“Los contratos de emergencia eran la única opción”. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha justificado este martes la continuidad del sistema de contratación a dedo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante todo el ejercicio 2021, por un montante de casi 300 millones de euros a empresas privadas, ignorando el criterio de sus propios interventores.
La Intervención Central del SAS, en un informe definitivo “desfavorable” sobre el control de los contratos de emergencia de 2021, censura a la Junta por abusar de las adjudicaciones a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva para obras, servicios y compra de suministros a empresas ligadas al sector sanitario: 3.669 expedientes que movilizaron aquel año 296,3 millones de euros. La muestra que analizan los auditores es sobre 126 expedientes, con un presupuesto de 56,6 millones, el 19% del total.
El informe, revelado por este periódico, concluye que la Consejería de Salud hizo un uso “indebido” y “sin justificación alguna” de los contratos a dedo en 2021, amparándose en el marco legal extraordinario de la pandemia cuando ya estaba derogado, y saltándose una decena de artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. Se han “producido incorrecciones significativas y reiteradas en el tiempo”, sostiene.
Este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha defendido esos contratos con los mismos argumentos que ya utiliza la Dirección Gerente del SAS en sus alegaciones al informe provisional de la Intervención, que fueron tumbadas en la práctica totalidad en el informe definitivo.
“Hay que ponerse en el momento. Estamos hablando de 2021. La Covid estaba en una situación muy complicada, lo importante en 2021 era salvar vidas, por eso se actuó de urgencia”, ha asegurado la consejera.
El informe, sin embargo, rechaza categóricamente que la pandemia sirva como excusa al SAS para prorrogar los contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia durante todo 2021, aunque en realidad la Junta siguió haciéndolo después de recibir las primeras advertencias de la Intervención: al menos hasta el verano de 2023, como adelantó este periódico en marzo de aquel año.
El órgano que fiscaliza las cuentas de la Consejería de Salud rechaza de plano la justificación de la crisis sanitaria en 2021 y del impacto que aún tenía en la capacidad de respuesta de las administraciones. Lo hace restando importancia a la incidencia de la pandemia a esas alturas, pero sobre todo, remarcando que la Junta hizo un uso extemporáneo de la legislación Covid -ya derogada- y una interpretación forzosa de la Ley de Contratos del Sector Público, vulnerando varios de sus artículos.
“La pandemia ya estaba muy atemperada” en 2021, subraya el informe, era más “previsible” que en 2020 y, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. Y sobre todo porque, en mayo de aquel año, el Gobierno central ya había derogado el marco legal excepcional que habilitó durante lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria.
Los interventores del SAS consideran que el estado de alarma en ese momento ya no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones millonarias sin publicidad ni concurrencia.
El SAS presentó alegaciones a todas estas críticas, ya recogidas en el informe provisional de la Intervención del que fue advertido el 15 de marzo de 2023, pero los auditores desecharon sus argumentos, tildándoles en algunos casos de meros “juicios de valor”. La portavoz de la Junta ha reiterado algunas de esas alegaciones, y además ha asegurado algo que contradice el citado informe: “Hemos puesto en marcha todas las recomendaciones de la Intervención”, ha dicho España.
Sin embargo, el trabajo de los auditores recoge también el informe del “grado cumplimiento de las recomendaciones” que la Intervención remitió a la dirección gerente del SAS en un informe previo, correspondiente a los contratos de emergencia de 2020, y concluye que ninguna de esas medidas para corregir deficiencias en la gestión había sido implantada.
La Intervención reprocha al SAS, de hecho, que le respondiera tarde y de manera “claramente extemporánea” –el 15 de mayo de 2023– con un informe sobre “el grado de implantación de las recomendaciones” que el órgano fiscalizador mucho antes. La respuesta del SAS llega “pocos días después del vencimiento del plazo legal de seis meses” desde que recibió las recomendaciones. “A pesar de lo extemporáneo de su remisión”, la Intervención analiza si se han cumplido y resuelve que todas las medidas propuestas, excepto una, “no están implantadas”.
Preguntada por este medio sobre la contradicción entre los argumentos en defensa de los contratos a dedo que esgrime la Junta y las críticas a esos mismos argumentos que aparecen en el informe de la Intervención, la consejera portavoz ha respondido: “Usted está muy preocupado por ese informe, nosotros estábamos preocupados por salvar vidas, intentamos solventarlo como mejor pudimos, con contratos de emergencia y urgencia porque era la única opción”.
El domingo 12 de marzo de 2023, elDiario.es publicó en exclusiva que el SAS llevaba dos años adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas –para derivar a pacientes en lista de espera– amparándose en el marco legal de la pandemia ya derogado.
El expediente inicial de esos contratos –Expediente 110/2021– es uno de los analizados y duramente cuestionados en el informe de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021.
