La escuela privada concertada nació en la década de los ochenta, financiada con fondos públicos, cuando España carecía de instalaciones escolares y profesores suficientes para cubrir las necesidades educativas de una población en crecimiento vertiginoso. Cuarenta años después, el primer Gobierno andaluz de centro derecha va a explotar el mismo modelo para cubrir un déficit endémico de plazas públicas en la Formación Profesional, una etapa que en los últimos diez años ha dejado fuera a entre 30.000 y 40.000 estudiantes cada curso académico.
El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha heredado de la anterior etapa socialista ese problema, ya convertido en tendencia, porque los alumnos de FP siguen aumentando, mientras que los de Bachillerato retroceden o se estancan. Para cubrir ese déficit de plazas, la Junta empezó ya el pasado curso a financiar con fondos públicos institutos privados que ofertan ciclos formativos de grado medio de FP. Ahora, la Consejería de Educación ha introducido por primera vez esta etapa en la orden de conciertos, permitiendo a los institutos acogerse a esta subvención “con prioridad” respecto al Bachillerato. Es la primera vez que se establecen prioridades para concertar enseñanzas post obligatorias, hasta ahora nunca había ocurrido “porque la red concertada en post obligatoria no crecía”, confirman fuentes de Educación.
Sobre la concertación de enseñanzas de Bachillerato y de FP se tendrán en cuenta los siguientes criterios por orden de prioridad: la transformación de unidades concertadas de Bachillerato o de Formación Profesional con bajas tasas de empleabilidad en unidades de FP con alta demanda en el mercado laboral; la transformación de la modalidad en las unidades de Bachillerato para adaptarla a la demanda del alumnado; en la concertación de nuevas unidades de FP de Grado Superior, los ciclos que presenten un alto índice de empleabilidad y sean impartidos por centros que tengan concertados ciclos formativos de Grado Medio de la misma familia profesional. En la concertación de nuevas unidades de Bachillerato, los centros que tengan concertada la Secundaria y estén impartiendo Bachillerato en el presente curso escolar.
En la actualidad, Andalucía tiene concertadas 953 unidades de Educación Especial, 102 unidades de Programas de Transición de Vida Adulta, 2.077 de segundo ciclo de Infantil, 4.502 en Primaria, 2.974 en ESO, 260 en Bachillerato, 595 en Grado medio, 257 en Grado Superior y 218 en FP Básica.
Desequilibrio oferta-demanda
El PSOE andaluz ha sido muy crítico con la decisión de concertar las etapas postobligatorias, porque considera que “se desmantela la FP pública al centrarse en la privada como negocio para la educación”, y reprocha que “la única alternativa sea la de pagar 6.000 euros para pagar una educación privada”.
El mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda se produce en la FP de grado medio, que representa la alternativa natural al Bachillerato. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la gran recesión que provocó la crisis financiera de 2008 empujó a la cola del paro a miles de jóvenes que habían abandonado prematuramente sus estudios para incorporarse a un trabajo poco cualificado, pero bien pagado. El camino de regreso de todos esos jóvenes -y no tan jóvenes- engordó la demanda de plazas de FP muy por encima de la oferta existente, que desbordó año tras año las previsiones del anterior Gobierno socialista.
Entre 2009 y 2017, los años más duros de la crisis, la oferta de plazas de FP apenas aumentó en Andalucía, mientras que la demanda se disparó a cotas sin precedentes hasta entonces. De media, entre un 34 y 44% de inscritos en cursos de FP se quedó sin estudiar por falta de plazas, entre 30.000 y 40.000 aspirantes (una horquilla que ha disminuido en la actualidad), según datos de la Consejería de Educación. En el curso 2017-2018, el desequilibrio entre oferta y demanda tocó techo, cuando el 44% de los alumnos andaluces que intentó matricularse no pudo hacerlo por falta de plazas, tanto en ciclos formativos de grado medio, como en grado superior.
