Giménez, jefe de Personal de la RFEF; y Pedro González Segura, director de servicios jurídicos. El hermano de este último, Ángel, ejerce como directivo de Gruconsa. Se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
La transferencia de las ayudas al pago de guarderías a la reforma de La Cartuja fue aprobada el 4 de mayo de 2021 en Consejo de Gobierno extraordinario, con ese punto como único orden del día, y celebrado a continuación del Consejo de Gobierno ordinario. La modificación presupuestaria no se incluyó en la relación de asuntos destacados ni en el orden del día que se remite a los medios de comunicación, aunque la documentación (y el orden del día del Consejo extraordinario) sí se incorporó posteriormente a la relación de asuntos tratados que puede consultarse en la web.
En esa documentación se incluye memoria justificativa, y los informes favorables de la Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica y de la Intervención General. El motivo de la modificación, aprobada por la vía de urgencia, era la celebración del evento futbolístico apenas a un mes vista. Tras las restricciones del Gobierno vasco a causa de la pandemia y la rescisión del contrato que la UEFA tenía con el Estadio de San Mamés en Bilbao, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió el 23 de abril que Sevilla y La Cartuja fueran la sede española en la Eurocopa que se celebró del 11 de junio al 11 de julio de 2021, y había que darse prisa para tenerlo todo listo, se razonaba.
“Debe ser subrayada la importancia que supondría para la Marca Andalucía la celebración de los partidos de la UEFA EURO 2020 en el Estadio de la Cartuja, que serán seguidos en más de 150 países, reafirmando de esta manera la capacidad que ostenta el Estadio de La Cartuja para acoger grandes eventos deportivos”, decía la memoria justificativa.
La Cartuja acogió tres partidos de la fase de grupos (los tres que disputó España) y uno de octavos de final. La Junta de Andalucía preveía un retorno de 215 millones de euros, calculando que asistirían a los partidos unas 16.000 personas. Finalmente, la asistencia quedó rebajada a 12.517 aficionados, teóricamente con mascarilla y cumpliendo la distancia de seguridad, en el España-Suecia; y a 11.742 en el España-Polonia y en el España-Eslovaquia.
La decisión del Gobierno andaluz causó estupor al sector de las escuelas infantiles, ya muy golpeado por la pandemia. Consejería de Educación y Deporte explicó que los fondos se extraían “de una partida presupuestaria disponible” y garantizó que “sería recuperada, en el caso que fuese necesario, con otra liberación de crédito”. “En definitiva, una redistribución de los recursos en función de las necesidades”, explicaron a este medio, insistiendo en la legalidad de la operación, un “procedimiento habitual” en cualquier administración que no suponía una merma en la financiación.
Este argumento no convenció a la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), que calificó de “escandaloso e indecente” el trasvase de dinero. Desde hace años, las escuelas infantiles denuncian una presión económica creciente debido a la desocupación de plazas por la baja natalidad. En aquel entonces se sumaba la pandemia. Meses antes, habían solicitado una subvención excepcional para el mantenimiento de la red de centros, “que lo están pasando bastante mal”, y la Junta la denegó, según explicó el presidente de la entidad José Luis Victorio.
“Se han tenido que endeudar para sobrevivir en la pandemia porque las ayudas de la Junta no cubrían, ni de lejos, los costes laborales y de mantenimiento de los centros”, denunciaba el comunicado de CEI-A, que también subrayaba los “los continuos retrasos” en los pagos de la Junta de Andalucía a las escuelas infantiles por diferentes conceptos.
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