El lunes 13 de marzo de 2023, este periódico publicó una nueva entrega: Los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas llegan a junio de 2023 con un gasto de 243 millones. El presupuesto inicial de ese expediente era de 70 millones de euros en adjudicaciones a dedo, pero Salud prorrogó esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con sucesivas adendas de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023.
El SAS reconoció entonces que había autorizado dos nuevas resoluciones de prórroga a finales de 2022 extendiendo la contratación de emergencia con la sanidad privada durante dos años y medio hasta ese momento.
El martes 14 de marzo, 24 horas después de la publicación de la noticia en este periódico, el Ejecutivo de Moreno anunció la cancelación de los contratos de emergencia y y aseguró que el SAS volvería a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia, a partir del 30 de junio de 2023, cuando expiraba la última prórroga de los contratos a dedo. “El objetivo es que no se sigan prorrogando” [los contratos de emergencia], confirmó el entonces portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno.
Ese mismo martes 14 de marzo, confirman fuentes del SAS, la interventora del Servicio Andaluz de Salud remite por escrito a la dirección gerente “una puesta en conocimiento previa a la emisión del informe provisional” sobre los contratos a dedo durante el ejercicio 2021. Ese escrito es una advertencia previa al SAS de que va a recibir un informe desfavorable, que incluye incumplimientos de la normativa o “salvedades de especial relevancia”. Es como una señal de alerta, que está regulada en el apartado Decimoctavo de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
A partir de ahí, el SAS está en sobreaviso sobre los reparos de la Intervención, que finalmente le llegan en el informe provisional sobre los contratos a dedo de 2021, y que está fechado el 12 de junio de 2023 (aún con los contratos de emergencia con clínicas privadas en vigor). El SAS presenta alegaciones que son tumbadas por la Intervención y el órgano fiscal reitera todas sus críticas contra el abuso de los contratos de emergencia en el informe definitivo, que la interventora adjunta firma el 21 de noviembre, pero la dirección gerente no lo recepciona hasta el 14 de diciembre de 2023, confirman fuentes de la consejería.
El Gobierno andaluz ha defendido este martes el sistema de contratación a dedo en 2021, que el PSOE lleva año y medio denunciando como un “coladero” de irregularidades y amagando con presentar una denuncia en los juzgados. Fuentes del Ejecutivo de Moreno han recordado que, antes que la Intervención, la Cámara de Cuentas emitió un informe favorable sobre los contratos a dedo del SAS.
Sin embargo, ese informe versa sobre los contratos de emergencia de 2020, el primer año de la pandemia, sobre el que también hay una auditoría favorable de la Intervención, con algunas reservas notables, a saber: que el SAS usó un tercio de sus contratos a dedo aquel año para solventar necesidades previas a la pandemia, con una “defectuosa planificación”.
La Junta obvia, más allá de las consideraciones sobre si la pandemia estaba fuerte o no en 2021, que la Intervención reprocha al SAS el uso que hace de la Ley de Contratos Públicos. “La indebida tramitación mediante procedimiento de emergencia en aquellos expedientes en los que no se justifica la imposibilidad de acudir a otros procedimientos ordinarios o no se limitan las actuaciones al tiempo estrictamente indispensable para solventar la situación de riesgo, ha supuesto [para la Junta de Andalucía] la no comprobación por parte del órgano gestor de las condiciones de aptitud (artículos 65 y 66 LCSP) capacidad (artículo 84 LCSP) y no concurrencia de prohibiciones de contratar (artículos 71 a 73) solvencia económica y técnica (artículos 74 a 83), cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social exigibles a cualquier adjudicatario de contratos”, reza el documento.
El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo para sustituir el control previo de determinados gastos, órganos y servicios de la Administración –incluido los contratos a dedo del SAS– por el control financiero permanente, con objeto de ganar agilidad en la contratación.
Es decir, siete meses después de declararse oficialmente la pandemia, la Intervención de la Junta pasó de supervisar y autorizar cada expediente de gasto a priori –antes de que se librase el dinero– por “una auditoría de cumplimiento de carácter anual”, esto es, comprobar a posteriori que los contratos se habían hecho con arreglo a la legislación vigente y plasmarlo en un informe.
Hace unas semanas, el Ejecutivo andaluz ha autorizado una nueva ampliación del uso del control financiero permanente sobre otro tipo de gastos de la Administración, relegando la fiscalización previa. Esto, que depende directamente de la Consejería de Hacienda, se lo han planteado hoy los periodistas a la titular de este departamento. Es decir, si dado el demoledor informe que la Intervención ha realizado a posteriori sobre los contratos a dedo del SAS, cabría replantearse el control financiero permanente.
España ha respondido “desconozco el tema, yo no estaba en el año 20”, en relación al acuerdo de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control permanente, aunque posterior y recientemente se ha ampliado dicho sistema sobre otros gastos y departamentos de la Junta, ya bajo su mandato. La consejera sí ha recalcado que la fiscalización a posterior es una “necesidad imprescindible” cuando se trata de contratos de “urgencia”.
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