Ante la imposibilidad de dar respuesta a la enorme demanda, el Gobierno de Susana Díaz intentó ese año disuadir a los solicitantes modificando la orden que regulaba los criterios de acceso a FP, introduciendo nuevos requisitos de selección entre los demandantes, para primar a los jóvenes que llegaban desde la etapa inferior (Secundaria o Bachillerato) frente a la avalancha de parados que buscaban reciclarse. Muchos desempleados habían acudido a la FP por falta de expectativas laborales, pero también respondieron a la llamada del Gobierno andaluz, que fue incapaz de hacer frente a la demanda sobrevenida de plazas. Los sindicatos de la enseñanza llevaban años denunciando el déficit endémico de la oferta de FP, y los partidos que entonces formaban parte de la oposición -PP, Ciudadanos, Podemos e IU- coincidían en la gravedad de la situación.
Prioridad de FP sobre Bachillerato
La orden que abre el procedimiento para que los centros escolares privados renueven o soliciten sus conciertos para los próximos cuatro (Secundaria) o seis años (Primaria) se ha publicado este lunes en el BOJA. El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha explicado que se “priorizará la concertación de ciclos formativos de Grado Medio y de FP Básica, especialmente de aquellos con altos índices de empleabilidad con el objetivo de contribuir a disminuir las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, así como preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida”.
También tendrán prioridad las solicitudes de los centros que impartan los ciclos formativos de Formación Profesional Básica que tengan concertada la ESO, ciclos formativos de grado medio de la misma familia profesional, que impartan la FP Básica en horario de mañana y aquellos ciclos de FP Básica que estén dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales.
La FP Básica es un itinerario formativo, escindido de la ESO, que creó la llamada ley Wert, muy criticado entonces por los grupos de izquierda porque consideraba que “segregaba al alumnado bueno del malo”. Se trata de un ciclo de dos años exclusivo para alumnos con dificultades de aprendizaje al que se accede con 14 años (sin título de Secundaria), y que vino a sustituir a los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial). Está orientado a la incorporación temprana al mercado laboral, y ofrece pocas posibilidades de sacarse el graduado escolar (el título más básico del sistema educativo) o de acceder a un ciclo de FP de grado medio.
La otra cara del déficit de plazas en la FP está en la progresiva pérdida de alumnos matriculados en Bachillerato y la falta de expectativas laborales que sobrevuela sobre las universidades de esta comunidad. Andalucía tiene diez universidades públicas (más una privada) de las que cada año salen 37.000 egresados. La mayoría de ellos no encuentra la puerta al mercado laboral y un tercio termina aceptando empleos infracualificados, según se desprende del último informe publicado por la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo), que preside Ana Botín.
El dossier Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica 2019 compara a los universitarios de las 17 comunidades y concluye que los andaluces son los que más dificultad afrontan para encontrar trabajo, los egresados de grado son los de menor tasa de afiliación a la Seguridad Social del país, los segundos con menor proporción de contratos indefinidos y los terceros con trabajo a tiempo completo.
Andalucía, con la ley Celaá
La Junta ha publicado este lunes en el BOJA la orden que recoge las normas de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria, Bachillerato y FP desde el año académico 2021/22 hasta el 2024/25. Andalucía, al contrario que el Gobierno de PP y Cs en la comunidad de Madrid, no ha exprimido los últimos días en vigor de la LOMCE -legislación educativa del gabinete de Mariano Rajoy- para alargar la vigencia de los conciertos educativos hasta los diez años, como anunció hace unos días la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La LOE, ley educativa del Ejecutivo de Zapatero, dejaba en manos del Gobierno establecer los plazos de los conciertos: se fijó un tope de cuatro años para la ESO y seis para Primaria. La LOMCE cambió ese sistema y delegó en las comunidades la potestad de decidir el periodo máximo de duración de los conciertos.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, con Ciudadanos al frente del departamento de Educación, ha mantenido los plazos que estableció el Gobierno socialista, a pesar de su rotunda crítica pública a la llamada ley Celaá. La nueva legislación educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez será previsiblemente ratificada por el Senado este miércoles y entrará en vigor de inmediato. En cuanto a los conciertos, esta norma recupera el criterio anterior de la LOE: será un Real Decreto el que desarrolle la ley y establezca los plazos de la subvención, que previsiblemente volverán a ser cuatro años para la ESO y seis para Primaria. Respecto a la etapa Infantil, la nueva norma vuelve a atribuirle un carácter educativo -el PP la consideraba un ciclo “asistencial”- y la duración de los conciertos en el segundo ciclo (de 3 a 6 años) dependerá de la negociación con el sector.