El Gobierno andaluz exime por escrito al profesorado de la responsabilidad de contagios en la escuela: “En ningún caso será achacable al centro”

“La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus equipos directivos”. La Consejería de Educación del Gobierno de Andalucía ha garantizado por escrito a los profesores de su comunidad que no estarán expuestos a la posible denuncia de unos padres, en caso de que su hijo se contagie de coronavirus en la escuela. “En primer lugar, habría que determinar, supuesto muy difícil, dónde se contagió la persona en cuestión, a lo que habría que añadir que el riesgo cero, como así señalan todas las autoridades y expertos en la materia, no existe”, dice el escrito de Respuestas a las dudas y cuestiones planteadas por la comunidad educativa, elaborado y difundido este miércoles por la Viceconsejería de Educación andaluza.

Se trata de un documento que no tiene carácter legislativo, no es una orden ni un decreto ni unas instrucciones dirigidas a los centros educativos. Es un compendio de 317 preguntas concretas, “muchas recurrentes y reiteradas”, que el profesado andaluz ha remitido al departamento de Javier Imbroda ante la creciente incertidumbre que está afectando a la comunidad educativa ante el inicio del próximo curso académico y las medidas de seguridad previstas contra la covid-19. La consejería las ha agrupado en 91 preguntas y respuestas, resumidas luego en un catálogo de directrices muy genéricas.

El profesorado y los equipos directivos están obligados a remitirse a la normativa vigente. La autonomía pedagógica y de organización es de ellos, y la brújula para preparar la reapertura de las aulas ante la pandemia es el “protocolo de actuación covid-19”, un documento que deben preparar obligatoriamente todas las escuelas, adaptando las medidas de seguridad y las recomendaciones de las autoridades sanitarias recogidas en las instrucciones de Educación del pasado 6 de julio. Esa es la norma a seguir. Sin embargo, es la misma norma que ha puesto nerviosos a muchos docentes, la que ha inspirado escritos de docenas de colegios de Sevilla anunciando que no pueden garantizar la seguridad de sus alumnos ante el virus, e incluso de algún centro cuyo equipo directivo ha dimitido en bloque.

Esa inquietud es la que justifica la primera de las 91 preguntas que recoge este documento: “¿La elaboración del protocolo siguiendo el modelo proporcionado da garantías a los directores sobre su responsabilidad en caso de contagio en el centro?” La consejería garantiza por escrito que la elaboración del protocolo anti covid “es lo que da seguridad jurídica a los centros, equipos directivos y profesorado en general, así como cualquier otro miembro de la comunidad que intervenga en el mismo”. Fuentes jurídicas consultadas matizan esta aclaración y aseguran que “no es blanco o negro”: “La dirección de un centro educativo, o un profesor en particular, puede ser responsable civil subsidiario de lo que ocurre dentro de esa escuela, como ha ocurrido en el pasado con casos de violencia escolar en un aula, o con un accidente de alumnos, en el que un centro o un docente ha acabado denunciado. En esos casos, es la Consejería de Educación la que representa gratuitamente los derechos legales de esa escuela, porque la denuncia también va dirigida a ella como institución”.

El pasado junio, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado que otorga a los docentes andaluces la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad y que garantizará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado de los centros públicos. La norma aún no está en vigor.

Con todo, aunque no tenga rango normativo, el documento de preguntas y respuestas de la Consejería de Educación sí parece un compromiso político para arropar a la plantilla docente, garantizar su seguridad jurídica y tranquilizar al colectivo de cara al próximo curso. “Ante la sospecha de un contagio o la existencia de alguno, la responsabilidad de la dirección de los centros se limita a la comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las pautas que ésta determine”, concluye el texto.

En la presentación del documento, Imbroda ha confirmado que en el inicio del curso, a partir del 1 de septiembre, se le realizará el test para detectar el coronavirus a los 143.000 trabajadores de la enseñanza pública y concertada (profesores y personal de administración), y que la Consejería de Salud proveerá a Educación con una partida de tres millones de mascarillas y 130.000 litros de gel hidrológico mensuales, que serán redistribuidos por todas las escuelas de Andalucía.